El Gobierno intentó frenar sin éxito la “Recomendación Autónoma” emitida por la Comisión Europea el 9 de marzo pasado exigiéndole medidas adicionales para corregir el déficit. Las gestiones se desarrollaron al máximo nivel desde enero hasta dos días antes de la publicación de la medida. Incluso se aprovechó la cumbre de la UE con Turquía celebrada en Bruselas el 7 de marzo para intentar evitar que la Comisión Europea diera este paso.
Todas las gestiones, que se desarrollaron en tres frentes -Presidencia y los ministerios de Economía y Hacienda-, fueron infructuosas. Sin embargo, hasta el último momento, algunos de los protagonistas pensaron que la Comisión no daría el paso.
Dos factores se conjuraron en favor de que el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovski, y el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, dieran luz verde a la "Recomendación Autónoma". Uno fue el incumplimiento del objetivo de déficit que fuentes europeas calificaron de “escandaloso” por haber sido “reiteradamente anunciado” a lo largo de 2015. Dentro del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) en el que está incursa España desde el 27 de abril de 2009, se le había autorizado un déficit del 4,2% del PIB en 2016. El resultado final fue del 5,16%, que ha sido corregido hasta el 5% después de un ajuste contable autorizado por Eurostat, según anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Parlamento. La cifra definitiva la anunciará Eurostat en mayo.
El segundo factor fue la incertidumbre política que provoca la falta de un gobierno en España. Una incertidumbre que, por lo visto, no cesará hasta septiembre si se vuelven a celebrar elecciones en junio.
Confianza parlamentaria
La "Recomendación Autónoma" de la CE establece dos instancias en las cuales el Ejecutivo español puede intentar cumplir o, al menos, explicarse. La primera es en la actualización de los Presupuestos de 2016, solicitada por Bruselas en septiembre de 2015, ya que estos fueron aprobados en julio del año pasado sin contemplar los presupuestos autonómicos. Esta actualización sólo la puede enviar un gobierno que cuente con la confianza del Parlamento, por lo tanto, de momento ese camino está cerrado.
Una segunda instancia es incluir tales explicaciones en un capítulo especial del Programa de Estabilidad que España debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el 19 de abril comparecerá en las Cortes para explicar dicho Plan de Estabilidad Presupuestaria.
Lo único que lograron las gestiones del Gobierno fue que el anuncio de la Comisión Europea tuviera un perfil bajo. En el vídeo de la conferencia de prensa del 9 de marzo del portavoz de la CE se aprecia como éste se remite al comunicado y a unas declaraciones del vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovski y del comisario Pierre Moscovici donde el asunto se trata como un trámite sin importancia política.
Tercera vez en la historia que se usa
La "Recomendación Autónoma" de la Comisión (RAC) es un tipo de medida correctiva incluida en el “Two Pack”, el paquete legislativo aprobado en marzo de 2013 para reforzar el llamado “Six Pack”, normas que en 2011 endurecieron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las reglas del “Two Pack” permiten a la Comisión Europea supervisar la elaboración de los presupuestos de los países de la Eurozona. Se denomina autónoma porque, a diferencia de otras acciones de la Comisión, esta no requiere una decisión adicional del Consejo Europeo como las denominadas “recomendaciones al consejo”.
Es la tercera vez en la historia que la Comisión emplea esta herramienta jurídica. Antes, en marzo de 2014, se dirigieron sendas recomendaciones a Francia y a Eslovenia. Sin embargo, si se comparan la RAC dirigida a Francia y la enviada a España, se advierte que el tono es distinto.
El nivel de reproche que se hace al gobierno español es muy superior. Por un lado se le recuerda que ya en una ocasión -en noviembre de 2013- la Comisión tuvo manga ancha con España al estimar que entonces adoptó “acciones efectivas” para reducir el déficit, pero le afea que ha carecido de celo para aplicar posteriormente sus propias normas (la Ley de Estabilidad Presupuestaria). Así, le recuerda que de los 13 planes de ajustes presentados por los gobiernos autonómicos que no cumplieron su objetivo de déficit en 2014, el Consejo de Política Fiscal y Financiera sólo aprobó uno.
La recomendación atribuye el fracaso español en 2015 al impacto presupuestario de la rebaja del IRPF efectuada por el Gobierno y al incremento del gasto que absorbió los ingresos adicionales de otros impuestos. Además, critica que el Ejecutivo fiara la reducción del déficit a la recuperación económica y a la tendencia bajista de los tipos de interés de la deuda pública.
Cuestiona el ajuste fiscal 2013-15
Bruselas prevé que el déficit en 2016 será del 3,6% del PIB, pero muestra preocupación respecto de quién controlará el gasto, “sobre todo a nivel regional”. Aprecia “un crecimiento considerable (del gasto) en la segunda mitad de 2015 y un bajo impacto presupuestario de las medidas de consolidación del lado del gasto, especialmente a nivel regional y local en 2016”.
El documento pone en cuestión no sólo la desviación de 2015, sino todo el ajuste fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy entre los años 2013 y 2015. El cambio en el balance estructural en esos años apenas sería del 0,8% del PIB, muy por debajo del 2,7% que exigía el Consejo Europeo. De hecho, en 2015, el déficit estructural (el que no depende de un ciclo económico bueno o malo), que venía corrigiéndose en los últimos ejercicios, ha empeorado en 0,8% del PIB al pasar del 1,3% de 2014 al 2,1% en 2015 como recordó Pedro Saura, portavoz socialista en la comisión de Hacienda, en la comparecencia del ministro Montoro el jueves 7 de abril.
Factor agravante
El no cumplimiento de una RAC es considerado un factor agravante a la hora de evaluar por qué un país ha descarrilado dentro de un Procedimiento de Déficit Excesivo. Dicho incumplimiento puede acarrear una multa millonaria para el país afectado. En su momento, Francia consiguió demostrar que había adoptado “acciones efectivas” y eso le permitió evitar sanciones.
Esta es la segunda vez que España pone a prueba la nueva gobernanza económica del euro. En mayo de 2015 fue el primer estado miembro que la Comisión Europea propuso multar por la manipulación de las estadísticas de la Comunidad Valenciana en aplicación de sus nuevos poderes recogidos en el “Six Pack”.
La RAC supone un reforzamiento de la vigilancia que las instituciones europeas tienen sobre España. La próxima semana una delegación de Bruselas visitará España para entrevistarse con funcionarios de Economía y de Hacienda. También se trata de un poderoso obstáculo para los deseos de partidos como el PSOE y Ciudadanos, que pretendían utilizar la posibilidad de intercambiar un mayor déficit por reformas estructurales. La nueva Comisión que presidente Jean-Claude Juncker planteó a comienzos de 2015 la necesidad de flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el sentido de mostrar mayor tolerancia con los objetivos de déficit de los países que realicen reformas a fondo de sus economías.