Eran las 18,20 de la tarde del domingo en un Talgo que cubría la ruta entre Almería y Madrid. Al teléfono, Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Su conversación era clara y se escuchaba entre los vagones del tren: "He hablado con Girauta (Ciudadanos) y Errejón (Podemos) y tenemos un acuerdo". Los tres partidos han alcanzado una postura común sobre la política de refugiados en la Unión Europa.
Los tres partidos irán, pues, juntos a las negociaciones anunciadas por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy. Su objetivo es presentar este 'pacto' al PP y que, antes del miércoles, el Ministerio de Exterores convoque a los partidos para que se llegue a un acuerdo. De esta forma, los socialistas quieren que "cuanto antes" se lleve a Bruselas la postura española sobre la crisis de refugiados.
Esta posición común es contraria a las deportaciones de refugiados, tal y como ya han adelantado durante la pasada semana los líderes de PSOE, Ciudadanos y Podemos. Ahora queda la negociación con el Gobierno popular y que el presidente en funciones defienda dicho acuerdo frente a sus colegas europeos.
A principios de la pasada semana el Ejecutivo en funciones no tuvo más remedio que ceder y anunciar que se llegaría un pacto con el resto de grupos en torno a los refugiados. El anuncio se produjo después de que todas las fuerzas del Congreso menos el PP echaran en cara al presidente haber adoptado su postura en esta crisis estando en funciones y sin haber consultado a la Cámara.
Hernando insistía en el tren en lograr una posición común y llevarla a Europa "cuanto antes". El motivo es simple: será este jueves y viernes cuando el Consejo Europeo apruebe definitivamente el principio de acuerdo alcanzado con Ankara, por lo que el miércoles España deberá tener clara su postura al respecto.
La postura del Gobierno
Al respecto, este lunes el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, ha asegurado que España no aceptará "un acuerdo ilegal". El principio de acuerdo logrado entre la UE y Turquía, que contempla "expulsiones colectivas" sin distinguir entre inmigrantes económicos y refugiados, es "desde el primer momento inaceptable", según ha dicho. Margallo ha asegurado que el acuerdo es "contario a la legalidad internacional, a la Convención de Ginebra y los Tratados europeos, en concreto el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento (de la UE)" y "a las directivas de retorno".
El ministro ha insistido, asimismo, en que el Gobierno no tomará ninguna decisión hasta que no llegue a un acuerdo con la Cámara. Unos términos en los que también se ha pronunciado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien ha añadido, en una entrevista en Cope, que está "seguro" de que la postura del gobierno será "totalmente coincidente con la de los partidos moderados". "Otra cosa será" lo que planteen partidos "radicales que están en el parlamento para otra cosa distinta a construir el proyecto europeo", ha matizado.