Una alternativa de gobierno ilustrada y realista

Ahí va una oferta a los partidos que se encuentran en la encrucijada de optar entre un gobierno de coalición/consenso o de convocar nuevas elecciones sin un destino previsible, en un paradigma aristotélico o, si se prefiere, ilustrado, lógico y realista, alejado de idealismos hegelianos, tanto de derechas como de izquierdas, que a la postre se han mostrado en política inviables cuando no generadores de grandes catástrofes sociales y económicas.

España necesita una nueva evolución/revolución civilizada, complementaria de la Transición que parió la Constitución de 1978, que le dé otro impulso en el mismo sentido de progreso social y económico que generó el concierto político posfranquista. Este nuevo consenso exige una visión de Estado, patriotismo -a la francesa, a la inglesa o a la almena y no al modo cainita español- y generosidad de todos los partidos, tradicionales y nuevos, estatales y nacionalistas, admitiendo estos últimos que muchos españoles nos consideramos multinacionales -catalanes, vascos, gallegos y demás, por haber pastado en todos esos territorios-, consideración a la que se hace especial referencia por estimar que dichos partidos deben someterse, en mayor medida que los demás, a una inteligencia emocional revisando emociones acríticas.

 A la hora de los pactos, los partidos deberían colocar como prioridad los grandes problemas del país

El nuevo consenso tendría que centrarse en los principales problemas del país. ¿Y cuáles son esos problemas reales y prioritarios de los españoles o, si se prefiere, de los que viven en el espacio que Prat de la Riba incluyó en su Per Catalunya i per l’Espanya Grand o el poeta Joan Margall en su Oda a Espanya? Pues son problemas comunes a todos los seres humanos que estamos hoy en este territorio delimitado por la Historia y por la Constitución de 1978, y que todos los partidos deberían colocar como prioridades en sus pactos con los demás grupos políticos.

Para ello tendrían que racionalizar y moderar los sentimientos soberanistas y antisoberanistas, prosistema y antisistema, aceptando que todos vamos hacia el plurinacionalismo y sincretismo político, posición en la que la superposición de nacionalidades se estime tan valiosa y enriquecedora como el dominio de varios idiomas, y el encuentro de las ideologías políticas termine sintetizando el desarrollo económico y el progreso social hacia la igualdad dentro de una pluralidad ideológica, cultural y nacional.

Muchos de los problemas que tiene España exigirían para su solución una reforma de la Constitución

Estos problemas comunes prioritarios se centran, en primer lugar, en las manifiestas deficiencias de la educación a todos los niveles, en la anémica investigación, en el mal funcionamiento de una anticuada Administración de Justicia, en el riesgo de perder una sanidad universal sostenible, en los conflictos relativos a la organización territorial, en el margen de ineficiencia de las administraciones públicas y, finalmente, en los riesgos de empantanar una economía de mercado generadora de riqueza para todos con un rumbo claro hacia la igualdad. Son problemas muchos de ellos con raíces constitucionales, que exigirían para su solución también, pero no sólo, la reforma de la Carta Magna.

La educación primaria, secundaria, profesional y universitaria precisan saltos cualitativos de calidad. Tenemos ejemplos a imitar en los países europeos situados a nuestro norte y también en los EEUU en el nivel universitario. Hay que consensuar modelos y escuchar a los expertos en la materia, superando escollos artificiales como el bilingüismo o el trilingüismo en algunos territorios, y mantener ese consenso para posteriores revisiones periódicas. Y no es sólo cuestión de invertir más dinero en educación e investigación, pues viene siendo dinero malgastado por no haber rediseñado previamente esos sistemas, exigiendo por una parte excelencia a los docentes e investigadores y subiéndoles los sueldos, para que busquen y mantengan su debido nivel y, por otra, fomentando la cultura del esfuerzo y del buen hacer en los alumnos, sometiendo a los padres a la disciplina que exige cualquier sistema educativo eficiente.

La Justicia necesita una segunda revolución, pues desde la primera ya ha pasado un siglo y medio

En sanidad disfrutamos un alto nivel de calidad y de asistencia, pero debe garantizarse su sostenibilidad buscando la máxima eficiencia y la igualdad de los ciudadanos en todos los territorios, reconociendo a los cuerpos sanitarios la consideración que merecen en todos los aspectos. Un consenso sobre este particular parece también necesario, obviando estereotipos rígidos como el copago o no copago y la necesidad de compatibilizar la sanidad pública con la privada agrupada en seguros médicos privados.

Aunque los políticos suelan eludir esta prioridad, tendrían que ser conscientes de la relevancia de este servicio público para el desarrollo social y económico del país y, al mismo tiempo, de que la actual Administración de Justicia precisa una segunda revolución, pues la primera de 1868 ya está muy lejos y, desde entonces, son patentes todos los cambios sociales, económicos y políticos sobrevenidos durante siglo y medio.

La Administración de Justicia debe funcionar como una empresa, con criterios de eficiencia incluidos

Son algunos puntos de consenso necesario en este capítulo duplicar el número de jueces, dedicar a éstos sólo a "juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado", poner a instruir a los fiscales, modificar el gobiernos del Poder Judicial incrementando el número de otros agentes de la Justicia en el Consejo -fiscales, abogados, letrados…- para romper su corporativismo actual, permitir a los jueces y fiscales pertenecer a partidos políticos obviando el fraude de ley que supone suplir tal prohibición militando en asociaciones políticamente ideologizadas, indemnizar de verdad los daños y perjuicios por errores judiciales y anormales funcionamientos de la Justicia y, en definitiva, considerar la Administración de Justicia como una gran empresa que debe funcionar con los consiguientes criterios de eficiencia, superando los resabios decimonónicos que siguen considerando al justiciable, al testigo y al perito, e incluso a los abogados, súbditos más que ciudadanos, con claras excepciones en algunos juzgados y tribunales.

Y más obvio es aún el necesario consenso sobre la vertebración política y administrativa de los territorios españoles. ¿Autonomías, federalismo, convivencia de ambas modalidades? Los términos siempre suelen ser multívocos, y lo que realmente importa es su significado. Federación, confederación y Estado autonómico admiten multitud de variantes comparando, por ejemplo, EEUU, Alemania y Suiza con España. Hay que buscar el consenso para que cada territorio encuentre un sitio lo más cómodo posible en esta piel de toro, sin generar incomodidad a los demás, cumpliendo criterios de justicia en el sentido de darle a cada uno lo suyo sin perjudicar a los otros: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere, como dijo Ulpiano, o como Goethe sentenció: "hay que vivir y dejar vivir" (muss man leben und leben lassen).

Todos los cargos administrativos, incluidos los directores generales, deberían ser elegidos por sus méritos

Pero también, tanto en el ámbito territorial como en las demás administraciones públicas, hay que proseguir racionalizando su organización y funcionamiento sobre bases meritocráticas de selección del funcionariado, otorgando a todas las administraciones la autonomía que merecen respecto a los políticos, en el sentido de que funcionen por sí solas con criterios empresariales y de eficiencia, reduciendo al máximo los cargos de libre designación ad maiorem gloriam et stipendium politicorum.

Todos los cargos administrativos, incluidos los directores generales, deberían ser funcionarios elegidos por sus méritos y que permanecieran en sus puestos aun cuando otros partidos asumieran el Gobierno, limitándose el turno de partidos a cambiar los ministros, secretarios de Estado y subsecretarios, superando la decimonónica institución de los "cesantes", a los que tienen que dar de comer los partidos perdedores en otros puestos políticos o en el partido. Esta dignificación y profesionalización de los altos funcionarios posiblemente aconsejaría la implantación en España de algo análogo a la ENA francesa, potenciando cuerpos como la Abogacía del Estado y los TAC.

Los servidores públicos tienen que olvidarse de sus intereses personales y ponerse al servicio del país

Y por último, recordar que todos los senadores y diputados elegidos están legitimados para participar en la gobernabilidad del país, en proporción al número de votos que su partido haya conseguido. Excluir interlocutores para posibles acuerdos de gobierno o trazar líneas rojas sin matices, carece de sentido para quienes han sido electos non ministrari sed ministrare -no para ser servidos sino para servir-, recordando que ministro viene del latín y significaba servir, así como minister (servidor) y ministerium (servicio), es decir, que los servidores públicos tienen que olvidarse de sus intereses y de sus pasiones, poniéndose al servicio del país aunque le suponga sacrificios personales, y procurando en consecuencia pactos y acuerdos de Estado mirando al bien común, sin perjuicio de que si los posibles pactos exigen un cambio constitucional haya que limitar la duración de esta legislatura que, aun recortada, podría pasar a la historia como una nueva Transición generadora de progreso y estabilidad para los próximos cuarenta años.

La humildad de los políticos les podría generar esta gloria histórica, dando las muestras de magnanimidad que tanto echan en falta los ciudadanos.

*** Luis Rodríguez Ramos es abogado y catedrático de Derecho Penal.