Auge y caída de la 'mafia' del PP en Valencia

La detención este martes de Alfonso Rus y sus máximos colaboradores -y otros ex altos cargos del PP valenciano- en una macrorredada estaba cantada desde que uno de sus ahijados políticos, el exgerente de la empresa pública de mantenimiento Imelsa, Marcos Benavent, cayó en manos de la Justicia y decidió tirar de la manta.

Por alguna extraña razón, el hombre de los maletines del PP provincial, un "yonqui del dinero" -según sus propias palabras-, había grabado horas y horas de conversaciones comprometedoras -e incluso autoincriminatorias- que conservaba en su ordenador. Hace un año y medio su exsuegro entregó a una abogada de Esquerra Unida el disco duro con esas grabaciones, en venganza porque no había conseguido un contrato, y puso al juzgado número 19 de Valencia sobre la enésima trama de corrupción política en la Comunidad Valenciana.

El pasado mes de mayo, en la puerta del TSJ valenciano, el antiguo colaborador de Rus, reonvertido al hippismo y a la mística, recibió a los periodistas con los brazos abiertos y fue taxativo: "Voy a hacer mucho daño, el sistema está podrido, está montado así".

Pillaje en el poder

Las detenciones (24) y registros de este martes en diversos puntos de la Comunidad Valenciana marcan un nuevo hito en el ocaso del PPCV. De hecho, el derrumbe paulatino del que durante décadas fue el principal granero de votos del centro derecha en España está directamente vinculado a los escándalos y a los casos de pillaje en el ejercicio del poder.

Entre 1995 y 2002, durante los años en los que Eduardo Zaplana fue presidente, hubo algunas importantes investigaciones que precipitaron destituciones sonadas, como las de los exconsejeros Rafael Blasco por un turbio asunto de recalificaciones -luego restituido por Camps en sus gabinetes y ahora en la prisión-, la de Luis Fernando Cartagena -ahora en libertad con una tobillera magnética- por robar el dinero a unas monjas, o la del ex consejero de Sanidad Manuel Cervera por un asunto de concesiones.

La corrupción es la norma

Sin embargo, fue con Francisco Camps ya al frente de la Generalitat (2003-2011) cuando la opinión pública y las bases del partido descubrieron que la presencia de corruptos en altos puestos de responsabilidad, lejos de ser una excepción, era la norma en el PP de la Comunidad Valenciana. Paradójicamente, en esos años, los populares obtuvieron sus mejores resultados en Valencia "dopados" por los mítines fastuosos de El Bigotes y ayudados por una oposición principalmente ausente.

La imagen paradigmática de esa degeneración sistémica es la de la foto de familia del grupo parlamentario en 2011 heredado por Alberto Fabra, en la que una docena de los 55 diputados llegaron a estar imputados en distintos casos: la Gürtel, el caso de los trajes, el caso Brugal, el caso Cooperación, Nóos...

En algunos momentos han sido más de 100 el número total de implicados, entre altos cargos y concejales, lo que no ha impedido al PP seguir ganando elecciones, incluidas las generales de diciembre, por más que en los comicios de mayo una alianza entre PSOE y Compromís ha permitido a la izquierda arrebatar al PP la presidencia de la Generalitat, la Diputación de Valencia -que hasta ese momento presidió Alfonso Rus- y las alcaldías de las tres capitales.

Los grilletes y el PP

Las últimas detenciones confirman que pese a los esfuerzos notables de Isabel Bonig y Vicente Betoret (presidenta regional y máximo responsable provincial del partido en Valencia) por limpiar a fondo las sentinas del PP, siguen siendo los fiscales, los jueces y las fuerzas del orden quienes marcan, a golpe de grilletes, la vida interna de esta formación.

Es tan injusto afirmar que todo el PP valenciano está corrompido como ingenuo ignorar que no se puede explicar la época dorada de este partido y de la Comunidad Valenciana, cuyas imágenes icónicas son las de Francisco Camps y Rita Barberá inaugurando la Copa América o conduciendo un Ferrari en el Circuito de Cheste, sin el protagonismo político y el poder omnímodo que ostentaron una auténtica cuerda de imputados.

Prisiones de Aranjuez y Picassent

Las causas que llevaron en 2014 al ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra a la prisión de Aranjuez (delitos fiscales), al exconsejero de Cooperación Rafael Blasco a la cárcel de Picassent (malversación de fondos al desarrollo), o por las que están siendo investigados el expresidente del Consell José Luis Olivas (Bankia y Banco de Valencia), el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (Brugal), la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo (varias causas), o los ex consejeros Vicente Rambla (Nóos), Víctor Campos (Nóos) y Milagrosa Martínez (Gürtel) -entre otros muchos- no guardan conexión.

Ni siquiera se puede afirmar que todos los dirigentes implicados en estos escándalos fueran aliados internos. Pero resulta complicado no pensar en una auténtica mafia al reparar en los inextricables lazos entre corrupción y política en el PPCV y en como unos unos y otros hicieron de su tirón electoral y del campismo una especie de seguro de impunidad.

El PPCV, lejos de ser una organización monolítica, ha estado estructurado en los tres bastiones provinciales más el de la ciudad de Valencia (controlado por Rita Barberá), en los que debía apoyarse el presidente regional.

Sin embargo, fue precisamente el cierre de filas con Francisco Camps en su guerra con Eduardo Zaplana lo que confirmó algunas baronías (Fabra en Castellón y Barberá en Valencia ciudad) o motivó el ascenso al poder, y por tanto un mayor control de las adjudicaciones públicas y más capacidad de imponer comisiones y cobrar mordidas, de otros dirigentes, como son los casos del ex alcalde de Xàtiva Alfonso Rus (sustituyó al zaplanista Fernando Giner como presidente de la Diputación de Valencia en 2007) o Sonia Castedo (nombrada alcaldesa de Alicante por su predecesor, el también imputado y campista Luis Díaz Alperi en 2008).

Cierre de filas con Camps

En plena campaña de 2003, convertido en candidato por obra y gracia de Eduardo Zaplana, Francisco Camps cambió de teléfono móvil y decidió no contestar las llamadas de su mentor. El entonces ministro de Trabajo controlaba el partido y tenía un grupo parlamentario fiel, pero su sucesor tenía la varita mágica del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, nombraba y cesaba, lo que fue declinando la balanza en su favor, sobre todo a partir de su segunda legislatura.

En la laminación del zaplanismo fue crucial, precisamente, una comida organizada por Alfonso Rus, ya como presidente de la Diputación de Valencia, y Rita Barberá en una céntrica marisquería de Valencia (Los Tres Mares). El momento es importante porque sentó las bases de una nueva parcelación en las estructuras de poder del partido y de la administración que explica la aparente impunidad con que se compartaron los hombres y mujeres fuertes de ese nuevo PP que tanto necesitaba Camps.

Ecosistema de corrupción

En Castellón, Carlos Fabra garantizó a Camps el apoyo de toda la provincia, que gestionaba desde 1995 como si fuera un cortijo. Los casos de corrupción en los que ha estado implicado o por los que ha sido denunciado son incontables pero, finalmente, el hombre al que lo tocó cinco veces la lotería ha entrado en la cárcel por fraude fiscal.

En la provincia de Valencia, Alfonso Rus y sus exvicepresidentes Juan José Medina (exalcalde de Moncada), Emilio Llopis (exalcalde de Genovés y su jefe de gabinete) y Máximo Caturla (exresponsable de las empresas públicas Egevalsa, Imelsa y Ciegsa -destinada a la construcción de colegios y en cuya sede un misterioso incendio devoró documentación clave para investigar las denuncias de sobrecostes y anteriormente número dos de la Consejería de Educación) aseguraron al presidente Camps el respaldo de los municipios de la provincia y el lleno total en los frecuentes actos de exaltación que le organizaban. En privado, sin embargo, hacían chistes sobre el presidente.

Sin apoyos reales

En Valencia ciudad, Rita Barberá y sus concejales -entre ellos Alfonso Novo (imputado), Alfonso Grau (imputado en Nóos), o María José Alcón (detenida y grabada por el arrepentido Benavent cuando éste le entregaba)- brindaban al presidente la sensación de fidelidad orgánica de la que carecía una vez salía de la ciudad.

Sus consejeros Rafael Blasco y Serafín Castellano (también imputado por prevaricación y cohecho por supuestas concesiones irregulares) se hacían imprescindibles a Camps a base de confabular por separado para recrear al presidente la impresión de responsabilidad, riesgo, audacia, adulación y autoconfianza que se presupone al ejercicio del poder.

En el partido, David Serra (detenido) y Ricardo Costa (imputado en la causa que investiga la presunta financiación irregular) eran los pequeños que hacían cuanto Camps les ordenaba, a veces, al menos en el caso de Costa, a cambio de promesas incumplidas de promoción en su Gobierno.

Ecosistema de corrupción

En Alicante, Fabra contó con el apoyo de Luis Díaz Alperi y más tarde de Sonia Castedo en oposición al zaplanista José Joaquín Ripoll, que luego cambió de bando. Rus y Blasco eran íntimos y se prodigaban con sus mujeres (Consuelo y Begoña) en restaurantes y en los toros, pero no podían ni ver a Serafín Castellano y a Carlos Fabra y desconfiaban de Rita Barberá, con quien luego harían piña para fastidiar a Alberto Fabra cuando intentó poner orden en el cortijo del PPCV.

En definitiva, se trataba de un ecosistema perfecto para asegurar a Francisco Camps una falsa atmósfera de liderazgo y lealtad a cambio de autonomía política total en sus respectivas corrales. Tan sólo tenían que representar sus papeles, hacer la pelota al presidente y alimentar su megalomanía.

En este ambiente a nadie puede extrañar ni la llegada a Valencia de la banda de Correa y Álvaro Pérez El Bigotes -un auténtico encantador de serpientes que cortejaba con regalos a las familias de los consellers- de la mano del propio Camps ni que la corrupción creciera como un hongo.

El terreno estaba perfectamente abonado para que los deshonestos y chorizos camparan a sus anchas pues lo único seguro es que el presidente nunca les pediría cuentas por nada, ni iniciaría investigaciones internas ante las frecuentes denuncias verosímiles de la oposición y pese a que el rumor de que para conseguir contratos públicos había que untar a los políticos era un clamor.

El gran apoyo de Rajoy en 2008

En las elecciones de 2007 Francisco Camps batió el record de la historia del PP en la Comunidad Valenciana al arrasar con el 54% de los sufragios (1.277.458 votos) y 54 diputados; cuatro años después conseguiría un escaño más pese a obtener un resultado ligeramente peor. Sin embargo, en las elecciones generales Mariano Rajoy sosechó su segunda derrota frente a Zapatero, lo que prendió la mecha de la contestación interna.

El apoyo de Camps y el PP valenciano en el Congreso de Valencia atornillaron a Rajoy en la cima del PP y coronaron a Francisco Camps como puntal del 'rajoyismo'. Del mismo modo que la corrupción rampante en las administraciones gestionadas por el PPCV resulta impensable sin sospechar que, como mínimo, Camps no hacía nada por evitarla, el espaldarazo decisivo del presidente valenciano a Rajoy explica la dejación de Génova pese al cúmulo de escándalos e investigaciones que, desde que en 2009 estalló el caso Gürtel, cercaban a su partido en Valencia.

El favor de De la Rúa

El entonces presidente del TSJCV Juan Luis de la Rúa hizo a Camps el favor de su vida al desligar el caso de los trajes (cohecho impropio pasivo) de la investigación de Gürtel. El presidente valenciano se sintió injustamente juzgado, lo que multiplicó exponencialmente su sentido de la presunción de inocencia cuando fiscales, policías y jueces señalaban al PP, de tal modo que exigir responsabilidades políticas ante una investigación o denunciar la corrupción en los periódicos se convirtió poco menos que un ataque a ojos del campismo.

Génova sustituyó a Camps por Alberto Fabra tan sólo dos meses después de las elecciones de mayo de 2011, lo que alimentó en el ya expresidente el sentimiento de agravio. Fabra llegó con la intención (más que la orden) de limpiar el PPCV. Sin embargo, no tuvo ningún apoyo real por parte de Génova, desbordada por las implicaciones de la trama Gürtel y los indicios de financiación ilegal.

Al frente de un grupo parlamentario trufado de imputados, sin capacidad práctica de movimiento y sin la legitimidad de haber ganado las elecciones, el deseo de Fabra de limpiar el partido estaba condenado de antemano al fracaso, entre otras razones, porque los principales sospechosos, ahora imputados o encarcelados, no dudaban en alimentar el victimismo de Camps para desestabilizar al nuevo inquilino del Palau de la Generalitat cada vez que éste pedía explicaciones ante cualquier sospecha.

Rus fue apartado del partido poco antes de las elecciones tras aparecer unas grabaciones en las que, presuntamente, contaba dinero. La alianza poselectoral de PSOE y Compromís forzó el relevo en la cúpula del PP. Isabel Bonig como presidenta regional y Vicente Betoret (también ahijado político de Rus) al frente del PP de la provincia de Valencia relegaron al papel de asesores a los exvicepresidentes de la Diputación detenidos. El problema es que nadie en el partido sabe dónde acabará esta investigación; hasta dónde llegará la riada. De lo que nadie duda ya es de que aquella época dorada ha acabado siendo la de los años de la vergüenza.