Por qué el PP cree que no tiene que pagar la fianza de 1,2 M en la causa contra Bárcenas

El PP se ha revuelto -jurídicamente- contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de darle un plazo de 10 días para que deposite una fianza de 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario de los delitos fiscales de los que se acusa a dos de sus ex tesoreros (Álvaro Lapuerta), un ex gerente (Cristóbal Páez) y los directivos del estudio de arquitectura Unifica. Según el resultado de la investigación de la caja B del PP -que aún está pendiente de juicio-, esa empresa habría cobrado en negro una parte de las obras que realizó en la sede central del partido en la calle Génova.

El PP ha presentado un recurso en el que pide que se suspenda el plazo que se le ha dado para depositar la fianza porque considera que los cálculos aritméticos no están bien hechos y cree que primero hay que tasar la totalidad de los bienes que el Juzgado ha embargado a los acusados.

El recurso, en el que el PP reprocha al Juzgado que no le haya notificado ninguna de las actuaciones realizadas en la pieza sobre la responsabilidad civil pese a estar directamente afectado como responsable subsidiario, se basa en los siguientes argumentos:

- La responsabilidad civil exigible por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública asciende a 1.245.154,18 € en total, cuantía por la que "debe prestarse fianza de manera conjunta y solidaria por los acusados, por cualquiera de ellos (y no por cada uno de ellos, como se ha interpretado). Si uno o varios de los acusados presentase bienes o activos suficientes para cubrir dicha cuantía, la obligación de prestar fianza se entendería cumplida para el resto y, en consecuencia, para el Partido Popular", cuya responsabilidad sólo es subsidiaria.

- Al exigirse la totalidad de la fianza al PP "se le está dando el tratamiento de responsable solidario cuando a lo sumo sería exclusivamente responsable civil subsidiario". Únicamente cabría exigir al Partido Popular la prestación de fianza "en el supuesto de que las personas físicas acusadas no presentasen bienes suficientes para cubrir las eventuales responsabilidades pecuniarias. Y, en este caso, únicamente estaría obligado a prestar fianza en la cuantía que no hubiera sido ya cubierta por los acusados, pero no por el total de la responsabilidad civil".

"Lo contrario", sostiene el recurso, "supondría un afianzamiento exorbitado que nunca podría hacerse efectivo en fase de ejecución de sentencia, puesto que supondría un enriquecimiento injusto de la Administración".

Afianzados 15 millones

- Los acusados han acreditado ya una solvencia que asciende a 4.184.490,52 € (Álvaro Lapuerta), 455.370,51 € (Cristóbal Páez) y 10.978.926,59 € (directivos de Unifica), cantidades que "necesariamente se deberían haber tenido en consideración" antes de fijar una cuantía al PP como responsable civil subsidiario.

- El Juzgado ha situado en indefensión al partido "que ha sido requerido para el pago del 100% de la responsabilidad civil solicitada por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública sin haber sido notificada y sin contar con información respecto de las labores de averiguación patrimonial, designación de bienes, embargo o tasación judicial de dichos bienes de los demás responsables civiles, de cuya solvencia depende el consiguiente perjuicio patrimonial" de esta formación.