La denuncia el ex inspector de Hacienda José Delfino Suárez viene avalada por el precedente de que su anterior fue acreditada en parte en los tribunales. Esta circunstancia ayuda de inicio a conferirle cierta dosis de credibilidad, sometida ahora al examen y dictamen del Ministerio Público vizcaíno.
Suárez presentó en 2003 ante Anticorrupción un informe sobre el fraude fiscal en Bizkaia, centrado en gran medida en el comercio de chatarra, en el que alertaba de maniobras irregulares por parte de la Diputación.
En marzo de aquel mismo año policías desplazados desde Madrid registraron en medio de un gran revuelo la sede de la Hacienda foral, bloquearon ordenadores y requisaron una importante cantidad de documentación.
Tras aquella operación comenzó una investigación que culminó en los tribunales de Justicia casi una década después. El proceso concluyó en 2012 con la condena del jefe de la Inspección Fiscal, Juan Ramón Ibarra, a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial.
Traba informática
Suárez y otros dos inspectores denunciaron que Ibarra “protegía” a empresas y personas físicas, al incluirlas en una lista bajo su control que él gestionaba mediante una traba informática.
Aparecer en el listado significaba estar sometido a una teórica inspección por parte de Ibarra lo que impedía ser investigado por otro inspector. De este modo el jefe de la Inspección simulaba investigaciones que blindaban a sus patrocinados, más de dos centenares, y les eximía de los rigores de la Hacienda.
A la misma conclusión llegó la Fiscalía de Bizkaia, que incoó diligencias tras comprobar en una investigación por delito fiscal que no se había abierto expediente alguno a contribuyentes que figuraban estar siendo inspeccionados por Ibarra.
Las sospechas iniciales de Anticorrupción apuntaban a la posibilidad de que detrás de esa lista trabada se escondiera una trama de financiación corrupta del partido hegemónico en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), al frente de la Diputación desde hace décadas. Esa primera hipótesis no pudo confirmarse y se diluyó con el paso del tiempo, sin que llegara a plasmarse en la instrucción judicial a lo largo de los ocho años que duró el proceso en la Audiencia de Bizkaia.
Absolución y posterior condena
El juicio, celebrado en 2011, aportó testimonios de múltiples irregularidades en el funcionamiento de la Hacienda Foral. Según las declaraciones de testigos propuestos por la Fiscalía se dejaban prescribir cantidades millonarias defraudadas, se cancelaban inspecciones de forma injustificada, se obstruía la labor inspectora de la Hacienda Estatal y dos conocidos asesores fiscales de Bilbao ejercían de “paraguas” para sus clientes con la connivencia del acusado y sus responsables jerárquicos. La sentencia no recogió estos hechos.
Ibarra, que estuvo al frente de la Inspección Fiscal durante 15 años (1989 -2004), siempre declaró haber obrado con el visto bueno tácito o explícito de sus superiores, mientras que la institución foral aisló el caso limitándolo al comportamiento personal de un funcionario, erróneo pero no dañino.
La Fiscalía, en sus conclusiones finales, solicitó ocho años de cárcel para Ibarra y cinco para tres subordinados suyos “por colaboración necesaria”, pero la Audiencia Provincial absolvió a los cuatro procesados en abril de 2011. El Tribunal reconocía la existencia del listado creado por el principal acusado, en el que llegó a incluir hasta 209 contribuyentes, pero afirmaba desconocer la finalidad del mismo aunque dudaba de la legalidad de su conducta.
Sin embargo rechazaba que hubiera quedado probado el trato de favor y la existencia de los delitos -falsificación, cohecho, prevaricación y desobediencia- de los que le acusaba el Ministerio Público.
La fiscal recurrió el fallo y un año después, en mayo de 2012, el Tribunal Supremo le daba en gran parte la razón, al apreciar en el proceder de Ibarra un delito continuado de falsedad en documento oficial. La sentencia se basaba en la aplicación informática generada por Ibarra.
El pronunciamiento del alto tribunal rebatía además el argumento de la Audiencia y de la Diputación de que no había habido perjuicio.
El Supremo concluyó que el listado de contribuyentes creado por el jefe de la Inspección era “un documento falso”, puesto que con él se simulaban inspecciones que no se producían y que con ello se generaba “cuando menos” el riesgo de que “algunos contribuyentes no fueran inspeccionados, o no se gestionara el cobro de sus impuestos”.
La fiscal, en solitario
Y si las trabas de Ibarra lastraban el funcionamiento de la Inspección, “necesariamente tenía que repercutir en el ciudadano, en cuanto que era factible que algunos administrados quedaran sin inspeccionar en perjuicio de los ciudadanos que sí abonaban los impuestos”.
La Diputación, que respaldó a Ibarra desde el principio, no inició ninguna acción civil de resarcimiento. Ya había desistido de ejercer la acusación penal, retirándose del procedimiento antes de llegar a juicio, por considerar que el procesado no había causado perjuicio ni a la entidad, ni a sus administrados.
Su renuncia no sólo obligó a la fiscal Adán a seguir adelante en solitario, sino que le impidió reclamar una indemnización al no hacerlo la principal perjudicada.
Juan Luis Ibarra no ingresó en prisión hasta febrero de 2014 y apenas pasaron dos meses hasta que obtuvo el tercer grado penitenciario y volvió a incorporarse a Hacienda, ya que, argumentaron sus responsables, no había sido inhabilitado para desempeñar su trabajo.
Procedente del personal del cuerpo de Inspectores de la Hacienda estatal que fue transferido a la comunidad autónoma vasca, sobrepasa ya los 65 años pero no proyecta jubilarse aún. Para no hacerlo ha esgrimido ante los tribunales, y ganado frente a la Diputación, su derecho a poder postergar todavía su decisión.