La infanta busca salvar a Urdangarin a costa de su credibilidad

La infanta Cristina de Borbón hizo este jueves durante su interrogatorio una exhibición de confianza y amor. Optó por apoyar a su marido, Iñaki Urdangarin, y mantener el pacto que ha llegado junto a su ex socio, Diego Torres, para cargar las tintas sobre la Casa Real. Su defensa se podría haber limitado a mostrar que ella no era administradora de la sociedad que compartía al 50% con su marido, que no tenía firma, y que no es responsable de las irregularidades tributarias cometidas por el otro socio, tal y como defiende la propia Agencia Tributaria.

Sin embargo, optó por hacer piña con los dos cabecillas de la trama Nóos, con los dos principales acusados en el juicio que se está celebrando ante la Audiencia Provincial de Palma, poniendo así en entredicho su credibilidad. Durante su declaración, en la que únicamente contestó a las preguntas de su abogado, Pau Molins, mantuvo la línea del control que ejercía la Casa Real en los negocios del matrimonio.

La infanta mantuvo ante el tribunal que antes de crear Aizoon, la sociedad que tenía a medias con su marido, se lo consultó a su asesor Carlos García Revenga y éste lo consultó con el asesor fiscal de la familia real, Federico Rubio. Su marido también estaba perfectamente asesorado. Diego Torres e Iñaki Urdangarin hablaron en su interrogatorios de "control total" de la Casa Real y el marido de la infanta llegó a decir que "no hacía nada en mi vida sin consultárselo a García Revenga".

Lo negó ante Castro

Pues bien, Cristina de Borbón, cuando fue citada a declarar en calidad de imputada por el juez de instrucción de Palma José Castro el 8 de febrero e 2014 afirmó que su asesor personal designado por la Casa Real, Carlos García Revenga no tuvo "ninguna" intervención en los negocios o actividades profesionales de su marido.

"Es que hay un montón de correos, donde parece ser que se desprende lo contrario. Aquí hay un correo de 3 de septiembre de 2003 de su marido para García Revenga: 'Te reenvío una petición de Palma sobre una entrevista local, debe de venir de Pepote'. Alguna relación tiene. ¿Era el señor Revenga secretario de su marido?", le preguntó Castro en aquel entonces. "No", contestó la hermana del rey Felipe VI.

Lo afirmado entonces se confronta con lo declarado por el matrimonio durante el juicio. Urdangarin explicó que cuando él también negó ese control por parte de García Revenga cuando declaró ante Castro fue porque en aquel momento desconocía que existía prueba documental que pudiera avalar la supervisión de la Casa Real. Una vez que comprobó que existían correos electrónicos que confirmaban que el secretario de las infantas estaba en el día a día del Instituto Noos cambió su versión de los hechos.

Cristina de Borbón se sentó ante el tribunal para decir que confiaba plenamente en la inocencia de su marido y que estaba muy bien asesorado. Señaló como personas de su confianza a García Revenga y a José Manuel Romero, conde de Fontao. Según los dos socios de Noos,con éste se reunían de manera periódica para supervisar sus actividades en Noos. La infanta también confirmó que a ella todas sus declaraciones de la renta las hacía el asesor fiscal de la familia real, Federico Rubio.

La hija de Juan Carlos I explicó que a su marido la declaración de la renta se la hacía su asesor, Miguel Tejeiro, aunque Urdangarin dijo en un momento de su declaración que Rubio también se las revisó a él hasta el año 2009 que se marchó a vivir a Estados Unidos.

¿Poco ético o delictivo?

La postura de Cristina de Borbón en el juicio por el 'caso Noos' es complicada. Creó una sociedad al 50% con su marido porque éste se lo pidió y por una cuestión de "confianza" ella aceptó. Su marido pasó como gastos de la sociedad recibos de todo tipo de índole, desde peluquería, zapatería, supermercado o clases particulares. También se pagó al servicio doméstico de su domicilio desde la empresa como si fueran trabajadores de Aizoon.

Sin embargo, ninguno de estos aspectos son por los que se acusa a la infanta. El fiscal Anticorrupción encargado del caso ya señaló en uno de sus escritos que un miembro de la Casa Real tenga este tipo de comportamientos puede ser éticamente reprobable pero la Justicia está para perseguir delitos no juicios morales.

En el caso de la infanta, lo que se debate es si por ser socia al 50% de la empresa de su marido debe ser cooperadora necesaria de los delitos fiscales que éste presuntamente cometió al declarar como Impuesto de Sociedades (IS) trabajos de asesorías a varias empresas privadas en vez de hacerlo como IRPF, dejando de declarar más de 120.000 euros en cada ejercicio de 2007 y 2008.

Además, hay un informe de la Agencia Tributaria que será analizado en el juicio que explica que en caso de las sociedades que declararon el IS en vez del IRPF serán autores los que ejerzan como administradores. "Los socios que no se encarguen de las labores de gestión o no sean administradores no parecen tener encaje en ninguno de los supuestos de responsabilidad penal", recoge el documento.

En el caso de Aizoon, Urdangarín estaba registrado como administrador único, además de ser el único que ingresaba beneficios, bien a través de sus asesorías o bien a través de supuestos trabajos realizados para el Instituto Nóos. Tanto Castro como Manos Limpias entienden que la infanta Cristina debía conocer lo que estaba haciendo su marido y, por tanto, debe ser considerada como cooperadora necesaria.

Responsable sólo el autor material

El informe señala que, según el criterio seguido por Hacienda, el delito fiscal sólo puede cometerse de forma dolosa (intencionada) y nunca por imprudencia, y esa intención no sólo debe estar presente en el autor material sino también en los cooperadores necesarios, inductores y cómplices. “En el caso de delitos por IRPF es autor material del delito el contribuyente, pero en caso de tributación conjunta la responsabilidad que pueda afectar a uno de los contribuyentes respecto de sus propios hechos delictivos no tiene por qué trasladarse, en absoluto, al resto de contribuyentes que declaran conjuntamente con él. Y con independencia del régimen económico matrimonial", destaca el informe.

Con estas pruebas, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado consideran que Cristina de Borbón sea penalmente responsable. Sin embargo, este criterio no es compartido por Castro ni por el sindicato Manos Limpias, que pide ocho años de cárcel para la hermana del Rey al entender que ella debía saber lo que haía su marido y no hizo nada para evitarlo.

Ante la duda, la infanta ha negado cualquier conocimiento respecto a Aizoon. Vista la acusación que hay contra ella y la presión mediática por verla sentada en el banquillo, ha optado por desvincularse del más mínimo conocimiento del funcionamiento de la empresa de su marido, hasta tal punto de negar conocer si ésta tenía trabajadores o que dinero ingresaba.

El problema de Aizoon no es sólo el delito fiscal cometido a través de ella sino que Urdangarin habría desviado dinero público a ésta en forma de honorarios cobrados por el Instituto Nóos, una asociación sin ánimo de lucro del cual era presidente, y que recibía financiación de gobiernos autonómicos, como el balear o el valenciano, para levar a cabo proyectos.