La Policía sostiene que Cataluña dispone ya de una "diplomacia paralela" con "cierta capacidad para establecer alianzas con terceros países fuera de los cauces formalmente establecidos". Se trata, por lo tanto, de un "pseudo servicio exterior catalán" con "capacidad para operar en el ámbito geopolítico, favoreciendo alianzas y colaboraciones potencialmente desestabilizadoras que contribuirían a los objetivos del proceso independentista".
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elaborado una serie de informes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en los que "constatan" el "despliegue de una firme estrategia dirigida al reconocimiento internacional de Cataluña como Estado".
El "resultado final" de esta iniciativa pasa por "la creación de un auténtico estado de opinión internacional favorable al proceso independentista a fin de que éste acabe germinando en forma de apoyos explícitos". En este sentido el Gobierno catalán persigue "interferir en las relaciones que España mantiene con otros países" así como "generar apoyos explícitos en caso de una eventual secesión de Cataluña".
Los instrumentos
La Policía recuerda que "el Gobierno de Cataluña ejerce su acción exterior y está presente en el mundo a través de distintos organismos". Entre otros, las "delegaciones del Gobierno en el exterior, 36 oficinas sectoriales de la Agencia para la Competitividad de la Empresa, el Instituto Ramon Llull, la Agencia Catalana de Turismo, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo o los convenios de colaboración en múltiples universidades del mundo".
No obstante, la Generalitat "ejerce y coordina su actividad exterior" a través de la "Consejería de Asuntos Exteriores y Transparencia". De este organismo "depende la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea". Y, por su parte, de la citada Secretaría "dependen las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el exterior, verdaderos ejecutores de la acción exterior y cuyo objetivo genérico es la defensa del conjunto de los intereses de Cataluña y su proyección internacional".
El "nuevo ente no estatal"
La Policía "concluye" que "el escenario" que se va a producir en Cataluña "a medio plazo" pasa por "la aparición de un nuevo ente no estatal, diferenciado de España, reconocido y reconocible por terceros". "Como consecuencia de lo anterior, el Estado de forma paulatina, a través de canales, en muchos casos informales, utilizados desde la Generalitat, dejaría de ser el destinatario natural de las iniciativas que provienen del exterior y de liderar aquellas cuestiones sobre las que la administración autonómica iría adquiriendo un ámbito de soberanía".
"Por otra parte", prosigue la Policía, "un eventual reconocimiento constitucional de Cataluña como nación permitiría superar uno de los paradigmas que dificulta a día de hoy la legitimación del proceso ante la comunidad internacional, que es precisamente la de condición de minoría nacional".
"Ese reconocimiento, por muy matizado que resultara en su elaboración, permitiría, posteriormente, esgrimirlo internacionalmente como argumento jurídico en favor de las tesis independentistas". Asimismo, precisan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "la empatía y el estado de opinión que se genere entre los ciudadanos de otros países respecto de la causa catalana, puede permitir a medio plazo influir en los gobiernos extranjeros a través de las actitudes de sus ciudadanos hacia el proceso".
La Policía pone también el foco sobre el denominado Diplocat, Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, y precisa que "en base a los datos objetivos que se poseen" las delegaciones de la Generalitat en el exterior y las Comunidades Catalanas en el Exterior disponen de "capacidad para organizar ante una audiencia cualificada y en lugares acorde con dicha audiencia, actos dirigidos directamente a justificar y legitimar el proceso".
Por último, señalan los informes policiales que "cualquier respuesta del Estado en contra del fenómeno independentista podría traducirse", gracias a esta estrategia en marcha, "en movilizaciones y campañas de protesta, no sólo en territorio español sino también en algunos países en los que las comunidades catalanas en el exterior poseen capacidad de movilización". "Eso permitiría convertir el proceso en un problema internacional que forzara una eventual mediación", apostillan.
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