El equipo de CDC en el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por el exalcalde Xavier Trias, permitió al Arzobispado iniciar una gran operación inmobiliaria en unos jardines protegidos en el barrio de Les Corts. La decisión, tomada dos meses antes de que empezara la campaña electoral, permitió a la iglesia ceder unos terrenos a una empresa privada para construir una residencia de investigadores que funciona de facto como un hotel cualquiera.
Los vecinos del barrio se han levantado en pie de guerra ante un proyecto que consideran lleno de irregularidades. Según las siete comunidades de vecinos que se han personado contra la promoción, el Ayuntamiento aprobó un plan especial hecho a medida para permitir que el Arzobispado pegara un pelotazo en unos jardines que están protegidos y en los que no se puede edificar. La residencia de investigadores que se ha proyectado consta de 7 plantas y 115 habitaciones. La empresa concesionaria la explotará durante 50 años.
Un plan especial a medida
El pleno del Ayuntamiento aprobó el 27 de febrero de 2015 un “Plan especial urbanístico integral y de mejora urbana” para la finca en cuestión. Según los expertos en derecho urbanístico consultados, es el procedimiento habitual para este tipo de proyectos. La propuesta se aprobó sin ningún voto en contra y con las abstenciones de ICV y el PSC. Según el acta del pleno de ese día, una edil del PSC constató que la altura prevista para la residencia superaba la altura permitida, pero el grupo socialista permitió su aprobación con su abstención. Entre los ediles de ICV que se abstuvieron estaba Janet Sanz, la actual responsable de Urbanismo en el equipo de Ada Colau.
Los vecinos denuncian que el plan especial aprobado vulnera la normativa de protección del patrimonio histórico del distrito, que establece expresamente que deben conservarse los jardines de esa finca. El edificio y sus jardines, llamados Can Capellanets, están incluidos en el catálogo de patrimonio arquitectónico de Barcelona.
“El espacio verde es muy pequeño, pero ejerce de pequeño pulmón en un barrio que tiene muy pocas zonas verdes”, explica Álex Vallejo, uno de los vecinos afectados. “Cuando se hace un plan especial, el barrio ha de ganar algo; no entiendo qué ganamos con esa residencia”, remacha.
Otra de las quejas de los afectados se centra en el hecho de que nadie les avisó del proyecto. “Se hizo en silencio y sin avisar a los vecinos”, apunta Vallejo. “Nos dimos cuenta cuando vimos las primeras grúas en el terreno”.
La residencia proyectada tampoco cumple con la altura máxima que establece el Plan General Metropolitano. El proyecto prevé un edificio de 22 metros cuando el máximo permitido en esa calle son 17,70 metros.
Un hotel encubierto
Entre la larga lista de irregularidades que destacan los denunciantes, los vecinos explican que la residencia para investigadores que se ha proyectado funciona como si fuese un hotel cualquiera.
RESA, la empresa concesionaria, dispone de otra residencia con la misma tipología situada en el centro de la ciudad. Un vecino escribió la semana pasada a esa residencia explicando que no era ni investigador ni docente, pero que buscaba alojamiento. La respuesta, por escrito, fue la siguiente: “Funciona casi como un hotel, usted no tendría que acreditar si es investigador, cualquier persona se puede alojar aquí. No se preocupe”.
La finca en cuestión está calificada como de equipamientos en el Plan General Metropolitano. Esto quiere decir que no se puede construir ningún hotel, aunque sí una residencia de docentes. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la empresa adjudicataria pero no ha sido posible que ningún portavoz diera su versión. Tampoco el Arzobispado ha querido hacer ninguna declaración.
La finca figura en el catálogo de patrimonio arquitectónico de Barcelona
Vulnera la moratoria hotelera
Más allá de las presuntas irregularidades a la hora de diseñar el plan especial, la residencia proyectada también choca con la moratoria a las licencias hoteleras que aprobó el equipo de Colau a principios de julio, pocas semanas después de llegar a la alcaldía. La moratoria afecta a todos los proyectos que estuvieran tramitándose en ese momento y por eso afecta a la residencia que quiere construir el Arzobispado.
La moratoria incluye residencias de estudiantes aunque no de docentes. La residencia proyectada se define en su memoria como una residencia de investigadores, personal docente y estudiantes de másters y posgrado. La defensa de los vecinos considera que esto implica que el proyecto sí está afectado por la moratoria en cuestión, ya que incluye estudiantes de másters, más allá de que actuaría de facto como un hotel al uso.
Colau no lo paraliza
A pesar del catálogo de presuntas irregularidades que rodea este proyecto, el equipo de Ada Colau en el Ayuntamiento concederá la licencia definitiva de obras “próximamente”. Así lo ha confirmado un portavoz del departamento de Urbanismo, que ha rechazado contestar a las demás preguntas de este periódico. Este portavoz ha trasladado la responsabilidad al equipo de Gobierno anterior y ha asegurado que se solicitaron ciertas modificaciones a los promotores de la residencia. El grupo municipal de CDC, responsable de la aprobación del proyecto, tampoco ha respondido a las preguntas de este periódico y se ha limitado a contestar que “el terreno era edificable”.
Varios de los vecinos consultados aseguran que el Ayuntamiento les ha trasladado en privado su desacuerdo con el proyecto, pero les cuentan que no quieren suspender las obras porque “costaría mucho dinero”. Estos responsables del consistorio alegan que las posibles demandas que el Arzobispado y la empresa adjudicataria presentarían contra el consistorio podrían ser muy costosas.