“No lo sabía, no leo los informes ni los he leído nunca. (…) El proyecto era de 2.600 páginas, no hay ningún político que se los lea”. El quien fue durante años el número dos de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón, su vicepresidente Francisco Martínez –también exalcalde de Vall d’Alba- se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados y se enfrenta a penas de hasta cuatro años de cárcel por delitos de corrupción. La fiscalía le acusa de haber urdido una trama con el propósito de obtener un “beneficio ilícito” de 51.000 euros con unos terrenos familiares sobre los que se proyectó una depuradora.
La operativa era sencilla. El fiscal relata en su acusación que Martínez, que tenía las competencias de obras en la provincia de Castellón, se puso de acuerdo con otro diputado y alcalde de Borriol para aprobar una depuradora que afectaba a una parcela de 2.706 metros cuadrados, que la mano derecha de Fabra tenía en propiedad junto a sus dos hijos a través de una empresa familiar. La finca costó 3.000 euros pero, gracias a la depuradora proyectada desde la Diputación, habrían obtenido por ella 51.000 euros.
La operación se hizo mediante “maniobras” entre personas y sociedades con el objetivo de esconder que detrás de esa parcela estaba el nombre de Martínez. El fiscal también pide cárcel para los dos hijos de Martínez (los tres forman parte de la sociedad familiar con nombre Franvaltur), el alcalde de Borriol y un socio del exvicepresidente. Martínez, los hijos de éste y el socio están vinculados entre sí a través de tres sociedades distintas que han visto crecer su valor a través de aportaciones dinerarias y de terrenos.
Este lunes, Francisco Martínez (que fue diputado durante casi veinte años y alcalde de Vall d’Alba durante 24) no ha admitido ninguna responsabilidad en el pelotazo frustrado. Según ha dicho en el juicio, su único papel en la Diputación de Castellón y como diputado encargado de obras y servicios era firmar lo que los técnicos le ponían sobre la mesa y aprobarlo en comisión y pleno porque la confianza era plena con los técnicos.
Ni siquiera se leía los documentos sobre los proyectos que llevaba su ‘cartera’. “Son los técnicos los que tienen la competencia en la materia. El proyecto era de 2.600 folios, no hay ningún diputado que se los lea. No somos los políticos los que realizamos los informes…”, manifestó. Y más: “No redactaba ningún escrito pero podía firmar cien o doscientos en un día. No leo los informes ni nunca los he leído”, insistió, tras las preguntas del fiscal sobre los motivos por los que se proyectó una depuradora en unos terrenos de su empresa familiar.
El quien durante años se sentó a la derecha de Fabra en la mesa presidencial de la Diputación, y quien llegó a sustituirle como presidente durante un periodo de enfermedad del exbarón del PP de Castellón, negó en todo momento saber que la depuradora se estaba proyectando sobre esa parcela. Tampoco sabía –ha asegurado- que su hija la había comprado a su socio por 3.000 euros. Ni tan siquiera le preguntó por esa finca cuando acudió a escriturarla para la sociedad familiar. “Mi hija es autónoma desde los 18 años, ella toma sus propias decisiones”, dijo.
Martínez fue incapaz de contar al tribunal qué competencias tenía como responsable del ciclo integral del agua en la provincia. En definitiva, el exalcalde negó en todo momento que hubiera una trama orquestada para incluir esos terrenos en el proyecto porque, insistió, él no participó en la redacción ni en los informes técnicos.
Todo este desconocimiento acabó en 2014 cuando, según afirmó, se enteró por la prensa del pelotazo por el que iban a obtener 51.000 euros. Su hija sí admitió que sabía, desde verano de 2013, que la depuradora iba sobre esa parcela, pero manifestó que no se lo contó y que ella no sabía qué competencias tenía su padre como diputado de obras y servicios de la Diputación. La expropiación de estos terrenos se suspendió justo el día en que debían aprobarse en el pleno, horas después de que saliera a la luz de que detrás de esa parcela estaba el nombre de Francisco Martínez.
El exalcalde de Vall d’Alba regentaba una tienda de ultramarinos en Vall d’Alba antes de entrar en política y ser llamado por Carlos Fabra para la Diputación. Cuando se marchó de la corporación provincial y de la alcaldía, lo hizo con un patrimonio declarado de 1,5 millones de euros, el mayor de sus compañeros de bancada.