Pedro Morenés es desde este jueves el primer ministro de Defensa insumiso. Al menos, ante el Congreso de los Diputados, que reclamó su presencia gracias a las nuevas mayorías surgidas del las elecciones generales. Morenés tenía que explicar un acuerdo de la OTAN y la presencia de efectivos españoles en el Mar Egeo. Pero no acudió y su silla permaneció vacía.
El gesto de "rebeldía", denunciado por los demás grupos parlamentarios, en especial el PSOE y Ciudadanos, no pasaría de la anécdota si no estuviese en el horno un grave e inédito conflicto institucional entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy.
En la cámara baja ha cambiado la correlación de fuerzas y una mayoría amplia reclama ejercer una de sus funciones: el control de las actividades del Ejecutivo. Pero los ministros y el propio Rajoy se niegan a comparecer, no solo ante la Comisión de Defensa, como Morenés, sino también ante el pleno de la cámara en las habituales sesiones de control. Un informe remitido a la cámara por el Ministerio de Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría justifica la ausencia por estar el Ejecutivo en funciones, no tomar apenas decisiones de importancia y no haber sido elegido por el Congreso que tanto lo quiere controlar.
Morenés no acude finalmente a su comparecencia en el Congreso.
Morenés aún aparece en el orden del día del Congreso, según figura en su web. La petición fue cursada por el PSOE "para informar sobre los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN celebrada los días 10 y 11/02/2016 en Bruselas y, en particular, sobre la nueva operación naval en el Egeo contra las mafias que trafican con refugiados".
Pero no ha aparecido.
Este viernes es "un mal día para la democracia y para el conjunto de los españoles", según Germán Rodríguez, portavoz del PSOE en la comisión. Este miércoles, Rodríguez consideraba inaceptable que "el ministro de Defensa se declare en rebeldía" cuando su obligación es atender al poder legislativo, el único elegido directamente por los ciudadanos.
El secretario del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha avanzado este jueves que su partido se está planteando emprender acciones judiciales contra los ministros que se nieguen a comparecer en el Congreso. "Es lamentable" que no comparezcan, según él.
¿Tiene que comparecer el Gobierno?
La respuesta a la pregunta probablemente acabe ante el pleno del Tribunal Constitucional. La Mesa del Congreso, el órgano que dirige las actividades de la cámara, aprobó remitir una carta a la vicepresidenta del Gobierno para pedirle por última vez que el Gobierno comparezca (puedes leerla al final de este artículo).
La Ley del Gobierno de 1997 establece en su artículo 26 que "todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales". En el mismo artículo la norma establece que "la actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional", que es lo que el Congreso podría decidir en una sesión plenaria a la vuelta de Semana Santa. Sin embargo, esa iniciativa tendría un recorrido muy limitado. "No somos ingenuos", aseguraba este martes Íñigo Errejón, portavoz de Podemos, para quien resulta obvio que el Constitucional resolverá el asunto mucho más tarde de que haya un nuevo Gobierno o se repitan las elecciones.
El Gobierno, por su parte, emitió un informe jurídico en el que recuerda que no hay precedentes del control parlamentario a un Gobierno en funciones y que tampoco se dio en autonomías con períodos largos de negociación, como Cataluña o Andalucía, que prácticamente agotaron el plazo legal para conformar un nuevo Ejecutivo.
¿Y ahora qué?
El Congreso sigue tramitando peticiones de comparecencia. "El Gobierno no tiene la confianza de esta cámara, pero esta cámara sí tiene la confianza de la ciudadanía", dijo el martes Patxi López, el presidente del Gobierno. La Comisión de Defensa, presidida por el socialista José María Barreda, elevará a la Mesa del Congreso un informe donde constará la incomparecencia de Morenés.
Según dijo López el martes, la negativa del Gobierno a comparecer crea un "conflicto institucional grave". Sin embargo, fuentes cercanas a la vicepresidenta del Gobierno recuerdan que el Ejecutivo sí ha comparecido para asuntos que van más allá de las limitadas funciones que la ley le atribuye, como por ejemplo la toma de posición en la Unión Europea.
Este miércoles, el secretario de Estado para la UE compareció en el Congreso y se llevó el primer consenso de la legislatura. "A ver cuántas veces hemos ido a Bruselas con la aquiescencia del Congreso, con una lista de puntos que nos limitaban", insisten desde el gabinete de la número dos del Ejecutivo en funciones. "Lo que no vamos a hacer es prestarnos a la campaña electoral que los demás grupos quieren hacer en esta cámara", insisten. Para prueba, el pleno del martes. Aunque se aprobaron diversas mociones, éstas no comprometen al Gobierno en funciones, que no tiene capacidad para impulsar medidas de calado, sino al que se forme y nazca de una investidura.
Carta de Patxi López a Santamaría