Granados y Aguirre, tras un comité de dirección del PP madrileño en 2010 Efe
Marjaliza acusa a Granados de cobrar un “peaje” a empresarios en el Gobierno de Aguirre
El empresario señala al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid como controlador de la ventas de suelo regional.
18 febrero, 2016 12:00Noticias relacionadas
- Los diez pozos más oscuros del PP de Madrid
- El juez rechaza la libertad de Granados tras encontrar un millón en casa de sus suegros
- David Marjaliza, en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras colaborar con la Justicia
- La Púnica pagó la mítica campaña que encumbró a Tomás Gómez
- El PP de Madrid se financió ya en B con García-Escudero al frente
- "He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana"
- Aguirre comparece en la Comisión de Investigación sobre la corrupción
El empresario David Marjaliza acusa directamente al que fuera durante años su amigo, el exalcalde de Valdemoro y exnúmero tres de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que se encuentra actualmente en prisión. Marjaliza apuntó en sus confesiones ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cómo Granados exigía un “peaje” a empresarios en su época en el Gobierno de Aguirre.
De las confesiones se desprende que Marjaliza aseguró que su amigo “no solo atesoró un abultado patrimonio por sus ilícitas actuaciones desde la alcaldía de Valdemoro, sino que aprovechó sus continuados cargos públicos en la Comunidad de Madrid para situarse al frente de la sociedad pública Arpegio y para gestionar los fondos denominados PRISMA (Plan Regional de Inversiones y Servicios)”.
Este movimiento le permitió “controlar ventas de suelo de la Comunidad y la adjudicación de vivienda protegida y de obra civil, solicitando el pago de un peaje a los empresarios interesados en dichas adjudicaciones para la consecución de las mismas”.
Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción recogido en el sumario del 'caso Púnica', y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En éste, se explica que la investigación ha evidenciado como los cargos públicos y empresarios intervinientes en la trama de corrupción como Francisco Granados, José Miguel Moreno Torres, David Marjaliza Villaseñor o Ramiro Cid Sicluna “han utilizado sociedades administradas por testaferros o a personas de confianza y fundamentalmente a familiares, para la ocultación de las ganancias ilícitamente obtenidas”.
Así, pone de ejemplo que el registro practicado en el domicilio de los padres de Marjaliza reveló la existencia de obras de arte de dicho imputado custodiadas por los mismos en un bajo y la existencia de dinero en la caja fuerte de su domicilio. El registro practicado en el domicilio particular de Ana María Ramírez, secretaria de éste, delató entre otros extremos, la existencia de importante documentación sobre las cuentas de Marjaliza en Suiza escondida debajo de su cama.
“Las intervenciones telefónicas y la propia declaración de David Marjaliza en sede judicial ha demostrado cómo las sospechas iniciales de Granados y Marjaliza sobre la posibilidad de ser objeto de una investigación policial y judicial y la posterior información recibida de un funcionario de la Guardia Civil confirmando dicha sospecha”, según recoge el informe.
Granados ordenó ocultar su patrimonio
De la investigación se desprende, que el que fuera uno de los pesos pesados de la Comunidad de Madrid en la época de Aguirre ordenó hacer movimientos para ocultar su patrimonio y evitar que se localizara su fortuna obtenida durante los años que ocupó cargos públicos. Así, en 2013, cuando todavía era senador, informó al asesor fiscal Francisco Garrido “la urgente necesidad de realizar movimientos de cobertura que pudieran ocultar su patrimonio”, según recoge un auto de Eloy Velasco recogido en el sumario.
El magistrado señala que las sospechas de que Granados ocultó documentación acreditativa de sus sociedades extranjeras, de las compras de participaciones por testaferros, de su operativa bancaria en sus bancos de confianza de los que ha sido directivo en sus años de actividad privada. Granados dimitió en febrero de 2014 después de hacerse público que Suiza le había abierto una investigación por abrir una cuenta en su país con fondos no justificados.
