Democracia a plazos

El detalle del cómputo de plazos para convocar una eventual repetición de elecciones debería ser materia técnica para especialistas. Al “gran público” y a los propios políticos les importa sobre todo el resultado de ese cálculo: ¿hasta qué día puede haber investidura?, ¿cuándo se volvería a las urnas? Sin embargo, en la novedosa situación que vivimos en España, las condiciones en que se están decidiendo esas fechas están dejando lecciones sobre el funcionamiento de nuestra democracia, y planteando problemas que no deberíamos tardar en resolver.

En efecto, tal como explica María Ramírez en una pieza de esta misma edición y detallé el lunes en una nota técnica, el inicio de la investidura anunciada para el 2 de marzo -con un primer voto el 3-, supondría que el plazo de investidura acabaría el 3 de mayo a medianoche, se expediría el decreto de disolución al día siguiente, se publicaría un día después -el jueves 5 de mayo-, repitiéndose las elecciones al cabo de 54 días, es decir, el martes 28 de junio.

Solo así se mantiene la interpretación pacífica de las normas aplicables (nada menos que la propia Constitución, el reglamento del Congreso, la ley electoral y la del procedimiento administrativo común) que hasta ahora se ha venido realizando. Así lo confirman todas las convocatorias de elecciones respecto a los plazos de convocatoria, y respecto a los de investidura también los dos únicos casos similares al actual: el reciente de Cataluña (donde Puigdemont apuró efectivamente los dos meses que se agotaban en la medianoche del 10 de enero), y tras el “tamayazo” de Madrid en 2003, donde el Consejo de Estado dictaminó sobre el procedimiento al no haber siquiera candidato a la investidura.

Sin embargo, dado que las elecciones suelen ser en domingo -por conveniencia logística y de participación, pues ninguna norma lo exige-, todos asumen de momento que se volvería a las urnas el 26 de junio, ya sea en el entorno de Patxi López o de Pedro Sánchez. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Qué “trucos” se tendrán pensados para adelantar el plazo sin fragilizar gravemente la seguridad jurídica? ¿Qué soluciones existen?

Mucho se ha escrito ya sobre la desconfianza entre los partidos que hizo perder 43 días (entre las elecciones y el 2 de febrero) en que todos los partidos se refugiaron en la ceremonia constitucional de que el candidato lo propone al rey para no empezar en serio unas negociaciones que habrían permitido una designación real con mayores garantías. A partir de ahí, un mes para pactar no es un plazo desmesurado cuando hay varias combinaciones, donde ninguna es dominante y todas implican difíciles sumas y abstenciones de al menos tres partidos (salvo un PP y más PSOE que nadie imagina). Aznar tardó un plazo parecido (menos desde la designación real, pero había empezado antes) en lograr su Pacto del Majestic, y la actual coalición alemana -que supuso también una consulta a las bases socialdemócratas- recibió el respaldo parlamentario 87 días después de las elecciones. Los ejemplos británicos, griegos, daneses… donde se negocia una coalición en días no resultan pues tan comparables ya sea por el menor número de partidos implicados, la hegemonía de uno de ellos o el hecho de que el nombramiento (y no la propuesta) sea directamente competencia del jefe del Estado.

El PSOE va a estrenar una consulta de sus pactos a sus bases, lo cual -en escala histórica- puede considerarse una buena noticia porque permite un contraste democrático a una decisión clave que no se había planteado antes de las elecciones. Que deba mantenerse la alerta ante cierta improvisación e incluso oportunismo con que se ha planteado el procedimiento (que atenúa su valor deliberativo al resultar demasiado evidente su lectura en claves internas al propio partido) no justifica el desleal oportunismo de PP y Podemos metiendo prisas (proponiendo, por cierto, iniciar la investidura el 22 de febrero, lo que tampoco habría llevado a una eventual repetición de elecciones en domingo).

¿Por qué se ha propuesto concretamente iniciar la investidura el 2? Patxi López anunció el 2 de febrero que Pedro Sánchez le había pedido “un mes”. La crispación política lleva a que nuestros gobernantes no puedan ser valorados más que de manera extrema: o portentosos visionarios, o incompetentes o mentirosos. Así, no quisieron arriesgar alargar el plazo siquiera un día. Puede apuntarse además que el 28 de febrero es el día de una comunidad autónoma (Andalucía), lo que aconseja evitar esa fecha tanto para la consulta como para el comité federal del partido que debe aprobar el pacto, pero pretender que este factor haya sido el determinante sería equivocado sobre un calendario de todas formas muy exiguo.

Una votación el 3 de marzo llevaría pues a agotar el plazo el 3 de mayo, que es un martes, fecha en la que siempre se publican las convocatorias para que las elecciones puedan ser en domingo. Es de suponer que con algún consejo técnico habrán pensado que resultaría posible mantener ese esquema. Sabrán quizá que aunque se forzase la interpretación de los plazos, se podría invocar la protección del interés general mediante el principio de conservación de los actos administrativos, y que difícilmente un tribunal impondría cambiar las fecha de las elecciones.

No deja por ello de ser grave que se fuerce la ley -aun con la mejor intención- porque se anticipe que se logrará preservar los efectos de una decisión irregular. Ganar un día publicando el decreto el mismo día de la expedición puede considerarse en principio inocuo. Pero apurar otro día firmando el decreto de disolución pocos minutos antes de la medianoche pretextando que ya no queda tiempo sí merma las garantías del proceso (pues sería el propio presidente del Congreso juez y parte de considerar cuando no es ya posible intentar una investidura). Además, restar solemnidad a un proceso tan importante (¿cuánto tiempo se tarda en ir del Congreso a la Zarzuela y luego a la sede del BOE sin saltarse ningún semáforo?) fragiliza también el valor de nuestra democracia.

La solución más sencilla sería adelantar la investidura al 1 de marzo, y que la votación fuera ese mismo día al cabo de las aproximadamente diez horas de debate (está en manos del candidato y del presidente del Congreso lograrlo, pues los portavoces parlamentarios tienen un tiempo de intervención tasado por el Reglamento). O bien, retrasar a la semana siguiente toda la investidura o al menos la primera votación. Y debería esperarse que nadie buscase polémica con materia tan sensible por solo cuestión de días.

En Madrid en 2003, se logró ese respeto, cambiando mínimamente la ley electoral de la Comunidad, para que las elecciones pudieran ser al “domingo siguiente al 54º día” posterior a la convocatoria. Pero en la situación actual, nos encontraríamos con dos dificultades. La principal es que la Constitución exige que “las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato”; sin embargo, el domingo 26 de junio llega 61 días después del 3 de mayo, así que es imposible alargar el plazo lo suficiente. Y recortarlo implicaría revisar toda la ley ya que los plazos de los distintos trámites son muy estrictos.

Además, un cambio en la ley electoral no puede realizarse por decreto-ley y la tramitación parlamentaria -aun en lectura única y trámite de urgencia- consume casi los dos meses disponibles y requiere una mayoría absoluta. Parece difícil imaginar que si no hay confianza para retrasar unos días la votación, vaya haberla poco después -cuando es previsible que las espadas estén muy en alto si hubiera fracasado la investidura socialista- para ponerse de acuerdo en impulsar una reforma de la ley en lugar de echarse las culpas sobre la situación creada.

Y, sin embargo, lo deseable sería precisamente que la dialéctica de formación de un gobierno (que es deseable tenga enfrente una oposición significativa que lo controle) no contaminara la búsqueda de acuerdos muy amplios respecto a las reglas del juego, sea el régimen electoral o más adelante la Constitución. También sería un signo de madurez democrática que se valorara la prudencia de preparar “planes B”, en vez de considerarlos una muestra de debilidad: en este caso, aunque el candidato busque al máximo lograr la investidura, es preferible asegurarse que de haber repetición fuera en domingo.

Pese a todo, cabe aun ser optimista. En lugar de usarse este problema como arma sobre si el culpable es el descuido de unos o la tensión provocada por todos, pudiera servir para tomar conciencia de la necesidad de fortalecer nuestra democracia, y que en la legislatura -aunque vaya probablemente a ser muy corta- se lograra algún cambio en la ley electoral que cimentara la confianza y dificultara los bloqueos actuales. Así lo deseé el 21 de diciembre, y hoy parece aún más necesario.

Víctor Gómez Frías es fundador del Foro +Democracia y consejero de EL ESPAÑOL