Dos dirigentes de C's ganan en los tribunales a una candidata sorda
Los líos en el partido de Albert Rivera en el País Vasco siguen con la imputación de dos cargos nacionales.
16 abril, 2016 02:18Noticias relacionadas
Henar Pascual pudo ser el 20D la primera diputada sorda española. No hubiera sido la primera parlamentaria: Pilar Lima, de Podemos, fue en julio la primera senadora sorda. Pascual era candidata por Vizcaya de Ciudadanos. En una reunión en octubre en Madrid de los números 1 al Congreso del partido, una responsable de comunicación vio el potencial publicitario de Pascual. Le pidió que participara en un vídeo de mujeres, junto a Inés Arrimadas y Carolina Punset entre otras, que se emitió el 21 de noviembre. Dos días después, el 23 de noviembre, Albert Rivera citó a su candidata sorda en una entrevista en televisión.
Pascual había sido elegida en primarias en julio. El 24 de noviembre se publicó en el BOE la lista oficial con todos los candidatos. Era aún precampaña y Ciudadanos seguía creciendo en las encuestas. Rivera presumía en twitter en aquellos días de poder ganar las elecciones: “Rajoy sólo quiere debatir con Sánchez. Lógico. Con los que más cerca estamos de ganarle el #20D no quiere dar la cara”.
A pesar de ser el País Vasco la comunidad autónoma más difícil para Ciudadanos, si Rivera iba a estar cerca de ganar las elecciones, Pascual tenía opciones de ir al Congreso. El Mundo tituló así una de sus encuestas el 2 de diciembre: “Ciudadanos podría lograr un escaño en Bizkaia”.
Entonces ocurrió algo sorprendente: el delegado de Ciudadanos en Euskadi, Nicolás de Miguel, exigió a Henar Pascual que dimitiera. La primera vez que se lo pidió fue en una reunión el mismo 24 de noviembre por la tarde. La razón era un dinero que Pascual había empezado a cobrar del Ayuntamiento de Erandio como consultora por un trabajo que aún no había podido hacer.
Pascual lo había comunicado por un exceso de cautela que este asunto podría salir. Ningún experto del partido le había dado importancia -ningún medio tampoco desde entonces lo ha publicado- hasta que Pascual podía ser elegida y tener un cargo nacional.
Según dice De Miguel a EL ESPAÑOL, no había reparado en ese riesgo por falta de tiempo: “Yo era delegado de un montón de sitios: Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra. Era imposible estar al día. Tenía que atender a todo el mundo”. Tampoco sabía la gravedad de los presuntos hechos polémicos: “Yo soy un humanista, un tío de letras y me habían dicho que ahí podía haber peligro. El temor era que llegase a los medios”, dice.
De Miguel amenazó también a Pascual con que iba a suprimir la candidatura entera de Ciudadanos por Vizcaya si no se retiraba. Nunca llegó a cumplirlo: “Pero es que no sé, ese tipo de cosas luego no se deciden alegremente”, dice ahora De Miguel.
La caída es un calmante
Cuando el partido empezó a caer en los sondeos, las coacciones amainaron. Aunque De Miguel nunca le dio muchas opciones a sus candidatos: "Las perspectivas electorales del partido en Euskadi eran buenas en cuanto a obtener un resultad digno de cara a las autonómicas. Pero las opciones de tener representación por Euskadi eran remotas no, lo siguiente".
Después de la campaña, Pascual denunció por discriminación, coacciones, amenazas e injurias a De Miguel y el subdelegado de Ciudadanos en el País Vasco, Borja González. La denuncia contra De Miguel incluía la acusación de discriminación, pero el juez la desestimó porque las frases de De Miguel fueron en un ámbito privado. Este viernes ha salido la sentencia: el juez no ve ninguna falta más allá de líos políticos propios de un partido. De Miguel y González están absueltos. Pascual tiene 5 días para recurrir.
Las películas de terror
En la denuncia, Pascual incluía una conversación telefónica entre De Miguel y el candidato al Congreso por Guipúzcoa, Fernando López de Lacalle. De Miguel decía que tenía “orden de Barcelona” -sede central de Ciudadanos- de que Pascual no hablara en un mitin. Pascual puede hablar con un tono entrecortado pero comprensible. De Miguel cree que ese tono “parece una película de terror” y que “cuanto menos se la viese mejor, porque no ves que es sorda”.
De Miguel quita importancia al tono: “Era una conversación privada en un tono absolutamente como si hablaras como un colega”. Y añade: “Esta mujer participó en todos los actos, incluido ese”. Es cierto. El acto se celebró, pero las intervenciones fueron curiosas. El único que hizo un mitin tradicional fue Nicolás de Miguel. Los candidatos y otros líderes locales del partido se limitaron a leer un artículo de la Constitución.
La campaña de Pascual sabía hasta tal punto que los dirigentes del partido no estaban de su lado que usaban artimañas para evitar que se interpusieran en actos electorales. Ante una posible entrevista en la radio a Pascual, su equipo enredó a De Miguel diciéndole que era bueno que les dejara ir porque así los oyentes verían lo mal que hablaba Pascual.
Expulsiones y nuevas imputaciones
En paralelo a la denuncia, Henar Pascual fue expulsada del partido. El motivo del expediente fue haber “conspirado” en un grupo de Whatsapp con otros militantes. No eran unos afiliados cualesquiera: estaba el cargo electo más importante de Ciudadanos en Euskadi (de los tres que tiene), el juntero por Álava Miguel Ángel Carrera; los dos candidatos al Congreso por Vizcaya y Guipúzcoa, y los coordinadores del partido en Álava y Vizcaya. Todos fueron expulsados.
Ciudadanos descubrió presuntamente este grupo de Whatsapp en una visita que dos altos cargos del partido hicieron al despacho de Miguel Ángel Carrera en Vitoria. Oriol Burgés, número 2 del secretario de Organización de Ciudadanos, y Rubén Martínez, asistente de Grupos Institucionales.
Fue una reunión larga. La abogada de Carrera, Charo Cañete, no le ha permitido hablar con EL ESPAÑOL. Pero Carrera sí habló con Noticias de Álava. Allí cuenta que mandó algún informe a Barcelona donde se quejaba de irregularidades del partido en el País Vasco, como el trato a Henar Pascual. Pero la visita de Burgés y Martínez no fue, según Carrera, amistosa: “Ni siquiera querían hablar de los informes que yo les había mandado. Una y otra vez me preguntaban por circunstancias mías. Que por qué había llegado tarde a una comisión un día y cosas así. Les entregué un justificante de que había acompañado a mi madre, pero luego era otra cosa y otra cosa”.
Carrera concluyó que habían venido a por él: “Habían venido a buscarme cualquier tontería para echarme del partido, porque yo había molestado a gente de aquí colocada a dedo, de su máxima confianza”.
En esa reunión se obtuvieron las pruebas para la purga de militantes en el partido: Burgés o Martínez sacaron presuntamente fotos del móvil de Carrera sin su consentimiento. Así figura en una querella por la que Burgés y Martínez están imputados y deberán explicarse ante la justicia a principios de junio. Carrera da así su versión: “Debió ser en uno de los momentos en los que yo salí a buscar una documentación. Yo me entero después, cuando en uno de los expedientes abiertos a otro compañero veo un montón de fotos consecutivas de una conversación de Whatsapp entre un grupo de personas, yo incluido, en un móvil que resulta ser el mío”.
Este trato de los whatsapp como prueba para expulsiones es algo que Ciudadanos usa según conviene. Uno de los militantes expulsados adjuntó en su apelación los whatsapps de otro afiliado que hoy tiene un cargo interno en el partido. Allí decía que Ciudadanos era “un partido de nazis” y que Nicolás de Miguel era “un homosexual acomplejado”. De Miguel no ha querido comentar estos mensajes: “No voy a hacer declaraciones de esos asuntos internos. Somos un partido serio. Es un proyecto serio”.
La purga original
Esta purga de militantes no es la primera en el País Vasco. Después de las municipales, el partido revocó la militancia -aún no tenían 6 meses de antigüedad- al candidato por Irún, Javi Álvarez, y cinco de los miembros de su lista e implicados en la campaña. Irún es la segunda ciudad de Guipúzcoa. “La idea del partido era no hacer nada en campaña”, dice Álvarez. Pero él y su jefa de prensa habían llevado campañas de PSOE y PP y sabían qué había que hacer.
No hacer nada parecía ser habitual en el partido. Además del caso de Henar Pascual, al juntero Miguel Ángel Carrera también le dijeron que no debía moverse, según sus propias palabras: “Antes de la campaña electoral para las Generales me llegó un escrito firmado de mi partido en el que se me instaba a no participar en ningún acto político. Ni acudir a tertulias, ni dar entrevistas, ni ir a los Plenos ni asistir a las comisiones de las Juntas Generales. Directamente me pedían que me escondiese”.
En Irún hubiera ocurrido lo mismo si no fuera por la experiencia de los afiliados locales. “Nuestro presupuesto era cero”, dice Álvarez, cuando un presupuesto mínimo para una ciudad como Irún ronda los 20.000 euros. “Nos mandaron 100 carteles con mi cara y 500 flyers y pretendían cobrárnoslos”, dice Álvarez. El partido ya había mandado gratis algunos carteles de Rivera.
La experiencia de los dirigentes del partido también era escasa: “Una persona que va de coordinador de por Guipúzcoa, Jonathan Calvo, se plantó en la noche de pegada electoral de carteles con un bote de Loctite de los chinos”, en lugar de la cola habitual. De Miguel no ha querido explicar nada de Irún: “En ese tema no tengo nada que decir. No voy a comentar nada”. Consultado por El ESPAÑOL, Calvo ha dicho que iba a pedir permiso a Nicolás de Miguel para hablar y no ha devuelto la llamada.
Una comunidad difícil
La campaña de Irún fue sin embargo un éxito sin culminación. Ciudadanos se quedó a ciento y pico votos de obtener un concejal. Pero Álvarez nunca supo qué ocurrió: “Cuando uno espera que el coordinador y el subdelegado te van a llamar para felicitarte y animarte, te encuentras con lo que hacen es largarte. Yo no he conseguido nunca hablar con De Miguel ni con Calvo”. El motivo que escuchó de otra gente del partido fue así de vago: “Llegaron a decir por los enfoques que hacía la prensa en Irún, que habíamos hecho una campaña presidencialista y que nos poníamos delante del cartel de Ciudadanos para que no se viera a Rivera”.
Álvarez sí logró hablar por teléfono con José Manuel Villegas: “Llegué a hablar con Villegas. Me dijo que lo iba a investigar y que se pondría en contacto conmigo. Sigo esperando”. La queja más habitual entre los militantes vascos expulsados de Ciudadanos es que es una comunidad autónoma donde aún resulta difícil significarse: “No tener una explicación después de haber dado la cara, haber salido en los carteles, estar señalado, es muy llamativo”, dice Álvarez.