Los conflictos de competencias entre Madrid y Vitoria son una constante en el desarrollo del autogobierno vasco durante las últimas décadas. Ambos Gobiernos han recurrido con frecuencia al Tribunal Constitucional (TC) y a otras jurisdicciones en busca de la razón y el historial de encuentros y desencuentros entre las dos Administraciones es abundante.



La legislatura de Íñigo Urkullu no es una excepción, aunque las tensiones se están recrudeciendo al final de su mandato, cuando la cercanía de las elecciones autonómicas vascas y la debilidad del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy influyen en la reacciones tanto o más que el ámbito competencial objeto de disputa.

La litigiosidad no se reduce a la producción legislativa, pero a medida que la Cámara vasca ha incrementado el ritmo de elaboración de leyes han aumentado los choques entre gobiernos y las advertencias de riesgo de inconstitucionalidad sobre otros proyectos en tramitación.

Tal acumulación ha traído consigo respuestas airadas y evidenciado grandes paradojas: la defensa a ultranza del Gobierno vasco de dos leyes (vivienda y “antifracking”) aprobadas en contra de su criterio y bajo su expresa advertencia de inconstitucionalidad; y la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de recurrir una ley (“antifracking”) respaldada por su partido en la Cámara de Vitoria.

“IMPERIALISMO Y RECENTRALIZACIÓN”

Los recursos contra ambas normas han sido recibidos con fuertes acusaciones de “recentralización” e “imperialismo” por los dirigentes vascos. La posición del Gobierno y del PNV, contrario a las mismas, no ha rebajado la dureza de sus críticas.



El Ejecutivo autonómico resuelve esa aparente contradicción con el argumento de que lo que está en juego no es el “huevo” sino “el fuero”, o sea la capacidad de las instituciones vascas para elaborar sus propias leyes en ejercicio de su autogobierno.

Su portavoz, Josu Erkoreka, ha denunciado de forma insistente el intento de “erosionar” las “dinámicas autonómicas”, sobre todo “el último mes”, en una “traca final” en la que incluye las impugnaciones de la jornada laboral de 35 horas, la OPE de la Ertzaintza y las becas de Educación, medidas todas ellas acordadas por su Gobierno.

La Administración Central se defiende de las acusaciones dándole la vuelta al argumento. Considera que el Ejecutivo vasco se apropia de atribuciones que no le pertenecen e invoca el mismo derecho a acudir a los tribunales que le asiste a su oponente cuando recurre leyes o decretos estatales.

LA MANO TENDIDA DEL PP

Cada parte hace la cuenta a su manera y donde Erkoreka suma 33 conflictos competenciales cruzados entre ambas Administraciones, el ministro en funciones de Sanidad, Alfonso Alonso, tan sólo ve 23 y recalca que más de la mitad se han resuelto mediante acuerdo en las comisiones bilaterales de negociación. Añade que el Ejecutivo vasco sólo ha recurrido tres de las leyes promulgadas en la legislatura de Rajoy.



Alonso puso este lunes sus datos encima de la mesa, en un intento de rebajar la tensión, al finalizar la primera entrevista oficial que mantenía con el lehendakari, Iñigo Urkullu, como presidente del PP vasco tras sustituir a Arantza Quiroga al frente del partido en octubre de 2015.

A la salida del encuentro el ministro dio por establecido un cauce de diálogo con el presidente vasco y candidato a la reelección y ofreció al PNV la “colaboración “ del PP para configurar el futuro mapa autonómico y hacer frente a proyectos “populistas” o de “extrema izquierda”. Aludía, sin citarla, a una posible alianza entre Podemos y EH Bildu para desalojar al partido de Ortuzar de Ajuria Enea.

Su oferta de mano tendida hacia “la moderación” y “la centralidad” ha sido recibida con desconfianza por culpa de la guerra de competencias entablada, cuyas consecuencias parecen minar la credibilidad de las aproximaciones.

Este martes, al término del Consejo de Gobierno, Erkoreka ha señalado la “contradicción manifiesta” entre la propuesta de búsqueda de acuerdos de Alonso y las actitudes de “abierta confrontación” y “permanente judicialización” de cuestiones competenciales exhibidas por el Gobierno de Rajoy. Ha comentado que sus declaraciones son “vergonzosas” y “desdibujan” la realidad. “Los hechos van por un lado y las palabras por otro”, ha objetado en su rechazo.

FRENTE COMÚN

El recrudecimiento del debate sobre la presunta injerencia del Estado en las competencias vascas se ha visto intensificado desde que el pasado viernes se conociera la decisión del Constitucional de admitir el recurso contra la Ley vasca de Vivienda, lo que conlleva la suspensión cautelar automática de una veintena de artículos.

El Gobierno vasco y el PNV no están solos en su reclamación. Tanto el PSE-EE, su socio primordial en la legislatura, como EH Bildu le presionan desde distintos ángulos para que haga frente a los “excesos” de Madrid, que extienden hasta el Real Decreto de Prescripción de Enfermera, recurrido desde Vitoria.

La coalición abertzale mantiene la necesidad de articular un frente común y ha solicitado la comparecencia extraordinaria del lehendakari en el Parlamento Vasco para diseñar “una estrategia” que afronte” el “proceso involucionista” del Estado y “blinde” las decisiones de la sociedad vasca.

ÚLTIMAS LEYES POLÉMICAS

1.- Ley de vivienda

Impulsada desde la oposición por el PSE-EE, La Ley vasca de Vivienda contó con el apoyo de EH Bildu y UPyD y el voto de rechazo de PNV y PP.

La normativa, aprobada en junio de 2015, garantiza el derecho subjetivo a disponer de una vivienda digna. Una necesidad que se satisface mediante el alquiler y que de no ser así todo ciudadano empadronado en un municipio vasco puede reclamar ante los tribunales.

Los artículos recurridos tienen que ver con el gravamen establecido para los pisos desocupados (canon de 10 euros por metro cuadrado y año) y el alquiler forzoso de los mismos.

También se impugna la expropiación a los bancos del uso temporal de viviendas objeto de desahucio, aunque para solventar los problemas de la norma andaluza la acción se limita a los casos en los que la Administración no disponga de un piso que ofrecer al afectado.

El Gobierno central estima que ley vasca establece el “deber” de habitar la vivienda, e invade las competencias estatales de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles ante la ley.

Rechaza el canon que grava a los pisos desocupados, en base a un “sistema de presunciones" legales, como los consumos de agua, gas o electricidad, con los que se pretende acreditar que se encuentran vacíos y en virtud de los cuales podrán imponerse sanciones graves o muy graves.

Sobre las expropiaciones alega, entre otras cosas, su impacto sobre las entidades de crédito y el mercado hipotecario, vulnerando la competencia estatal de planificación general de la actividad económica.

2.- Ley “antifracking”

La Ley de Medidas de Protección Medioambiental para la Fractura Hidráulica, más conocida como “antifracking”, fue impulsada por más de cien mil ciudadanos, que presentaron una Iniciativa Legislativa Popular. Se aprobó el 30 de junio de 2015 con los votos a favor de EH Bildu, PSE y PP y la abstención del PNV y UPyD.

La norma no prohíbe el fracking de manera génerica, pero impone tantas condiciones que en la práctica supone un veto a la utilización de esa controvertida técnica de extracción de gas del subsuelo.



El Gobierno español acordó recientemente en Consejo de Ministros recurrir la ley vasca después de que fracasaran las negociaciones bilaterales para llegar a un acuerdo.

Avalado por un informe del Consejo de Estado, sostiene que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético y el principio de seguridad jurídica.



Defiende que las atribuciones vascas en materia ambiental “no implica vaciar de competencias al Estado” y recurre a los precedentes judiciales emanados del propio Constitucional, que anuló las leyes de Cantabria y La Rioja.

Aunque el propio ministro Alonso ha llegado a afirmar en defensa del recurso que la capacidad de permitir o no el fracking reside en el Estado, el PP vasco votó a favor de la aprobación de la Ley cuando Arantza Quiroga presidía el partido.

El giro de los populares, antes reticentes, fue denunciado desde el PNV aunque negado por sus artífices, que entendieron que la falta de una prohibición taxativa evitaba el riesgo de inconstitucionalidad.

3.- Ley de adicciones

La última norma conflictiva aprobada es la Ley sobre Adicciones, que en uno de sus apartados (artículo 83) abre la puerta a los clubes de consumo de cannabis, para que operen legalmente mediante el desarrollo de un decreto posterior.

Los Ministerios de Interior y Justicia remitieron al Palamento sendos escritos antes de su aprobación por entender que no se puede despenalizar “de facto” una droga ilegal . El mismo argumento fue utilizado por el PP vasco para votar en contra del polémico artículo.

Su posición y el recurso presentado contra una ley navarra similar hacían predecible una impugnación de la normativa vasca por parte del Gobierno español.

Esta impresión fue ratificada en un primer momento por las palabras del ministro de Sanidad , que sostuvo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy barajaba la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

A la salida de la reunión celebrada este lunes con Urkullu, Alonso anticipó en cambio su opinión de que no habrá recurso. No dio más explicaciones pero todo hace pensar en un “gesto” enmarcado en el actual contexto preelectoral y el deseo expresado por el PP de acercar posturas con el PNV.

4.-Ley de empleo público

La ley de Empleo Público regula las condiciones laborales de 70.000 funcionarios vascos, pero la iniciativa no es más que un proyecto que tiene pocos visos de convertirse en realidad ante el inminente fin de la legislatura vasca.

Su remisión al Parlamento no ha pasado desapercibida para los Ministerios de Hacienda y Empleo, cuyos titulares en funciones han enviado sendos escritos a la Cámara advirtiendo de aquellos puntos que pueden colisionar con la normativa estatal.

Entre ellos destacan dos: la propuesta de que los interinos puedan acceder al funcionariado por un turno de acceso al margen de las OPE ordinarias, y el hecho de que no se haga mención expresa de la obligación del funcionario a acatar la Constitución.

La “amenaza” se ve limitada en su cumplimiento tanto por cuestiones de calendario como por la incertidumbre existente sobre el nuevo Gobierno de España. En base a ella, y en función de la exigencia de jurar la Carta Magna, Erkoreka ha añadido en sus últimas declaraciones el término de “nacional católica” a la “obsesión recentralizadora” del Ejecutivo de Rajoy.

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