El Congreso de los Diputados ha sido testigo esta mañana de un pequeño triunfo de la democracia. Ha ocurrido sobre una mesa de madera lacada en la sala Ernest Lluch, que lleva el nombre del político socialista asesinado por ETA en el año 2000. Tras un debate de tres horas, el Gobierno ha aceptado un acuerdo cerrado y consensuado con la Cámara para defender en Europa un trato más humano y personalizado de los refugiados del que se planteó el pasado 7 de marzo.
Así, este jueves, cuando Mariano Rajoy asista en Bruselas al Consejo Europeo, hablará en nombre de la mayoría de los españoles y no con voz propia, como ocurrió ese día. Entonces, se debatió por primera vez a 28 un acuerdo que sonrojó a muchos europeos porque incluyó la posibilidad de enviar masivamente a los refugiados sirios a Turquía, a cambio de dinero y de trato de favor a Ankara.
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Ahora, España se opondrá a esas devoluciones masivas en base a los textos legales internacionales que consagran el principio de non refoulement (no devolución). Sólo se podrá devolver a un refugiado sirio a Turquía previo estudio de su expdiente de asilo.
ESTATUTO DE REFUGIADO
“Yo me congratulo por ello (…) Son personas, no mercancías”, ha dicho Fernando Eguidazu, el secretario de Estado de la Unión Europea, en referencia al acuerdo pactado. El contenido del documento (12 puntos) ha sido leído por el presidente de la comisión mixta Congreso-Senado, el socialista catalán José Zaragoza Alonso, que ha resaltado que se trata de una “postura unánime”.
Se exige que los migrantes puedan solicitar el estatuto de refugiado, y que éste sea estudiado persona por persona. También, que se promuevan “vías adicionales seguras de llegada y reasentamiento”. Por ejemplo, los llamados visados humanitarios, reagrupamiento familiar o becas.
El acuerdo incluye la petición de que los refugiados que ya están en Grecia, Italia y Hungría se repartan “de manera solidaria” por todos los estados miembros. España, que aceptó a 18.000, sólo ha acogido hasta ahora a 18, una “cifra ridícula”, según el senador Jokin Bildarratz (PNV): “Sólo respondemos cuando vemos portadas de periódicos con un crío de tres años muerto”. También se exige una revisión del número de refugiados a acoger en función de la evolución de la crisis.
Los parlamentarios españoles también han incluido la petición de “medidas de protección urgente” para los más vulnerables, como menores que viajan sin acompañar o mujeres víctimas de violencia de género. Se trata de “promover la comunitarización de la política de asilo y de desarrollar el programa europeo de asilo”.
Finalmente, se exige al Gobierno en funciones que acuda a la reunión de alto nivel de la ONU sobre refugiados el próximo 30 de abril.
BUEN PRECEDENTE
El cambio de actitud del Gobierno es un “buen precedente”, según Xavier Xuclà (Democràcia i Llibertat). Hace apenas un mes, el ministro José Manuel García-Margallo rechazó un mandato como el que se ha aceptado este miércoles con el caso del Brexit, el referendum en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea.
Ahora, el Ejecutivo en funciones no sólo ha solicitado la aquiescencia de la Cámara que le exigía la Abogacía del Estado, sino que ha aceptado un documento impulsado por el grupo socialista y que finalmente se ha cerrado esta mañana, después de circular desde la tarde-noche del martes entre el Gobierno y los distintos partidos.
El pasado día 7 se planteó que los refugiados sirios fueran expulsados masivamente a Turquía, a la que se pagaría (entre 3.000 y 6.000 millones de euros) y a la que se pondría alfombra roja de cara a Europa: más visados y aceleración de las negociaciones de entrada en la Unión. Una especie de subcontrata de seres humanos que provocó el rechazo de la opinión pública: los partidos reaccionaron con rapidez, y el líder socialista, Pedro Sánchez, le escribió a Mariano Rajoy para que rechazara la propuesta europea.
SAVE THE CHILDREN
Este miércoles los portavoces parlamentarios se han mostrado aliviados por la rectificación del Gobierno. Algunos, como Fernando Maura (Ciudadanos) habrían querido más: una resolución del Parlamento aprobada en sesión plenaria con presencia de Rajoy y no como este miércoles, en una comisión mixta Congreso-Senado con Fernando Eguidazu, apenas un cargo de confianza de Margallo.
Mientas los diputados discutían el acuerdo, al Congreso han acudido ONGs como Save the Children y Oxfam con más de 100.000 firmas de ciudadanos opuestos al preacuerdo del 7 de marzo, una declaración (statement, ha especificado Eguidazu) que ya es historia.