El 20 de enero de 1980 una bomba compuesta por seis kilos de goma 2 mató a cuatro personas en el País Vasco e hirió a cerca de una veintena en un bar de Alonsotegi (Vizcaya), propiedad de militantes del PNV frecuentado por nacionalistas. El atentado fue reivindicado por un grupo de ultraderecha asociado al Batallón Vasco Español sin que nadie haya sido nunca detenido o procesado por su autoría. El crimen sigue impune y la creencia de que nunca se investigó en realidad es firmemente compartida.
Treinta y seis años después los familiares de las víctimas luchan contra el olvido y la impunidad y alzan la voz para que se conozca y se asuma también esa parte de la reciente historia del País Vasco, vinculada a la violencia parapolicial y con frecuencia anulada por la mayor presencia del terrorismo de ETA.
Aldana 1980. Explosión de silencio. from BALEUKO on Vimeo.
El documental Aldana 1980. Explosión de silencio, estrenado esta semana con motivo del aniversario, recupera lo acontecido, lo contextualiza a través de periodistas y dirigentes políticos de la época y canaliza la indignación, frustración y resignación de damnificados y vecinos a través de cuarenta testimonios, algunos muy emotivos, de testigos que intercambian entre sí recuerdos y análisis. La cinta, de 68 minutos de duración, ha sido realizada con la ayuda del Gobierno vasco e instituciones vizcaínas, está dirigida por Iban González y es obra de la productora Baleuko.
Los inicios de la democracia fueron muy duros por el terror causado por ETA, pero también por las acciones de la extrema derecha enquistada en la policía del antiguo régimen que se resistía a dejar paso a los nuevos tiempos. Aquellos años llamados “de plomo” eclosionaron con gran virulencia en 1980 ante la llegada de las primeras elecciones al Parlamento Vasco. Aunque las distintas fuentes no se ponen de acuerdo en el número exacto, el año que inauguró la década fue el más cruel en la historia de ETA, con al menos 92 asesinatos con su firma, a los que hay que sumar 22 atribuidos a las fuerzas de ultraderecha.
"Cada semana teníamos tres atentados de promedio", recuerda en la película Carlos Garaikoetxea, entonces presidente del Consejo General Vasco, que asegura que se vivía “en el espanto permanente”. Una afirmación que corrobora el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, que cita que él incluso llevaba pistola aunque nunca llegó a utilizarla.
"PANORAMA DANTESCO"
El "bar de Garbi", como se llamaba al Aldana, era una conocida taberna del barrio emplazada en la carretera de Bilbao a Balmaseda, de fácil acceso. Su propietaria Garbiñe Zárate, gravemente herida en el atentado y ya fallecida, poseía unas fuertes convicciones nacionalistas y colgaba la ikurriña en su local, frecuentado por militantes y simpatizantes del PNV y de Herri Batasuna, pero también por toda clase de gente, vecinos del pueblo sin adscripción política y “hasta por la Guardia civil” según algunos testimonios.
Aquel 20 de enero, domingo ya, al filo de una de la madrugada explotó una bomba colocada junto a la puerta de entrada del establecimiento dentro de una caja rectangular de cartón. El artefacto, compuesto por seis kilos de goma-2 y un mecanismo de relojería, estaba dispuesto para estallar al levantarlo o moverlo y el explosivo fue activado involuntariamente por una de las víctimas, Liborio Arana Gómez, de 54 años, propietario de una vaquería y padre de seis hijos, cuyos restos quedaron esparcidos por las inmediaciones.
Junto a Arana murieron Manuel Santacoloma Velasco, de 57 años, viudo y con una hija, trabajador de una empresa del metal y afiliado a la CNT; así como el matrimonio de la vecina localidad de Sodupe formado por Pacífico Fica Zuloaga, de 39, que trabajaba en Explosivos Río Tinto, y María Paz Armiño, de 38. Ambos, militantes del PNV, tenían en común dos hijos, de 14 y 12 años. Entre los heridos se encontraba Andoni Mendoza, ex edil del PNV de Güeñes, que perdió una pierna.
Cuerpos destrozados, techos desplomados, muros derribados y gritos entre los escombros. “El panorama era dantesco, no me lo puedo quitar de la cabeza”, resume Juantxo Larrinaga, primo de Garbiñe Zárate. El actual lehendakari, Íñigo Urkullu, oriundo de Alonsotegi, también vivió aquel drama: “Yo estaba en la cama y me dirigí al bar. De primeras vi el edificio destrozado y sin pensarlo me metí dentro para ver si había alguien (…) Mientras retirábamos escombros toqué algo; la pierna de un cadáver”.
La tragedia adquiere mayor sufrimiento en boca de los hijos de las víctimas. María Eugenia Arana descubrió “las abarcas” de su padre en la escombrera generada y tuvo que recuperar los restos de su cuerpo mutilado, recogiendo “los trozos” que como consecuencia de la explosión habían quedado diseminados por los matorrales cercanos .
“Yo empecé a oír gritos; me desperté con los gritos, con mi abuelo gritando ‘¿los dos?, no puede ser…’”, explica Arantza Fica ante la atenta mirada de su hermano, Joseba, que concluye: “[Ahí] se acabó de repente la infancia como quien dice, de un día para otro”. Sus padres hicieron una parada en el bar de Garbi antes de volver a casa; nunca regresaron.
'CONTRA UNA IDEOLOGÍA'
El atentado fue reivindicado al día siguiente por una llamada telefónica al Diario Vasco en nombre de los GAE (Grupos Armados Españoles), que anunciaron un comunicado en el que poco después justificaban su acción como respuesta a las acciones de ETA. En su escrito, recogido en la crónica de Javier Angulo en El País, manifestaban que “tal y como prometimos, por cada miembro de las FOP [Fuerzas de Orden Público] o Guardia Civil caerán cuatro componentes de la izquierda abertzale”. E insistían en cuadruplicar la respuesta del ojo por ojo y diente por diente, al afirmar que “mientras en el País Vasco haya un solo foco de violencia pagaremos con la misma violencia cuatro veces. Luchamos por la unidad de España”.
A las víctimas, clientes habituales del establecimiento, se les vincula con el PNV y no con la izquierda abertzale. Los testimonios coinciden en señalar que los GAE atentaron contra una ideología. “Fue una ofensiva dirigida claramente contra el nacionalismo”, observa Garaikoetxea. “Fueron a castigar al pueblo por nacionalista”, apunta Iñaki Arana, hijo de Liborio, en referencia a que Barakaldo, municipio en el que se integraba Alonsotegi, estaba gobernado por el PNV.
El atentado causó una gran conmoción y originó una fuerte respuesta de rechazo que se trasladó a la calle y movilizó al vecindario de la comarca vizcaína de las Encartaciones. Se quiso convocar una huelga general que frenó el PNV y sustituyó por una colecta de un día de trabajo para ayudar a las víctimas.
Aunque en un primer momento algún medio de comunicación levantó dudas sobre la autoría, nadie duda de que fue obra de la extrema derecha ni de su conexión con la policía heredera del franquismo. Javier Angulo repara en que el trabajo fue hecho “por profesionales en el manejo de explosivos” y menciona el señalamiento del que había sido objeto el Aldana y, tal y cómo recogía en su artículo sobre el atentado, la existencia de una pintada de Fuerza Nueva en uno de los muros del caserón que albergaba el bar.
AMEDO AL FRENTE DEL CASO
El Gobierno central, presidido por Adolfo Suárez, reaccionó tras la bomba desde el Gobierno civil de Vizcaya, desde donde emitió una nota de prensa de respaldo a las instituciones democráticas y prometió “aislar a los asesinos” cuya acción pretendía “impedir el normal desarrollo constitucional y la realización pacífica de las elecciones al Parlamento Vasco”. El crimen, sin embargo, no llegó a esclarecerse.
Arzalluz, Garaikoetxea, Urkullu y Txema Montero, ex abogado de HB, recuerdan en el documental cómo naufragaron las investigaciones policiales. En realidad, dudan de que se llevaran a cabo y reflejan su impotencia ante lo ocurrido.
El propio Suárez envió a Bilbao el mismo día de la explosión al director general de Policia, José Saínz, con la misión de investigar el atentado, pero las pesquisas cayeron en manos de José Amedo, posteriormente condenado por su pertenencia al GAL. Más que investigar encubría, sospecha Montero, mientras Garaikoetxea recrea la paradoja de que el esclarecimiento del caso quedara en manos de uno de los principales artífices de la guerra sucia emanada de las cloacas del Estado. "Hicimos lo que pudimos pero era inútil (…) ¡Qué iba a hacer él en contra de sus compañeros!", mantiene Arzalluz.
La policía en Bilbao “estaba en sus manos”, según explica Angulo, y Amedo en vez de investigar interrogaba para sacar más información sobre los clientes del bar, a tenor de lo que cuentan algunas víctimas. Mientras, la dueña del Aldana, Garbiñe Zárate, no dejaba de recibir, tras el atentado, llamadas telefónicas amenazándola de muerte.
De aquellos interrogatorios considerados “duros” y “ofensivos” no queda rastro, como tampoco de los resultados de las pesquisas de la Brigada Regional de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. El año pasado una pregunta del diputado del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, puso al descubierto que en los archivos policiales de las FSE “no existe información que aporte datos relativos al esclarecimiento de los hechos “. Sólo constan, según recogía Europa Press, documentos que apoyan la concesión de ayudas a las víctimas del atentado.
Tampoco hay datos en las bases de la Ertzaintza. En una ocasión Montero trasladó al consejero vasco de Interior Luis María Retolaza una información que apuntaba a que policías adscritos a la Comisaría de la Policía Nacional de Baracaldo podrían estar detrás de los asesinatos pero su interlocutor le comunicó semanas después que “la pista no era suficiente” y no se siguió adelante.
“NUNCA SE INVESTIGÓ”
La opinión mayoritariamente expresada es que “no se investigó nunca” pese a que el caso se sobreseyó de manera oficial en el Juzgado tras la incoación de diligencias. Durante décadas el crimen apenas constituyó un recuerdo en la memoria de víctimas y afectados que cada año colocaban una ikurriña y una ofrenda de flores en el solar donde estuvo el Aldana. Ahora, cinco murales del pintor Carlos Baudilio - confeccionados por familiares, vecinos y la gente que se ha querido implicar en su realización- contribuyen también a que lo ocurrido no caiga en el olvido.
Hay que saber qué pasó, cómo pasó y por qué paso
La sensación de injusticia e impunidad prevalece a lo largo del documental, donde no hay ninguna voz que represente al Gobierno español o dé cuenta de cómo se comportaron entonces las instituciones estatales, nadie que opine o contradiga la conclusión a la que llega Urkullu: "Recibimos un trato inhumano una y otra vez de los poderes españoles, de la policía y también de Amedo".
Nadie durante estos 36 años ha ofrecido tampoco explicaciones a las víctimas ni les ha informado de ningún paso tendente a esclarecer la autoría del atentado. El lehendakari recuerda que son “la memoria, la verdad y la justicia” los pilares sobre los que se fundamenta el resarcimiento de los damnificados. La directora de Víctimas y Derechos Humanos de su Gobierno, Mónica Hernando, insiste en la idea de que para mirar hacia adelante “es fundamental “ conocer la verdad: “Hay que saber qué pasó, cómo pasó y por qué paso”.
Cualquier avance en esa dirección no tendría repercusión judicial porque el caso ha prescrito, se encarga de señalar Montero, que no duda en reseñar, sin embargo, el gran “valor histórico” que tendría el esclarecimiento de los asesinatos cometidos en enero de 1980.
Treinta y seis años después la herida sigue abierta en Alonsotegi.