Los exduques de Palma tendrán que esperar a la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares para conocer si finalmente son condenados por el 'caso Nóos'. Después de seis meses de juicio con la exposición de todas las pruebas, tanto Iñaki Urdangarin como Cristina de Borbón se siguen enfrentando a las mismas penas de prisión.
En el caso del exjugador de balonmano, el fiscal sigue manteniendo los 19 años y medio de prisión por haber obtenido más de seis millones de euros de dinero público de manera irregular y haber defraudado a Hacienda. En el caso de la infanta, el sindicato Manos Limpias ha mantenido los ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido.
El mantenimiento de su petición está puesta en entredicho después de que su secretario general, Miguel Bernad, haya ingresado en prisión por intentar extorsionar al entorno de la infanta y reclamar tres millones de euros a cambio de retirar la acusación en este juicio, según se desprende de la investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Además, los testigos presentados en el juicio han asegurado que la hija de Juan Carlos I no era conocedora del uso por parte de Urdangarin del Instituto Nóos para enriquecerse de dinero público de manera irregular. Asimismo, los inspectores de la Agencia Tributaria que han declarado como peritos han asegurado que la hermana de Felipe VI no es responsable del uso que su marido dio a Aizoon, la sociedad que compartían al 50%, y a través de la cual Urdangarin defraudó a Hacienda.
Sin embargo, como Manos Limpias sigue manteniendo la petición de pena de prisión para la hija de Juan Carlos I, el tribunal deberá estudiar si considera que existen pruebas que demuestren que ha colaborado en los delitos fiscales cometidos por su marido.
Rebaja a Matas y la infanta partícipe lucrativo
El único acusado que a conseguido una sustancia rebaja de la petición de pena por parte del fiscal es el expresidente balear, Jaume Matas, quien de 11 años ha pasado a 5 años, al entender la Fiscalía que ha colaborado en la implicación de otros acusados y ha reparado el daño, al ingresar ayer mismo en la cuenta del tribunal 800.000 euros, de la venta de su palacete. Concretamente, el fiscal pide que se le condene a cuatro años por malversación de caudales públicos y a un año por fraude.
Todas las acusaciones han presentados hoy sus conclusiones definitivas una vez finalizada toda la fase de prueba en el juicio que se celebra desde enero en la Audiencia Provincial de Palma. La semana que viene, cada una de ellas realizará un informe explicando porqué considera que cada acusados debe ser condenado y que hechos entienden han quedado probados.
En el caso de Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, se les ha rebajado ligeramente la cuota defraudada, después de que los peritos de Hacienda recalcularan la cifra, pero aún así la cantidad no es lo suficientemente sustanciosa para rebajar las peticiones de pena respecto al delito fiscal, así que por tanto se siguen manteniendo los casi 20 años para el exduque de Palma y los 16 años y medio para su exsocio en todo el entramado Nóos.
En el caso de la infanta, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y el resto de acusaciones la consideran partícipe a título lucrativo. Esto significa que debe devolver el dinero que consideran ha disfrutado y tiene origen delictivo, a pesar de que ella era desconocedora de su procedencia. Aún así, el fiscal ha recordado que Cristina de Borbón consignó ya en 2014 la cantidad reclamada, y que fue un total de 587.000 euros.
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