Tanto Ciudadanos como el Partido Popular han criticado duramente la situación que viven las familias que solicitaron el castellano para la educación de sus hijos en Cataluña. Ambos partidos reconocen ser conscientes de la situación por la que pasan estos padres que han aparecido en el reportaje de EL ESPAÑOL y denuncian a la Generalitat como principal responsable del conflicto.
"El Govern, a través de sus tentáculos en asociaciones de padres y medios de comunicación, promueve este tipo de boicots", ha afirmado Carlos Carrizosa, diputado autonómico de Ciudadanos. "Estamos al lado absolutamente de estas familias que padecen una presión intolerable", ha añadido en conversación telefónica, antes de recordar que en Cataluña hay muchas familias viven esa situación.
"Estamos ante una vulneración de derechos individuales y además con menores de edad en medio", ha añadido la diputada del PP María José García, responsable de asuntos de educación en el PP catalán. "No es un tema jurídico sino social y de sensibilidad, todo esto no tiene cabida en una democracia del siglo XXI".
"No puede ser que sean las familias las que estén obligadas a exigir judicialmente el cumplimiento de la ley", ha añadido Carrizosa, que considera que tanto el Gobierno como el Ministerio de Educación podrían hacer mucho más para ayudar a estas familias. "Se trata de mera voluntad política, ya que normativamente el debate está resuelto". Según este diputado, si el castellano se usara como lengua vehicular en las escuelas catalanas con carácter general no ocurrirían las situaciones descritas en el reportaje de EL ESPAÑOL. El grupo de Ciudadanos defiende que en las escuelas catalanas se realice un 40% de clases en catalán, un 40% en castellano y un 20% en inglés.
Ante las acusaciones de inacción por parte del Ministerio de Educación, García responde que la situación es más compleja de lo que parece y alega un conflicto competencial. Según esta diputada, al presentar conflictos de competencia deben demostrar que la Generalitat actúa con mala fe, algo que resulta muy complicado. "Lo han hecho de manera muy inteligente y ahora nos cuesta mucho demostrar que la Generalitat está actuando contra la ley". García explica que la mayoría de jurisprudencia sobre la materia suele fallar a favor de la descentralización y luego la consellería de Educación actúa de manera que no se aplique la normativa pero parezca que sí.
García también recuerda que el Ministerio de Educación presentó el curso pasado un recurso contencioso-administrativo contra la consellería de Educación por no figurar en los documentos para la preinscripción una casilla para pedir las clases en castellano.
Carrizosa lo ve distinto: "Se ha procurado evitar el conflicto con la Administración nacionalista y al final mira lo que han conseguido", sostiene. "Las familias no han encontrado el apoyo del Gobierno, ni por parte de la inspección educativa ni por la parte legal ya que la reforma de la LOMCE ha sido inútil".