El Partido Popular ha suspendido de militancia de forma “cautelar y provisional” a los ediles y asesores del Ayuntamiento de Valencia acorralados por la corrupción solo unas horas antes de la reaparición pública de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno en funciones encara la fase final de las negociaciones “cortando por lo sano” con los militantes involucrados en el caso Taula que se resisten a abandonar el Ayuntamiento y seguirán aún en la corporación municipal valenciana como “concejales independientes”. Un gesto que “no basta” para la Ejecutiva regional liderada por Isabel Bonig, que se resiste a que los concejales no entreguen su acta y se marchen del Ayuntamiento. De momento, el PP salva a la senadora a Rita Barberá bajo el argumento de que “ella no está siendo investigada” y porque “ella no es concejal”.
El Partido Popular informaba a última hora de este lunes de que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido ha decidido suspender cautelarmente de militancia a los concejales y asesores de Valencia que investiga el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Lo ha hecho tras recibir un escrito de los afectados, que solicitaban la baja voluntaria y temporal del partido hasta que se esclarezcan los hechos investigados. En el escrito, Alfonso Novo renunciaba también a su cargo de portavoz del grupo municipal del PP en el consistorio valenciano. El puesto recae en el único concejal del grupo conservador que queda por imputar, Eusebio Monzó, que no es militante del partido que ahora representa.
Los nueve ediles que hasta este lunes formaban parte del Grupo Parlamentario Popular consuman su rebeldía y, aunque han aceptado darse de baja temporalmente del partido hasta que los hechos se esclarezcan, se resisten a entregar su acta de concejal. Ninguno está obligado a entregarla si no se les abre juicio oral y todos se agarran a esa línea roja. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, les pidió que dimitieran cuando se levantase el secreto del caso Taula, pero de momento solo ha conseguido que no se amparen bajo las siglas del Partido Popular. “No es suficiente, tienen que dejar el acta, quieran o no”, reconocen fuentes cercanas a la presidenta del partido valenciano.
En Génova, donde el caso Taula ha reavivado las diferencias que existen entre los afines y los que pedían más mano dura con Barberá, continuarán tramitando el expediente informativo abierto a todas las personas relacionadas con los hechos investigados, también a las que ha suspendido de militancia. Barberá, que es aforada, está pendiente de presentar un escrito al magistrado que quiere conocer su valoración de los hechos antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo, el órgano donde se investigaría si la exregidora financió ilegalmente la campaña electoral de 2015 donando mil euros al partido, como el resto del grupo municipal ahora apartado del partido.
El PP se reserva la expulsión definitiva de estos nueve concejales y nueve asesores municipales hasta que se cierre definitivamente el expediente. De momento, “se les aparta para que no acudan a ningún acto de partido”, reconocen fuentes internas del partido. Con este golpe de efecto, todos ganan tiempo: la dirección nacional y los concejales, que insisten en su inocencia y en que ellos no financiaron ilegalmente al partido. La dirección regional no se da por satisfecha: “O se van o les abrirá un expediente disciplinario por incumplir el trato con Bonig”.