Operación Chamartín: otra batalla que se librará el 26-J

Enfundarán sus pistolas y no volverán a disparar hasta el 26-J. La operación Chamartín ha rebasado los límites consistoriales. Aunque el Paseo de la Castellana no pase por La Moncloa, las decisiones en torno a la operación urbanística más famosa de los últimos veinte años pasará por manos del próximo presidente del Gobierno, o como mínimo de su ministro de Fomento.

El equipo de Carmena ha dicho que no aprobará el plan propuesto por DCN- matriz formada por BBVA y constructora San José-, pero el grupo de inversión ha dejado claro que no renuncia a él. “El proyecto ha sido denegado, pero sigue encima de la mesa. Si existe voluntad política, se puede llevar a la práctica inmediatamente. Se puede retomar y es reconducible”, dice uno de sus portavoces.

Un trío es imprescindible

Para que las grúas echen a andar, Ayuntamiento, Comunidad y Fomento deben montarse un trío. El Consistorio debe aprobar las obras en el pleno, la Comunidad tiene la última palabra en la modificación del plan de ordenación urbana necesaria y Fomento es propietario de más del 60% de los terrenos. Con que una sola de las partes se borre del affaire, no habrá prolongación de la Castellana.

Dos proyectos sobre la mesa. El suscrito por DCN -inversor privado que pretende dejar en Madrid 6.000 millones de euros- reúne las voluntades de Fomento y la Comunidad de Madrid, pero no la del Ayuntamiento. De ahí que la operación esté muerta. Pero con el boceto de Carmena ocurre otro tanto: ninguna de las otras dos partes lo ve con buenos ojos. ¿Cómo se desbloquea la situación? Tanto el equipo de Carmena como el inversor privado miran al Ministerio de Fomento, ahora en funciones y atado de manos.

Las elecciones serán clave

Un Gobierno del PP, como el de ahora, nunca permitiría los movimientos pensados por Ahora Madrid, algo que ya se lo ha hecho saber a pesar de estar gobernando tan solo administrativamente. Pero Carmena tiene la esperanza de que un Ejecutivo de 'cambio' les abra las puertas. “Con un ministro nuestro no habría problema”, dijo la concejal de Urbanismo del PSOE, Mercedes González.

DCN, en cambio, vería frustrado definitivamente su plan si el socialismo llegara a Fomento. Ahora, Comunidad y Ministerio, ambos del PP, acuerdan dar la espalda a Carmena y así se lo hicieron saber en una reunión en la que participaron las tres administraciones además del inversor, que fue representado por el presidente del BBVA, Francisco González.

Un Gobierno sin cambio presionaría a Carmena

Carmena sabe que su palabra es clave, al igual que la de las otra dos administraciones. Por eso puede enrocarse y hacer valer su posición. “Su urbanismo ideológico hará que Madrid pierda 160.000 empleos”, le recriminó la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, esta semana. Ciudadanos, en la misma línea, acusó a la regidora de “espantar la inversión de la capital”.

DCN todavía no ha renunciado a su intención de invertir en Madrid. Aunque el apoyo del Ayuntamiento sea imprescindible, sabe que si el próximo Gobierno de España no está formado por PSOE o Podemos recaería una dura presión sobre el Consistorio, que si no diera su brazo a torcer estaría allanando un camino hacia la eternidad, como el que ha venido siguiendo la operación Chamartín todos estos años.

¿Qué separa a Carmena de DCN?

Los planes son radicalmente distintos. El elaborado por Carmena junto al PSOE prima la inversión pública frente a la privada. “Es el fin del pelotazo urbanístico”, presumen. Sus 18 folios no hablan de financiación y contemplan que el terreno a edificar es de alrededor de 1.700.000 metros cuadrados.

Los más de 30.000 folios de DCN, en cambio, detallan el dinero a invertir: más de 6.000 millones de euros. La superficie edificable supera los 3 millones de metros cuadrados, lo que no gusta al Ayuntamiento y les lleva a hablar de “farándula” y “pelotazo”.

Al ser mucho mayor la superficie a construir, DCN contempla levantar más de 15.000 viviendas, frente a las 3.000 de Carmena.

Resulta sorprendente que el número de empleos prometidos por una y otra parte sea similar, cuando una obra es de mucho mayor magnitud que la otra. Hablan de 120.000 nuevos puestos de trabajo.

Tanto inversor como Ayuntamiento se necesitan el uno al otro, pero saben que el nuevo Gobierno -propietario de más del 60% de los terrenos a edificar- será decisivo.