El partido liderado por Pablo Iglesias ha encontrado el momento de cobrarse su venganza con el sindicato Manos Limpias, el que ha estado hostigando a varios dirigentes de Podemos con querellas, incluso al propio partido al que ha acusado de financiarse ilegalmente. La formación ha presentado en la Audiencia Nacional una petición para poder personarse como acusación popular en la causa que investiga el juez Santiago Pedraz y que ha llevado a prisión al secretario general del sindicato, Miguel Bernad, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por extorsionar a cambio de publicidad o de retirar acusaciones contra imputados.

Poco antes de ser detenidos los jefes de esta supuesta organización criminal, Manos Limpias había presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra los principales dirigentes de la formación -Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero- por haber recibido financiación ilegal del Gobierno venezolano y del régimen iraní, acusándoles de numerosos delitos como asociación ilícita, organización criminal, financiación ilegal o delitos contra la Hacienda Pública.

La querella estaba basada principalmente en un informe de la Policía, conocido como PISA, que hablaba de pagos recibidos por Iglesias y otros dirigentes de la formación morada por parte de gobiernos extranjeros. Sin embargo, ese informe nunca se judicializó, nunca había salido de la Policía y, aun así, Manos Limpias lo obtuvo para elaborar su querella. La Fiscalía del alto tribunal dijo que no podía darse por válido un informe redactado a base de recortes de periódico y el tribunal no la admitió a trámite.

Esta no es la única querella interpuesta por el sindicato contra los miembros de Podemos. La mayoría de ellas han acabado archivadas pero mediáticamente han tenido repercusión. Así que ahora la formación de Pablo Iglesias ha encontrado su momento para acabar con aquellos que han puesto sus nombres en los tribunales.

Actuará contra el sindicato

Según fuentes jurídicas, Podemos ha pedido la personación como acusación ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Ahora, el juez Santiago Pedraz, previo informe de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza, deberá decidir si permite que actué como acusación y si para ello le fija una fianza.

Si entra como acusación, podrá pedir al instructor que practique las diligencias que considere oportunas y en caso de llegar el asunto a juicio podrán, junto al Ministerio Público, acusar de los delitos que considere oportunos y con sus respectivas penas de prisión para Bernad, Pineda y el resto de imputados.

No es la primera causa en la que este partido se persona como acusación popular. En otro asunto que también lleva el juez Pedraz, presentó una querella contra la familia Pujol, aunque el instructor aceptó únicamente lo relativo a uno de los hijos del ex presidente catalán, Oleguer Pujol. Según la formación, la empresa del menor de los Pujol recibió 8 millones desde las Islas Vírgenes para comprar un hotel en Canarias.

Iglesias, Monedero y Errejón

En el último año, Manos Limpias había intentado llevar a los tribunales a los principales dirigentes de Podemos. Este pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que no había indicios de delito contra la Junta Directiva de la asociación cultural Producciones CMI (Con Mano Izquierda), productora del programa La Tuerka, a la que acusaba de llevar dinero a Podemos procedente de Irán y Venezuela.

El tribunal avaló la decisión adoptada por un juzgado de Madrid que archivó la querella por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra el derecho de los trabajadores, organización criminal o asociación ilícita y desobediencia a la autoridad. El sindicato afirmaba que la asociación, productora del programa que presenta Pablo Iglesias, había sido receptora de comisiones ilegales procedentes, en su mayoría, de Venezuela e Irán, a través de los contratos que mantenía con la televisión iraní Hispan TV.

Ya en mayo de 2015, el Tribunal Supremo había archivado otra querella del sindicato liderado por Bernad contra Iglesias por varios delitos como desobediencia, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal o alternativamente asociación ilícita, apropiación indebida o alternativamente delito societario de administración desleal, tráfico de influencias, cohecho o alternativamente corrupción entre particulares, y delito contra la Hacienda Pública. Sin embargo, el sindicato no cesó en su intentó porque algún tribunal admitiera alguna de las querellas contra Podemos y siguió presentado escritos en diversos juzgados.

También actuó contra el ex dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, después de que se conociera que Hacienda y la Universidad Complutense de Madrid -donde imparte clases como profesor- iniciaron sendas investigaciones contra él por sus servicios de asesoría a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua realizados en 2010 para la creación de una unidad monetaria en Latinoamérica, por los cuales habría percibido 425.000 euros que no habría declarado y que no habría informado a la universidad por si existía alguna incompatibilidad.

El número 2, en el Supremo

Ante estos hechos, Manos Limpias presentó una querella en un juzgado de Madrid pero éste archivó el asunto al entender que no ha habido fraude fiscal, dado que el ex dirigente 'podemita' había realizado con anterioridad a iniciar la investigación una declaración complementaria ante Hacienda. En concreto, pagó 141.215 euros de IRPF y 77.280 euros de IVA cinco días antes de que la Agencia Tributaria abriera una inspección contra él.

El único que todavía tiene una causa abierta tras una querella del sindicato es el número 2 del partido, Íñigo Errejón, que ahora está pendiente de que el Tribuna Supremo informe al respecto. La investigación es por una presunta estafa relativa a las irregularidades demostradas en su contrato con la Universidad de Málaga. La jueza instructora de Málaga se inhibió del asunto al ser Errejón elegido diputado. Una vez que se han vuelto a disolver las cortes, el alto tribunal podría devolver la causa a Málaga o esperar a las nuevas elecciones generales.

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