Ni siquiera los propios líderes europeos están seguros de que la devolución a Turquía de todos los inmigrantes irregulares llegados a las islas griegas, e incluso de los refugiados sirios, sea legal. Este es el punto más novedoso del principio de acuerdo cerrado este martes por la UE y Ankara para frenar el flujo migratorio. Pero como si tuvieran dudas, los 28 resaltan que los detalles finales del pacto deben negociarse "respetando el derecho europeo y el derecho internacional”, según se recoge en las conclusiones de la cumbre. Está previsto que el acuerdo con Turquía se ratifique en el próximo Consejo Europeo del 17 y 18 de marzo. La ONU y varias organizaciones ya han avisado de que podría vulnerar el derecho al asilo.
“Lo que tenemos en este momento es un principio de acuerdo muy importante. Ahora se discutirán los detalles y pueden estar seguros de que el acuerdo final respetará tanto la legislación europea como la internacional”, ha respondido este martes el portavoz de la Comisión Europea, Alexander Winterstein, a las dudas de los periodistas. Su jefe, Jean-Claude Juncker, ha ido más allá y aseguró al final de la cumbre que el Ejecutivo comunitario ya ha realizado un análisis en profundidad del pacto y lo ve totalmente legal.
La directiva de la UE sobre asilo permite que un estado miembro rechace tramitar la solicitud de protección internacional de una persona que venga de un país considerado seguro, alega Juncker. Y Grecia incluye a Turquía en su lista de países seguros. Según su análisis, los refugiados sirios deben pedir asilo en Turquía. Pero ni siquiera los estados miembros se han puesto de acuerdo todavía para incluir a Turquía en la lista europea común de países seguros.
Un retorno sin garantías para los refugiados
El primero en lanzar la voz de alarma sobre la legalidad del pacto entre la UE y Turquía ha sido el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. Durante un discurso ante la Eurocámara en Estrasburgo, Grandi se ha declarado “muy preocupado por cualquier acuerdo que implique el retorno indiscriminado de gente de un país a otro, y que no detalle las garantías de protección a los refugiados en virtud del derecho internacional”.
Para la ONU, un refugiado sólo puede ser devuelto a un país de fuera de la UE, como Turquía, si se cumplen las siguientes condiciones: 1) si Turquía asume la responsabilidad de tramitar la solicitud de asilo; 2) si el demandante queda protegido de la posibilidad de ser devuelto a su país de origen, en este caso Siria; 3) si la persona en cuestión puede pedir y, si se le concede, disfrutar del asilo de acuerdo con los estándares internacionales, y tiene pleno acceso a la educación, el mercado laboral, la sanidad y la asistencia social.
El Alto Comisionado para los Refugiados reclama a la UE que incluya todas estas salvaguardas en el acuerdo final para devolver refugiados a Turquía. También pide que se hagan controles previos a las repatriaciones con el fin de identificar a demandantes de asilo en una situación especial de riesgo, a los que no habría que deportar incluso si se cumplen todas las condiciones anteriores. La ONU recuerda que Turquía acoge ya a 3 millones de euros y solicita a los estados miembros que asuman una parte del esfuerzo y creen canales legales para acoger a algunos de los refugiados que están en territorio turco o en otros países como Líbano.
El pacto contradice la prohibición de expulsiones masivas
Mucho más crítica ha sido la organización Human Rights Watch (HRW). El acuerdo entre la UE y Turquía “contradice los principios de la UE que garantizan el derecho a pedir asilo y prohíben las expulsiones colectivas”. “Los refugiados no deben utilizarse como moneda de cambio. La integridad del sistema de asilo de la UE e incluso la integridad de los valores europeos están en juego”, ha dicho el responsable de refugiados de HRW, Bill Frelick, en un comunicado.
Ni la UE ni Turquía han detallado “cómo se evaluarán de forma adecuada las necesidades de protección de cada persona durante las rápidas expulsiones masivas que han acordado llevar a cabo”. Para esta ONG, Turquía no puede considerarse un país seguro de asilo para los sirios. Ankara ha ratificado la Convención de los Refugiados de 1951, pero es el único país que aplica una limitación geográfica. Sólo los europeos pueden lograr el estatus de refugiado allí, pero Turquía no da protección eficaz al resto de demandantes de asilo y ha devuelto repetidamente a demandantes de asilo procedentes de Siria, denuncia HRW.
Cinismo de los líderes europeos
Para Médicos sin Fronteras, el acuerdo con Turquía pone de relieve el “cinismo” de los líderes europeos, que están “dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso poner en peligro derechos humanos esenciales y principios de la legislación sobre refugio y asilo para detener el flujo de refugiados y migrantes a Europa”. Esta ONG ha criticado en particular la nueva fórmula “1 por 1” que regirá la devolución de los refugiados sirios.
“Por cada uno de los refugiados que arriesgue su vida en el mar y sea sumariamente devuelto a Turquía, otro puede tener la oportunidad de llegar a Europa desde la propia Turquía en el marco del programa de reasentamiento propuesto. Este burdo cálculo reduce a las personas a meros números, negándoles un trato humano y desechando su derecho a buscar protección”, ha dicho el responsable de relaciones externas de Médicos sin Fronteras, Carlos Ugarte, en un comunicado.
Por su parte, Unicef ha recordado a los líderes europeos sus “responsabilidades y obligaciones” de garantizar el derecho de los niños a solicitar protección internacional. “Los niños no deberían ser retornados a sus países de origen si corren riesgos como la detención, el reclutamiento forzoso, el tráfico o la explotación”. La UE debe desarrollar canales seguros y legales para permitir la llegada de niños que escapan de conflictos.