BCNWorld: el legado envenenado de Mas que divide al Govern

Faltaban 24 horas para que el magnate del juego Sheldon Adelson anunciara que se decantaba por Madrid para instalar su fallido proyecto de Eurovegas. Las elecciones autonómicas estaban a dos meses vista. El entonces president de la Generalitat, Artur Mas, compareció junto al presidente de La Caixa, Isidre Fainé, el conseller de Economía y dos empresarios para anunciar su alternativa al proyecto de Adelson: un macrocomplejo que contaría con seis casinos, 12.000 habitaciones de hotel, seis parques temáticos y un gran centro comercial. Cuatro años después, ni siquiera las grúas han entrado en los terrenos designados para el proyecto.

El complejo anunciado por Mas se ha convertido en un problema para el actual Govern. ERC está en contra mientras que CDC hace lo posible por salvarlo. Después de haber anunciado a bombo y platillo una inversión de 4.500 millones de euros que crearía 20.000 puestos de trabajo, los vecinos y alcaldes de la zona -la provincia con la tasa de paro más alta de Cataluña- preguntan dónde están esos empleos y si llegarán algún día.

Un proyecto realizado a medida

El Govern de Mas se volcó en hacer todo lo posible para agradar a los inversores iniciales del proyecto, el grupo Veremonte. Las exigencias de este inversor empujaron al Govern a rebajar del 55 al 10% los impuestos al juego. También se permitió por primera vez en Cataluña que los jugadores pudieran apostar a crédito y se diseñó un plan urbanístico que preveía 60.000 metros cuadrados para casinos, el triple de lo que ocupan actualmente estos espacios en Cataluña. Los cuatro casinos que están abiertos en la comunidad (Barcelona, Peralada, Lloret y Tarragona) ocupan una superficie de unos 23.000 metros cuadrados.

CiU se alió con el PSC para tirar adelante la reforma legislativa. ERC, ICV y la CUP votaron en contra del proyecto, mientras que PP y C’s se abstuvieron. El entonces ejecutivo de Mas ignoró las reivindicaciones de las asociaciones de lucha contra la ludopatía así como un dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) que alertaba sobre los riesgos del proyecto. El dictamen consideraba que no estaba justificada la rebaja en los impuestos ni la admisión del juego a crédito, que consideró que podía "fomentar la ludopatía". El informe también señalaba que el la construcción del complejo implicaría un "cambio esencial en el modelo turístico de la zona".

"Era evidente que las medidas respondían a un proyecto concreto", recuerda Josep Maria Rañé, presidente del CTESC en el momento en que se escribió el dictamen. "Como el marco regulatorio no se ajustaba a lo que pedían los promotores, se hicieron los cambios que les pidieron".

Francesc Pereandreu, presidente de la Asociación Catalana de Adicciones Sociales (ACENCAS) lamenta que no se les consultara su opinión a la hora de cambiar la ley. Advierte, además, sobre el peligro de permitir el juego a crédito. "Es un método que se aprovecha de la fantasía de recuperación del dinero que tiene el jugador", explica. "Recordemos que estamos hablando de gente con las capacidades volitivas alteradas por el pensamiento mágico de ganar dinero".

Un inversor polémico

Siete meses después de que el Parlament aprobara los cambios legislativos exigidos por el grupo Veremonte, el inversor dio un paso atrás y anunció que no ejercería la opción de compra que tenía sobre los terrenos, que son propiedad de La Caixa. El grupo justificó su espantada explicando que no podían asumir un proyecto con esa inversión -4.700 millones de euros- si no había un plan director urbanístico aprobado y un calendario organizado.

Desde el principio, Veremonte ya había generado muchos recelos entre los que se oponían al proyecto. El presidente de la promotora, Enrique Bañuelos, era conocido por los riesgos que cometía con sus operaciones de especulación inmobiliaria y por haber escapado a Brasil en 2007, cuando la inmobiliaria con la que se había hecho rico cayó un 76% en bolsa en pocos meses.

"El grupo Veremonte presionó para modificar las leyes por encargo de La Caixa", explica el ambientólogo Joan Pons, miembro de la plataforma Aturem BCNWorld, contraria al proyecto. "El asunto se trataba simplemente de darle salida a unos terrenos que el banco no sabía cómo quitarse de encima".

Un diputado de ERC que conoce bien el tema no niega el trato de favor del Govern a La Caixa. "La Generalitat estaba en deuda con Fainé [el presidente de la entidad] porque en los años 90 La Caixa salvó el proyecto de Port Aventura cuando estaba a punto de irse al garete", explica con la condición de mantener su anonimato.

La Caixa adquirió a principios de los 90 estos terrenos después de una gran expropiación para construir el parque de atracciones de Port Aventura, que queda a tocar del emplazamiento designado para BCNWorld. Los terrenos, expropiados como suelo rústico, se recalificaron y se convirtieron en edificables. Según explica este diputado, el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó a La Caixa con unos terrenos en los que nadie quería hacer nada. "BCNWorld era la mejor excusa para que alguien les comprara estos terrenos de una vez", remacha. Según los cálculos de los opositores del proyecto, La Caixa multiplicó por 10 el valor de sus terrenos gracias al Plan Director Urbanístico que se diseñó para el proyecto.

Una vez Veremonte descartó invertir en el proyecto, la Generalitat se enfrascó en una gira mundial para encontrar inversores que salvaran el complejo. "El proyecto en sí no es tan sorprendente", explica una abogada experta en urbanismo que trabajó en el asunto en 2012. "Lo que es realmente excepcional es ver a la Generalitat promoviendo un complejo de casinos, en unos terrenos que ni siquiera son suyos, como si fuese un asunto de interés general". Pons se hace una pregunta en el mismo sentido. "¿Por qué no se esfuerzan de la misma manera en buscar inversores para otros proyectos?".

Un Govern dividido

"Hablamos de un proyecto turístico de primer nivel. Que genera riqueza, valor añadido, que tiene operadores solventes y, por lo tanto, debemos aprovechar esta oportunidad". Así defendió el conseller de Territorio, Josep Rull (CDC), el proyecto el pasado 17 de febrero en el Parlament. Un par de horas más tarde, el vicepresidente del mismo Govern, Oriol Junqueras (ERC), decía lo siguiente en la misma cámara: "El proyecto debe replantearse, replantearse desde el consenso y se debe hacer alejado de lo que fue el anterior modelo, porque fracasó".

Ambas opiniones, vertidas en el mismo pleno por dos hombres fuertes del mismo Gobierno, muestran la división que hay en la Generalitat sobre un proyecto que nadie sabe cómo arreglar.

En el seno de JxS trabajan en un nuevo Plan Director Urbanístico (PDU) que permita a ERC sentirse cómoda con el proyecto. Fuentes parlamentarias, sin embargo, reconocen que las negociaciones avanzan muy lentamente ya que también se intenta incluir a la CUP, que se ha mostrado desde el principio muy beligerante con el complejo de casinos. El asunto genera tanta división que incluso JxS ofreció a la CUP congelar este proyecto a cambio de la investidura de Mas durante las negociaciones del pasado diciembre.

El Govern se ha demostrado incapaz de articular un discurso unitario respecto a este asunto. Si Carles Puigdemont proponía a principios de febrero consultar al territorio sobre si debía hacerse el complejo, Oriol Junqueras decía al cabo de 24 horas que la consulta debía celebrarse en toda Cataluña. Finalmente el Govern optó por silenciar estas dos opciones y fuentes del mismo explican que ahora concentran sus esfuerzos en "reelaborar un nuevo PDU".

El territorio pide una solución

"Llevamos ya demasiado tiempo detrás de este proyecto", explica Pere Granados, alcalde de Salou por CDC. "El tiempo es fundamental en inversiones tan importantes". El edil no escatima en reproches al Govern. "Lo de la consulta se lo han sacado de la manga para no asumir la responsabilidad que les pertoca", afirma.

La mayoría de vecinos consultados en Salou y Vila-Seca, las dos poblaciones donde se situaría el complejo, se muestran favorables a que se instale el proyecto. También consideran que, en caso de que se celebre una consulta, sólo se debería consultar a estos dos pueblos. "A mi no me preguntan nada sobre lo que hacen o dejan de hacer en Gerona", explicaba Javier, un vecino de Vila-Seca cuya casa se encuentra justo delante de la finca en la que se instalaría el complejo.

Joan Pons, el ambientólogo de Aturem BCNWorld, considera que los vecinos apoyan el proyecto debido a la falta de información. "Si a la gente le das portadas del Diario de Tarragona en las que cada día venden las bondades del proyecto... Teniendo en cuenta las circunstancias económicas, la gente acaba apoyándolo", explica en un bar de Canonge, un pueblo de la zona. "No se están ponderando todos los factores y la opinión pública no dispone de suficiente información".

Josep Antoni Belmonte, presidente de la patronal de Tarragona, cree que no hay que debatir más sobre el proyecto sino tirarlo adelante. "Para el territorio es vital y, además, la gente ya lo tenía asumido", comenta. "Debe haber alguien que se hace el sordo o que no se entera de la fiesta". Preguntado por el tipo de turismo que vendría a la zona, contesta que lo del turismo de baja calidad es un mito. "Si viene alguien que se salta la ley, la administración ya lo controlará", explica por teléfono. "Y si vienen muchas mujeres malas, pues que la Guardia Urbana les ponga multas por las noches, que me consta que ahora mismo no tienen ni un duro".

Un futuro incierto

Después de la huida de Veremonte, el Govern trató de apuntalar el proyecto asegurando al resto de inversores que el complejo se construirá pase lo que pase. A principios de febrero Puigdemont y Junqueras se reunieron con el grupo Hard Rock, que reiteró su compromiso de invertir 2.500 millones de euros junto al grupo Melco International. Según explican en la Generalitat, Junqueras y Puigdemont se comprometieron con los inversores a encontrar una "solución rápida" que resolviera las dudas que se cernían sobre el proyecto.

A pesar de las buenas palabras, en JxS siguen teniendo problemas para acordar una alternativa al diseño actual y se intenta que los dos partidos del Govern debatan el asunto de puertas para dentro. Mientras, el grupo Hard Rock podría convertirse en el segundo inversor que huye de BCNWorld. La sociedad que integra con el grupo Melco se ha convertido esta semana en una de las tres finalistas para construir en Chipre un complejo muy parecido al de Cataluña.

Tanto partidarios como detractores del proyecto coinciden en una cosa: nadie sabe ni cuál será la dimensión del proyecto ni si al final acabarán entrando las grúas en la inmensa parcela que se mantiene abandonada entre Salou y Vila-Seca. "A los vecinos se les vendió este proyecto con mucha ilusión", explica Belmonte, el líder de la patronal. "Si al final no se hace, la gente se va a alterar".