Los diez pozos más oscuros del PP de Madrid

La Guardia Civil registró el pasado jueves la sede del PP de Madrid y precipitó la dimisión de Esperanza Aguirre. Con su entrada, los agentes buscaban pruebas de la financiación ilegal del partido y los pagos del empresario Javier López Madrid. La operación se precipitó tras las revelaciones de EL ESPAÑOL sobre la agenda oculta de Francisco Granados. El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid -en prisión preventiva por la operación Púnica- anotó en una contabilidad manuscrita hasta dos millones de euros en pagos ilegales. Según la Fiscalía Anticorrupción, parte del dinero fue a parar a manos de Granados. El resto sirvió presuntamente para financiar las campañas del PP de Madrid. Campañas que sirvieron para aupar a Esperanza Aguirre como presidenta autonómica.

No es la primera vez que las sospechas de financiación ilegal pesan sobre el PP de Madrid. Ni la primera vez que la Audiencia Nacional pone el foco sobre el partido autonómico. La formación ha sufrido peleas internas tan violentas como evidentes, espionajes entre sus miembros, casos de corrupción a distintas escalas e investigaciones judiciales que tienen como protagonistas a los dos hombres más cercanos a Esperanza Aguirre; Francisco Granados e Ignacio González. Esta vez, cercada por las dudas y mermada de poder por las urnas, la lideresa ha tomado la senda del adiós. Sin embargo, estos son los diez pozos más oscuros de su camino:

1) Las sospechas sobre Beltrán Gutiérrez

Las iniciales del empresario Javier López Madrid no son las únicas que aparecen en la contabilidad manuscrita de Francisco Granados. En el documento, incautado por la Guardia Civil durante los registros de la operación Púnica, figuran también las iniciales "B.G", atribuidas por David Marjaliza al ex gerente del Partido Popular en Madrid. El pasado jueves, la Guardia Civil registró la oficina que Beltrán Gutiérrez ocupa todavía en la primera planta de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. Los investigadores clonaron el ordenador y sus carpetas de correo en busca de pruebas sobre los pagos de López Madrid. Tal y como reveló EL ESPAÑOL, el responsable de la constructora OHL realizó diversos pagos para reformar la primera planta del edificio. Algo que los portavoces de la empresa controlada por Juan Miguel Villar Mir han negado en un comunicado.

2) La traición de Alberto López Viejo

La operación Gürtel supuso en 2009 el primer gran escándalo para la gestión política de Esperanza Aguirre. En su primera tanda, fueron tres los miembros del partido en Madrid que vieron su nombre en la lista de imputados. Al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, se sumó Guillermo Ortega, ex primer edil de Majadahonda, nombrado por Aguirre gerente del Mercado Puerta de Toledo. Por encima de ellos, apareció el nombre del Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo.

Tras confirmar su imputación en el caso, Aguirre destituyó a López Viejo. Pero no por su papel en los contratos investigados, sino por pérdida de confianza. Según la versión de Aguirre, ella dio orden expresa en 2004 para que sus hombres dejaran de contratar a las empresas vinculadas a Francisco Correa. López Viejo hizo caso omiso a su petición y siguió otorgando contratos a la Gürtel, que para facilitarlo cambió una de sus empresas de nombre. 

Lejos de arrojar una sola crítica sobre su gestión (la Comunidad de Madrid otorgó en total 367 contrato con distintas empresas investigadas), Aguirre aseguró en abril de 2010 en la Asamblea de Madrid que ella destapó la trama Gürtel. Nada más lejos de la realidad. La operación comenzó cuando un concejal díscolo del PP de Boadilla grabó a Francisco Correa durante meses y presentó después las cintas ante la Policía Nacional. En esas cintas, aparece de nuevo el nombre de Beltrán Gutiérrez. Según Correa, el ex gerente del PP de Madrid le pidió una comisión a cambio de dar luz verde a un dinero adeudado por el partido.

3) El perdón de Aguirre por la Púnica

Hubo que esperar hasta octubre de 2014 para escuchar una crítica sin paliativos a la corrupción del PP de Madrid por parte de Aguirre. El día 27 de ese mes, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid dio una rueda de prensa y pidió perdón por confiar en Francisco Granados como mano derecha. Pocos días antes, Granados era detenido como principal imputado en la trama Púnica. La operación de la Audiencia Nacional salpicaba además a otras 30 personas solo en su primera fase. Seis de ellos eran alcaldes madrileños, acusados de amañar contratos para una empresa de servicios públicos llamada Cofely.

La unión entre Granados y Aguirre fue prolífica durante años. Pero termina en un distanciamiento enconado. En una entrevista concedida desde prisión a EL ESPAÑOL, Granados acusó a su lideresa y compañera de partido de haberle utilizado "como a un kleenex".

4) Sobres con dinero entregados por Indra

La investigación de la trama Púnica arrojó una nueva sospecha sobre la financiación ilegal del PP de Madrid, esta vez de la mano del empresario Alejandro de Pedro. El experto en reputación online reconoció ante el juez que un responsable de la empresa de tecnología Indra, contratista de la Comunidad de Madrid, le entregó un sobre con 10.000 euros por trabajos realizados en realidad para el partido de Aguirre.

Los servicios de Alejandro De Pedro supusieron la imputación de otros dos responsables de la Comunidad de Madrid, esta vez bajo el mandato de Ignacio González. Lucía Figar -entonces consejera de Educación- y Salvador Victoria -consejero de Presidencia y mano derecha de González- vieron como la Audiencia Nacional les acusaba de utilizar dinero público para mejorar tanto su imagen personal como la del partido, a costa de las arcas públicas madrileñas.

5) El ático de Ignacio González

Un juzgado de Marbella mantiene abierta desde hace cuatro años la investigación sobre el ático de Ignacio González. El ex presidente de la Comunidad de Madrid compró una vivienda de lujo en la Costa del Sol valorada en 1.2 millones, aunque pagó por ella solo 775.000 euros. Sin embargo, la policía sospecha que la casa es en realidad la comisión para favorecer una operación inmobiliaria del empresario Fernando Martín, algo que se investiga en el seno de la trama Gürtel.

Sobre el papel, González y su mujer compraron el ático -con 257 metros cuadrados- a una sociedad panameña: una empresa pantalla controlada por un testaferro estadounidense llamado Rudy Valner. El financiero controla además parte de los negocios en Estados Unidos del productor español y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, socio de Fernando Martín en varias empresas y que intercedió para González ante el comisario José Manuel Villarejo, encargado de la investigación del ático. 

El diario El Mundo publicó las pruebas de que González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, se reunió con dos responsables policiales para intentar frenar la investigación sobre su residencia de lujo en la Costa del Sol.

6) El espionaje a Cobo y Prada

La guerra dentro del PP de Madrid se sustanció en los juzgados cuando dos hombres cercanos a Alberto Ruiz Gallardón -el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el consejero de Justicia, Alfredo Prada-, denunciaron ser objeto de seguimientos por parte de varios funcionarios dependientes de Francisco Granados. Las pruebas de los seguimientos, publicadas por el diario El País, señalaban a un grupo de funcionarios controlados por el ex inspector de policía Marcos Peña, contratado por Francisco Granados en 2008 como asesor de seguridad. Junto a él, fueron imputados tres agentes de la Guardia Civil que trabajaban bajo las órdenes de Peña en servicios especiales.

En noviembre del pasado año, la cadena Ser reveló varias grabaciones entre Francisco Granados y los principales imputados. En ellas, se refleja la promesa de Esperanza Aguirre de mantener a los guardias civiles implicados en su puesto como asesores de seguridad hasta que termine la legislatura, siempre que mantengan las directrices de defensa estipuladas por el partido. El mismo que incluso les procuraba defensa letrada.

El caso se trasladó también a la Asamblea de Madrid, donde los grupos de la oposición forzaron la apertura de una comisión de investigación. Sin embargo, en un parlamento controlado por el PP con mayoría absoluta, el proceso terminó sin conclusiones relevantes.

7) El portavoz autonómico, también imputado

La investigación del caso Gürtel avanzó de forma paralela a la gestión de gobierno de Esperanza Aguirre desde su estallido en 2009. Tanto que terminó imputado el portavoz del PP de Madrid en la Asamblea y presidente de la comisión de investigación sobre el caso de lo espías. Benjamín Martín Vasco, acusado de cobrar 300.000 euros de la constructora Martinsa por el mayor pelotazo urbanístico de la investigación.

Junto a él fue imputado Alfonso Bosch, diputado autonómico y gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla. Se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad documental. Pese a que fueron apartados del partido por Aguirre, tanto uno como otro mantuvieron su acta de diputado autonómico.

Las distintas fases del caso Gürtel salpicaron también a otros dos responsables autonómicos: José María Federico, imputado por su gestión al frente del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, y Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración con Aguirre.

8) El seguimiento a I. González en Colombia

Cobo y Prada no fueron los únicos espiados dentro del PP de Madrid. Ignacio González también fue objeto de seguimientos en esas mismas fechas (primavera de 2009). El hombre de confianza de Esperanza Aguirre fue seguido hasta Cartagena de Indias (Colombia) por una agencia de detectives. El vídeo que lo prueba fue publicado por la prensa, lo que supuso una denuncia por parte de González. 

Los investigadores encargados del caso pusieron en un primer momento el foco en la agencia de detectives Método 3, pero finalmente el juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, sentó en el banquillo a otros dos investigadores. Dos detectives llamados Julio Gutiez y Mariano Ortiz. En su escrito de transformación en procedimiento abreviado, Carretero reconoce que todavía no hay una identificación positiva sobre el cliente que encargó los espionajes.

9) Las sospechas sobre Fundescam

Desde el estallido de la trama Gürtel, las sospechas de financiación ilegal del PP de Madrid se han centrado también en una fundación afín. Una entidad llamada Fundescam y que según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, sirvió para abonar actos de campaña protagonizados por Esperanza Aguirre y burlar así el techo de gasto fijado por el Tribunal de Cuentas.

La documentación localizada en la sede de las empresas de Francisco Correa refleja que la facturación de los actos electorales contemplaba en muchos casos un concepto falsificado. En lugar de un acto de campaña facturado al PP, la empresa suministraba una factura distinta a los responsables de Fundescam. De hecho el Partido Popular, lejos de ser un perjudicado en este caso, ha sido considerado por la Audiencia Nacional "partícipe a título lucrativo". Por ello, la formación ha tenido que abonar una fianza civil de 254.000 euros.

10) Un reguero de alcaldes imputados

Además de los caídos por las grandes causas de corrupción, otros nombres bajo la batuta de Aguirre se han visto sentados en el banquillo por su gestión al frente de ayuntamientos madrileños: José Ignacio Fernández Rubio, alcalde de Las Rozas, Miriam rabaneda, Alcaldesa de Pinto, Luis Partida, de Villanueva de la cañada, Raúl López, de Coslada o Clara Torres, de Torres de la Alameda, terminaron su papel como alcaldes con causas judiciales abiertas.

Además, otros cuatro primeros ediles fueron detenidos en la trama Púnica: José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro, Agustín Juárez, de Collado Villalba, Gonzalo Cubas, de Torrejón de Velasco y David Rodríguez, de Casarrubuelos. En el momento de su detención, Aguirre se apresuró a declarar que su designación, lejos de corresponder a su mano, era cosa de los comités electorales locales.