El Gobierno andaluz de Susana Díaz y el PSOE han recibido un nuevo balón de oxígeno para sacudirse las acusaciones de corrupción en plena campaña electoral. El juzgado de instrucción de instrucción número 4 de Jaén ha archivado la investigación sobre los cursos de formación que se seguía contra la exdirectora provincial del SAE Irene Sabalete y otros catorce técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento. El archivo responde a no haberse encontrado “irregularidad alguna” en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos que subvenciona y porque tampoco se ven indicios de malversación de fondos públicos.
La importancia de este archivo es que es el primero que se produce por un causa global en una provincia, hasta ahora ha habido otros archivos pero sobre causas de empresas concretas. Por ejemplo, el pasado mes de abril, el Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla archivó una causa al no apreciar indicios de delito en la concesión de una subvención a la Asociación de Enfermos Mentales de San Juan Grande para un curso. Algo parecido sucedía en los juzgados de Instrucción de Almería 1 y 4 en mayo y abril, cuando se decretó el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra las empresas Aplinfo Almería SL o el archivo de la causa contra el Centro de Estudios Andarax SL, respectivamente.
Este archivo se produce justo 48 horas después de otro no menos importante para Díaz. Este pasado martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía archivaba la causa contra el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, por un presunto delito de prevaricación administrativa y falsedad en documento público por la adjudicación de la construcción de un centro de investigación durante su etapa anterior como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.
La jueza de instrucción número 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, expone en su auto que no hay razones para “sospechar o presumir” que los fondos de la Junta fueran “malversados con el visto bueno, autorización o por desidia”. Tampoco ve indicios de que los responsables dieran órdenes o indicaciones para beneficiar a determinados empresarios, sin relación probada con la administración “más allá de lo que policialmente se expone y no se acredita", y que "se beneficiaran torticeramente de tales fondos”. En este punto, la juez llega a definir como “manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espúreas por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral”.
También constata que la actuación de los técnicos “no aparece irregular en absoluto” y tampoco que haya “actuación ilícita” de los jefes de servicio o de departamento o de la ex directora provincial, Inés Sabalete. A tenor de que el fraude investigado no alcanza el 15% de las subvenciones y al tener la Junta abiertos expedientes de reintegro, la jueza considera “innecesario realizar mayores apreciaciones sobre la inexistencia de fraude generalizado” y defiende el archivo para evitar “pena de banquillo innecesaria”.
Cuestiona las tesis policiales
Los hechos se remontan al 20 de junio de 2014, cuando en un informe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal se exponía la existencia de “posibles irregularidades”, que podrían constituir “delitos de fraude en la obtención de subvenciones, estafa, falsedad documental y probables delitos de malversación y/o prevaricación” en la concesión de estas subvenciones en de Málaga y que extendían a todas las provincias andaluzas. La jueza cuestiona el informe policial al desconocer “los criterios de selección” de las empresas investigadas, ya que se investigaron 25 de las 195 compañías que obtuvieron ayudas. Según el juez, aunque el fraude se cifraba inicialmente en 2,7 millones, la Fiscalía solicitó el pasado 28 de abril el archivo respecto de seis de dichas empresas, lo que dejaba el montante de lo supuestamente defraudado en 598.237 euros.
También rebate la tesis policial de que la “cúpula de cargos y técnicos” del Servicio Andaluz de Empleo “prevarican, falsean o malversan caudales públicos” en la concesión, ya que hay mecanismos de control tanto documentales como de visitas de técnicos “sin que se detecten irregularidades relevantes”. Aún así, advierte de que “no existe la posibilidad de control absoluto” sobre los beneficiarios, y como ejemplo expone “los posibles fraudes que se cometen por particulares en relación a sus respectivas obligaciones tributarias, algunos de ellos también integrantes de otras administraciones a las que saquean, para lo que basta examinar la prensa diaria”.
Díaz: “Una gran farsa y una gran mentira de PP y Podemos"
Este auto es para el PSOE andaluz algo más que un respiro después de dos semanas intensas en el que han estado bajo el foco. Hace apenas quince días tuvieron que pasar por la comisión de investigación en Parlamento andaluz los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la propia Susana Díaz por este supuesto fraude. A esto se une, el auto de procesamiento abreviado de Chaves y Griñán por los ERE y el caso ahora archivado de Ramírez de Arellano.
En el caso de los fondos de formación, este auto les favorece y mucho a los socialistas para su argumentario de campaña. De alguna manera vendría a avalar la tesis que ya defendiera uno de los principales señalados en este caso, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández que advirtió que este caso podría ser un “bluf” o el argumento que esgrimieron Chaves y Griñán de que la Junta actuó de acuerdo con legalidad vigente y si hubo irregularidades, no ha sido por culpa de la administración sino por el administrado que actuó en su contra de esta. O como dijo Susana Díaz en esta comisión: “Al no haber menoscabo de fondos públicos no ha habido fraude”.
Tras conocerse este auto, lo primero que ha pedido la presidenta andaluza a PP y Podemos es que pidan perdón por el “muchísimo daño causado” y “sin pudor” tanto a los altos cargos y funcionarios de la Junta por este caso, así como a Ramírez de Arellano, ya que de no hacerlo, a su juicio, estarían demostrando que “no quieren combatir la corrupción, sino hacerle daño al adversario”.
“Primero fueron los interventores y ahora son los jueces los que están poniendo sobre la mesa que evidentemente no había caso de corrupción ahí donde el PPr o Podemos quiso montar una gran farsa y una gran mentira para hacer daños a funcionarios, a altos cargos y a la Junta”, ha dicho Díaz, convencida de que el problema de PP y Podemos es que juegan a “ganar con malas artes lo que no son capaces de ganar en las urnas”.
Desde el PP andaluz, por el momento, no han respondido a la petición de disculpas que exige Díaz. Han mostrado respeto a la justicia, pero la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha apuntando que de la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía “ya se saben los datos que han salido de allí”, recordando que han visto documentos con “bebidas, comidas, fiestas y juergas con el dinero de los desempleados que no llegaba a los parados”.