La Consejería de Hacienda valenciana acaba de abrir un procedimiento para reclamar al ex interventor general de la Generalitat Valenciana, Salvador Hernándiz, la multa fijada por el Consejo Europeo de 18,9 millones de euros por manipular la contabilidad de la Comunidad y esconder un agujero de más de 1.800 millones de euros no contabilizados.
Hernándiz fue nombrado por Eduardo Zaplana y cuando Francisco Camps llegó a la presidencia de la Generalitat le mantuvo en el cargo, y es a quien se le hace responsable del timo contable valenciano. La Comisión Europea fue muy tajante en su informe sobre la manipulación de las cuentas en España que provocó esa multa millonaria. "No respetaron los principios contables, usaron inadecuadamente cuentas extrapresupuestarias, el gasto quedó sin contabilizar durante años y la información estadística que comunicaban las autoridades autonómicas de la Comunidad Valenciana a las autoridades nacionales fue engañosa, provocando un error en los datos de déficit del Reino de España en 2012", recogía el documento.
El Gobierno de Camps ocultó cerca de 1.900 millones de euros guardando facturas relacionadas con la Sanidad en los cajones para poder gastar por encima de lo legalmente previsto.
La Generalitat, que debe pagar al Estado español la multa ya abonada al Consejo Europeo, abre ahora un expediente de reclamación patrimonial por mala gestión al que fuera su interventor general, un hecho nunca antes visto, salvo en casos de errores médicos o casos similares, según fuentes próximas al asunto.
Expediente por responsabilidad patrimonial
La resolución de la Consejería de Hacienda del gobierno valenciano, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, admite a trámite una reclamación interpuesta por la asociación Ajura, en la que se solicitaba la apertura de un procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas al servicio de las administraciones públicas contra el que fuera interventor general valenciano hasta 2012.
Entre las diligencias acordadas, la Hacienda valenciana reclama a la Intervención general de la Generalitat un informe técnico, además de reclamar al Gobierno central el informe de la Comisión Europa que recomienda imponer la multa a España así como la resolución del Consejero Europeo imponiendo ésta, por un total de 18.930.000 euros.
Asimismo, en el procedimiento se examinarán las declaraciones, inspecciones, escritos de defensa o alegaciones y demás que se entregó en el expediente europeo abierto a raíz de la notificación incorrecta de los datos de déficit de la Comunidad Valenciana.
El ex interventor general de la Generalitat valenciana, Salvador Hernándiz.
Incumplimiento de la norma europea
Se le reclama como consecuencia de la multa del Consejo Europeo al Gobierno de España por incumplir la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de notificar sus datos anuales de déficit y de deuda.
El informe de la Comisión Europea apuntaba a la Intervención General de la Generalitat como "principal responsable de la no aplicación del principio de devengo y de la ausencia de registro de cantidades considerables de gasto sanitario", afirma que "fue gravemente negligente”, llevando a una “información incorrecta" de los datos de déficit a Eurostat en 2012, después de la entrada en vigor de la Regulación EU 117/2011.
En el proceso europeo, Henándiz acudió a declarar para cargar las culpas contra la Consejería de Sanidad por incumplir sistemáticamente las reglas y no remitir en tiempo y forma las obligaciones pendientes de reconocimiento al cierre del ejercicio. Sin embargo, Europa concluyó que él sabía lo que estaba ocurriendo y no tomó medidas para corregirlo.
El origen de la manipulación
Según narra la asociación en el escrito presentado a la Consejería de Hacienda, en mayo de 2012, las autoridades estadísticas nacionales de España informaron a Eurostat de que el déficit de la Administración general correspondiente a 2011 debía revisarse al alza en un 0,2% del PIB respecto a la cifra notificada unas semanas antes en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Ello se debía principalmente al descubrimiento de gastos no registrados en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
Eurostat realizó inmediatamente visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema. "Resultó obvio que la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales durante muchos años. Además de no notificar gastos sanitarios considerables, la IGGV no había respetado el principio del devengo como exigen el Derecho nacional y el Derecho de la UE", recoge el escrito.
Por otro lado, tampoco se tomaron en consideración los informes de la Sindicatura de Cuentas autonómica, que advertían de estos problemas, ni las observaciones de la Consejería de Sanidad. Tras estas visitas, Eurostat publicó un informe con recomendaciones detalladas para garantizar la calidad de la información estadística transmitida por las autoridades autonómicas y locales. Eurostat trabajó con las autoridades españolas en la aplicación de esas recomendaciones.
Datos tergiversados
En septiembre de 2013, Eurostat realizó una visita de verificación a España para confirmar sus conclusiones sobre la notificación incorrecta en Valencia. A raíz de esa visita y tras analizar más a fondo la situación, recomendó que la Comisión abriera una investigación sobre la tergiversación de los datos.
En julio de 2014, la Comisión anunció la apertura de una investigación formal, de la posible manipulación de estadísticas en Valencia. Los Estados miembros están obligados a notificar sus datos anuales de déficit y de deuda a Eurostat dos veces al año, en estricto cumplimiento de las normas y los procedimientos estadísticos europeos. "Esta norma ha sido la que la Comunidad Valenciana ha vulnerado sistemáticamente, al haber suministrado a Eurostat durante años información inveraz", señala el documento.
Europa concluyó tras llevar a cabo una investigación que "la tergiversación de datos de déficit correspondientes a los años 1988-2011 fue fruto, como mínimo, de negligencia grave" y "graves irregularidades cometidas en la contabilidad, el registro y la notificación de la gastos de la Comunidad Valenciana durante muchos años", por lo que se impuso una multa al Reino de España de 18,9 millones de euros. España lo abonó pero ahora se lo reclama a los valencianos.