50 militantes del PP declararán por blanqueo con donaciones

Medio centenar de miembros del PP en la ciudad de Valencia, entre concejales, militantes y asesores, serán interrogados por la Guardia Civil que ha participado en la macrooperación contra la corrupción del partido desplegada el pasado martes. El objetivo es esclarecer si se estuvieron haciendo donaciones como forma de blanquear el dinero que se obtenía, por otro lado, de las supuestas comisiones o mordidas. El ‘modus operandi’, desvelado por El Mundo, consistiría en la petición de donaciones de hasta mil euros por cabeza para financiar la campaña electoral de los últimos comicios locales. El dinero donado por los militantes sería ‘repuesto’ después con dinero en metálico.

Uno de los pilares de esta forma de operar sería la secretaria del grupo popular municipal detenida, Mari Carmen García Fuster. De momento, la única detenida para quien el fiscal pidió prisión pero que fue finalmente puesta en libertad con cargos y con una fianza de 150.000 euros, no para evitar la prisión sino como garantía civil por si es condenada. Es sobre ella a quien los investigadores apuntan como la persona clave en la trama de supuesto blanqueo. El PP local la ha cesado como secretaria y asesora tras su arresto.

María Angels Ramón-Llin, la concejala popular en el Ayuntamiento que este jueves ha sustituido en el pleno al investigado (lo que antes se denominaba imputado) Alfonso Novo, el sucesor de Rita Barberá en el consistorio, ha admitido las donaciones pero no la devolución del importe en metálico. Llin ha calificado de “absolutamente normal” la aportación de mil euros que los ediles hicieron en campaña al partido. “Efectivamente, en un momento determinado de la campaña se aportaron mil euros y ya está, como algo absolutamente normal y que no tiene más trascendencia (…) No es una novedad, todos los miembros del grupo popular desde hace tiempo aportamos una cantidad de 60 euros mensual, creo que es una cuestión que se realiza por cualquier cargo público de cualquier formación política”, ha añadido en los pasillos del Ayuntamiento.

La edil ha negado rotundamente que posteriormente ese dinero se les devolviera en metálico. Un extremo que también ha negado la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig. De haber aportado los mil euros el medio centenar de personas que prestarán declaración, la suma de las donaciones bajo sospecha ascendería a 50.000 euros.

POSIBLE GESTORA PARA VALENCIA  

En el juzgado se interrogó este jueves a los 24 detenidos, pero hay otras cinco personas que han sido imputadas en el caso y que deben también pasar ante el juez del caso Imelsa. Entre ellas, el portavoz del PP en el Ayuntamiento y sucesor de Rita Barberá, Alfonso Novo, que ha sido suspendido de militancia pero que sigue siendo el presidente del PP local de Valencia (este jueves ha sido relegado como portavoz en el pleno del Ayuntamiento). Su situación tras el interrogatorio judicial será fundamental para decidir el futuro del PP en la ciudad. La presidenta regional del partido, Isabel Bonig, ha admitido este jueves que van a esperar a saber en qué situación se queda Novo porque se está estudiando la posibilidad de nombrar una gestora local si se mantiene como imputado y debe abandonar la presidencia del partido.

La presión que esta operación ha causado en el PP valenciano ha llevado a su presidenta, Isabel Bonig, a emular la estrategia que ya utilizó Mariano Rajoy al hablar de Bárcenas como una persona que se había aprovechado del partido. Bonig ha anunciado que van a interponer demandas civiles contra todos aquellos miembros del partido que hayan sido condenados en firme por corrupción para reclamar una indemnización civil por los “daños y perjuicios” causados a la imagen de la formación. La primera de ellas será el exconsejero valenciano Rafel Blasco, ahora en prisión, y que fue condenado en firme hace meses. “Todas estas personas condenadas por corrupción se han aprovechado del PP”, dijo.

LOS INTERROGATORIOS

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia tiene previsto acabar los interrogatorios de los 24 detenidos este jueves. Los últimos diez que faltaban por declarar han sido trasladados hasta los juzgados pasadas las tres de la tarde. Cuatro de ellos ya han sido puestos en libertad bajo una fianza pecuniaria (no carcelaria), como medida cautelar para garantizar el pago de las responsabilidades civiles a las que tendrían que hacer frente en caso de ser condenados, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Faltan por testificar –los otros seis están pasando por el juzgado esta tarde- el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, a quien la investigación sitúa en la cúspide de la trama sobre presuntos cobros de comisiones ilegales, y personas de su total confianza. Entre ellos, el quien fue jefe de la empresa pública CAGSA, Máximo Caturla, y otros dos arrestados considerados ambos como ‘mano derecha’ del expresidente de la Diputación de Valencia, Emilio Llopis y Juan José Medina.

FIANZAS DE CASI UN MILLÓN DE EUROS      

La de Rus fue la declaración más esperada después de que durante la jornada del miércoles desfilaran ante el juzgado de Instrucción 18 de Valencia 14 de los 24 detenidos en la macrorredada contra la corrupción del PP en Valencia. Todos ellos han quedado en libertad con cargos por la operación contra el amaño de contratos en las administraciones públicas. Cinco de ellos han debido hacer frente a fianzas como medida cautelar para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles en caso de resultar condenados en la causa. Las fianzas ascienden a casi un millón de euros en total y van desde los 15.000 euros al medio millón impuesto al exsuegro de Marcos Benavent, el quien fue gerente de la empresa pública Imelsa,  que da nombre al caso, y que durante años grabó las conversaciones que están ahora en manos del juez y donde se hablaría de las comisiones.

La primera de todas las detenidas en ser interrogada fue María José Alcón, la ex edil del Ayuntamiento de Valencia y una de las personas de confianza de la exalcaldesa y actual senadora, Rita Barberá. El magistrado decretó su libertas, el pago de una fianza de 150.000 euros y acordó además el embargo de bienes como medida cautelar. Alcón permanece imputada por presunta prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Ha sido otra de las personas a las que se considera como mano derecha de Barberá, la secretaria del PP en el Ayuntamiento, Carmen García Fuster, la única detenida a la que el fiscal ha pedido pena de prisión tras el interrogatorio. El juez no atendió la petición y la dejó en libertad. Sobre ella es sobre quien los investigadores apuntan como una persona clave en la trama por haber podido estar blanqueando las mordidas conseguidas por la trama de cobro de comisiones. El grupo municipal la ha cesado como secretaria y asesora tras su detención.

En total, el juzgado ha tomó declaración a 14 de los detenidos hasta la noche del miércoles y todos ellos mantienen la condición de investigados (imputados) en una causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.