Nuevo aviso de Bruselas: España es “muy vulnerable” a otra crisis

Pese al crecimiento del 3,2% que experimentó en 2015, España sigue siendo “muy vulnerable” a una nueva crisis. Es el aviso que ha lanzado este viernes la Comisión Europea en su informe anual sobre el estado de la economía española, un completo diagnóstico de 93 páginas. La elevada deuda, la alta tasa de paro y la “desaceleración” de las reformas por la parálisis política son los principales riesgos que identifica Bruselas. El informe alerta también sobre la falta de controles para atajar la corrupción.

El objetivo del estudio es detectar los desequilibrios de la economía española y las reformas que el Ejecutivo comunitario ve prioritarias. Debe servir de base al nuevo Gobierno para elaborar su programa de ajustes y reformas. El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, ha avisado esta semana de que España tendrá que presentar sus planes en abril, haya o no gobierno. El texto es sobre todo de carácter técnico y no hace ninguna valoración de las negociaciones políticas o del pacto entre el PSOE y Ciudadanos.

“Aunque la vuelta al crecimiento reduce los riesgos, España no ha salido indemne de la crisis. La acumulación de desequilibrios sigue siendo alta y su naturaleza, magnitud e interrelaciones todavía hacen que España sea vulnerable a las turbulencias”, apunta Bruselas. “En particular, la elevada deuda pública, privada y externa, expone al país a riesgos derivados de los cambios en el sentimiento de los mercados y es una carga para la economía”, insiste el informe.

Además, la Comisión cree que “el todavía alto nivel de paro y el riesgo de exclusión del mercado laboral, que afecta sobre todo a los jóvenes y a las personas poco cualificadas, obstaculiza el ajuste e implica elevados costes sociales”. Y aunque la inflación negativa apuntala la renta disponible de los hogares y la demanda doméstica, también dificulta el desendeudamiento.

Bruselas todavía prevé que la economía española crezca un 2,8% este año y un 2,5% en 2017. Pero a corto plazo predominan los riesgos a la baja. El crecimiento podría verse negativamente afectado por los desequilibrios económicos. Y también por la crisis de los países emergentes y "una posible desaceleración de las reformas", el eufemismo que usa la Comisión para referirse a las dificultades de formar Gobierno tras el 20-D. España se vería además perjudicada si el precio del petróleo se recupera o el euro sube.

Los principales riesgos

1.La deuda externa. Todavía asciende al 90% del PIB, y supone una "gran carga" para la economía, incluso en fases de fuerte crecimiento como la actual. Además, deja a España "muy expuesta a impactos negativos o cambios en la confianza del mercado", como las vividas en los últimos meses por las dudas sobre China. La economía española "es vulnerable a la volatilidad en los mercados financieros internacionales, pese a la situación más saludable del sector financiero".

2.La deuda pública. Bruselas calcula que tocará techo este año en el 101,2% del PIB y luego empezará a bajar, pero muy lentamente, hasta el 91% en 2026. Ello supone un factor de riesgo económico, ya que supera ampliamente el tope del 60% que marca el Pacto de Estabilidad. El déficit público de España, que según la Comisión se quedó en el 4,8% el año pasado (el Gobierno dice que fue del 4,5%) sigue estando entre los mayores de la UE.

3.La deuda privada. Se situó en el 175,8% del PIB en el tercer trimestre de 2015, lo que la convierte en una fuente de vulnerabilidad. Además, frena la demanda y dificulta la recuperación debido a las necesidades de desendeudamiento de hogares y empresas. "Los hogares españoles se encuentran entre los más sensibles de la eurozona a un posible impacto en materia de tipos de interés" si hubiera una subida repentina, avisa Bruselas. Y la inflación negativa complica también rebajar la deuda.

4.El paro. España se mantiene con el segundo país de la UE con mayor tasa de paro (20,8% en enero) y de desempleo juvenil (46%). También preocupa a Bruselas el incremento del paro de larga duración, que amenaza con convertirse en estructural. Y la dualidad en el mercado laboral entre contratos indefinidos y temporales, "que afecta negativamente a las condiciones de trabajo y a la cohesión social". Las tasas de pobreza y exclusión social son "muy altas" en comparación con otros estados miembros.

Retraso en las reformas

Bruselas denuncia que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy dejó a medias muchas de las reformas recomendadas por la UE para corregir estos desequilibrios, en particular en el mercado laboral. El gasto en políticas activas de empleo sigue siendo bajo y los servicios públicos de empleo, tanto el nacional como los regionales, no cumplen su función de asistir a los parados en la búsqueda de un puesto de trabajo y están descoordinados. "No se han tomado medidas decisivas para promover la participación en el mercado laboral y la movilidad regional ni para hacer más eficientes los sistemas de renta mínima", dice el informe.

El Ejecutivo comunitario critica además que la ley de liberalización de los servicios profesionales sigue sin aprobarse, y que apenas se han tomado medidas para mejorar la eficacia en materia de costes del sector sanitario y para racionalizar el gasto farmacéutico. Tampoco se han adoptado iniciativas suficientes para controlar el gasto público, en particular en las comunidades autónomas, a las que no se aplica de forma estricta la ley de estabilidad presupuestaria.

A la Comisión le inquieta también el declive español en materia de inversión en I+D y el escaso número de empresas innovadoras. Pese a la mejora de los últimos años, la tasa de abandono escolar sigue entre las más altas de la UE, y la formación de los estudiante no se ajusta a las necesidades del mercado laboral.

El informe vuelve a avisar de la falta de rentabilidad del AVE. La red española de tren de alta velocidad es la más larga de la UE, pero genera flujos de pasajeros limitados. "Los planes de inversión siguen centrándose en extender la red de AVE y todavía incluyen AVE y autovías en áreas con poco tráfico. Hay un riesgo significativo de que algunos de los nuevos AVE no generen suficientes ingresos para cubrir sus costes operativos", dice Bruselas. Su recomendación: usar la red también para tráfico de mercancías.

Falta de controles contra la corrupción

El informe de Bruselas se hace eco del “reciente aumento de las investigaciones penales de casos de corrupción a nivel local y regional”. Y lamenta que no se hayan desarrollado estrategias de prevención. A juicio de la Comisión, el principal problema está en la falta de controles y la mala aplicación de las normas en materia de contratos públicos. Eso facilita prácticas como el fraccionamiento de contratos en otros menores para escapar a la obligación de publicación o un uso excesivo de los procedimientos de urgencia.

“La falta de una política coherente de licitación pública en todos los niveles de gobierno y una insuficiente coordinación entre ellos es un motivo de preocupación. Los insuficientes mecanismos de control obstaculizan la aplicación de las reglas de contratación pública y pueden crear oportunidades para la corrupción”, dice el informe.

España destaca por la baja publicación de anuncios de contratos. En 2014 representaron el 1,8% del PIB, frente al 4,4% de media en la UE, lo que sitúa a España en el puesto 23 de 28 estados miembros. También usa más de lo normal el procedimiento negociado sin publicación previa. El resultado es poca competencia y "consecuencias caras para el presupuesto público". La percepción de la independencia judicial en España sigue siendo baja y la duración de los procedimientos judiciales, muy larga para los litigios civiles y comerciales.