La pugna competencial entre los Gobiernos central y vasco, reabierta por los últimos recursos ante el Constitucional y la reacción del Ejecutivo de Urkullu, ha vivido este viernes en el Parlamento autonómico un nuevo capítulo sobre las contradicciones internas que provoca en el seno de la comunidad autónoma, fundamentalmente en el PNV.
El jueves volvía a quedar en evidencia durante el debate en el que se acordó la personación del Parlamento en el pleito abierto por el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley vasca de Vivienda. El PNV votó en contra de esta “mala ley”, que ahora asegura que defenderá a ultranza y en su literalidad ante la “invasión competencial” que cercena el autogobierno vasco.
La paradoja se extiende a la ley antifracking, igualmente recurrida por el Ejecutivo central, y también aprobada por la Cámara a espaldas del PNV y con el voto favorable en este caso–otra contradicción- del PP vasco.
La mayoría de la oposición cuestiona la voluntad del PNV para cumplir la ley, promovida por más de cien mil firmas a través de una iniciativa legislativa popular, y teme que se escude en el recurso ante el Tribunal Constitucional para dejarla sin efecto.
Tanto EH Bildu como PSE-EE, arduos defensores de la norma, han intentado infructuosamente esta mañana arrancar un compromiso político del Gobierno del PNV de no aplicación de la técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas en la comunidad autónoma.
Sus intentos han topado con la dialéctica del portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, que se ha zafado con una exhaustiva exposición sobre el panorama jurídico cambiante al que habrán de atenerse en cumplimiento de la legalidad.
Ha explicado que aún no se conocen los términos del recurso ante el Tribunal Constitucional y si la ley autonómica quedará suspendida finalmente; como tampoco si la modificación de las Cortes, con nuevas mayorías en contra del fracking, alterará la normativa básica estatal que permite esa práctica.
Aunque ha insistido en que la función de su Gobierno es defender las competencias vascas y cumplir en primer lugar las leyes decididas por el Parlamento de Vitoria, no ha convencido a sus adversarios políticos.
“¿VAN A SUSPENDER LAS LICENCIAS?”
Dani Maeztu, de EH Bildu, ha recordado que hay en marcha dos permisos de investigación para la búsqueda y extracción de gas, Enara y Angosto, otorgados a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, SHESA, dependiente del Ente vasco de la Energía, EVE, ambas sociedades públicas. “¿Van a suspender esas licencias?, cumplir la ley de esta Cámara está en manos del Gobierno vasco”, ha recalcado el parlamentario abertzale.
Una pregunta que no ha obtenido respuesta y ha hecho que Maeztu acusara al Ejecutivo de burlar las decisiones de la Cámara aplicando el “pase foral” [se acata pero no se cumple], una fórmula instaurada en el siglo XV y últimamente rescatada por el lehendakari en defensa de un sistema de garantías que blinde las competencias vascas de injerencias estatales.
“No están defendiendo jurídica y políticamente esta ley porque no les interesa”, ha criticado Maeztu.
De la misma opinión ha sido Natalia Rojo, del PSE-EE, que ha señalado que el Gobierno vasco seguía inyectando presupuesto para el fracking tras la aprobación de la ley y ha recordado que el País Vasco es la única comunidad autónoma donde se exploran sus posibilidades “con 100% de dinero público”.
GESTIONES EN EL MINISTERIO
La ley vasca antifracking fue elaborada cuidadosamente, según ha recordado Rojo, para eludir la declaración de anticonstitucionalidad de las normas, de “prohibición absoluta", aprobadas por Cantabria, La Rioja y Navarra. No prohíbe de forma específica la técnica de la fractura hidráulica pero pone tantos condicionantes que prácticamente la imposibilita, según se ha reconocido en el pleno de este viernes. Hasta el punto de que Erkoreka ha advertido a Maeztu de que con su exposición estaba dando argumentos al abogado del Estado para su recurso.
El PNV se opuso a la normativa vasca a lo largo de toda su tramitación, en la que defendió una moratoria de cinco años para la utilización del fracking que no prosperó. Durante los debates alertó del riesgo de inconstitucionalidad de la ley y tras su aprobación una parlamentaria del PP desveló gestiones del Gobierno vasco ante el Ministerio de Industria para que el Ejecutivo central instara un recurso para frenar su aplicación.
Maeztu y Rojo han recordado este hecho como prueba de la verdadera posición del PNV, a quien acusan de “aprovechar” la impugnación competencial para seguir adelante con su política energética. “Hablen claro”, le ha espetado la parlamentaria socialista a Erkoreka.
La postura del PNV no es tampoco la única de las paradojas que ha dejado el debate, en el que el portavoz se ha permitido ironizar con el recuerdo de que fue el actual presidente del Congreso, Patxi López, quien descubrió desde Estados Unidos en 2011 el gran potencial económico de una técnica de la que ahora reniegan los socialistas.
CHOQUE CON URKULLU
El pleno de control ha recogido además un nuevo choque entre el PP y el Gobierno vasco por los conflictos competenciales entre ambas Administraciones que los populares minimizan y PNV y el ejecutivo vasco destacan.
Antón Damborenea ha considerado que las denuncias nacionalistas obedecen a su intento de justificar su defensa de “nuevo estatus” y ha combatido con cifras el “mantra de la recentralización” y el “recorte de competencias”.
Sobre las 244 leyes aprobadas durante la legislatura de Mariano Rajoy el Gobierno vasco ha planteado 23 conflictos competenciales: 12 se han solucionado mediante acuerdo , 9 siguen pendientes y en dos casos el Constitucional ha dado la razón al Ejecutivo autonómico. El Gobierno de España se ha opuesto a tres leyes vascas y la impugnación de una de ellas se resolvió mediante negociación en la comisión bilateral.
Además ha habido 58 acuerdos de colaboración y encomiendas de gestión de competencias estatales a la Administración vasca y una modificación de la Ley del Concierto Económico que otorga al País Vasco competencias sobre cinco nuevos impuestos.
“Claro que ha habido acuerdos (…) pero ¿y los desacuerdos” ha replicado el lehendakari, que ha desgranado estos últimos y puesto entre otros ejemplos la aprobación de la LOMCE y la utilización sucesiva de la fórmula del Real Decreto para desvirtuar el Estatuto de Gernika. “No es un invento, es un hecho que responde a una estrategia deliberada”, ha apuntado.
Para frenar la situación y garantizar el cumplimiento del autogobierno Urkullu ha invocado la actualización del pase foral, una figura a la que ha recurrido en los últimos días y que permitía a los territorios vascos a partir del siglo XV aplazar la aplicación de normas de la Corona de Castilla hasta su negociación y acomodación a los fueros.
Mientras Damborenea ridiculizaba su “ataque de fuerismo”, Urkullu se ha aferrado a los “derechos históricos”, en los que sustenta el pase foral, para afrontar “la pérdida paulatina del valor del Estatuto de Gernika” y “la mutación ilegítima” del autogobierno vasco.