La apertura del juicio oral por el caso De Miguel, conocida este martes, ha clarificado las diferentes posiciones de las distintas instituciones, todas ellas en manos del PNV, personadas en el proceso sobre el mayor asunto de presunta corrupción descubierto en los últimos años en el País Vasco, que sentará en el banquillo a 26 personas, la mayoría relacionadas con el partido de Andoni Ortuzar y entre ellas a tres exdirigentes alaveses.
Mientras que el Gobierno vasco no reclama cárcel contra ninguno de los imputados, la Diputación de Bizkaia, gobernada por PNV y PSE-EE, solicita penas de prisión contra dos empresarios, padre e hijo, vinculados a la formación nacionalista, por la supuesta comisión de varios delitos fiscales en el transcurso de una de las operaciones, la
de Zambrana, llevadas a cabo por la trama encabezada por el exdiputado foral Alfredo de Miguel.
Para Jesús Arruti Odriozola reclama una pena de cuatro años más una multa de 415.256 euros y para Josu Arruti Letemendia, dos años de cárcel y el pago de 140.000 euros. De prosperar su petición ambos tendrán que indemnizar también a la institución foral con cerca de 700.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Según el relato de la Fiscalía, los Arruti eludieron declarar los beneficios de cerca de un millón de euros obtenidos por sus empresas (Sidepur y Zerulur) y no anotaron tampoco en su declaración de IRPF un incremento patrimonial de más de medio millón. Unas ganancias provenientes en todos los casos de los inversores catalanes a los que asesoraron en la frustrada recalificación urbanística promovida en el municipio alavés de Zambrana y que el fiscal considera ingresos resultantes de comisiones ilícitas.
LIMITADO A LA ACCIÓN CIVIL
La actuación de la Diputación, presidida por Unai Rementeria (PNV), contrasta con la del Ejecutivo vasco, liderado por Íñigo Urkullu, que centra su acción a lo civil, porque estima “redundante” cualquier aportación a la calificación penal de los hechos “dadas las penas” solicitadas por el Ministerio Público, según expone en el escrito que recoge la jueza Eneida Arbaizar en su auto de apertura de juicio oral.
El Gobierno vasco reclama únicamente a siete de los encausados el pago conjunto de 221.779 euros por las adjudicaciones irregulares otorgadas a empresas pantalla de la trama (Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga) desde la viceconsejería de Cultura y la Dirección de Deportes del Gobierno vasco, gestionadas entonces por Gurutz Larrañaga
y Xabier Sánchez Robles.
La Fiscalía pide para ellos dos penas de 17 y 18 años de cárcel por los contratos públicos concedidos a las tres mercantiles. Estima que los tres principales imputados, los exdirigentes nacionalistas Alfredo de Miguel, AitorTellería y Koldo Otxandiano, se valieron de sus relaciones personales y de partido para contratar, para sí y sus
amigos, con las instituciones controladas por el PNV. De esta forma recibieron sólo del Ejecutivo adjudicaciones por un total de 289.359 euros a cambio de prestaciones que en algunos casos ni siquiera se llevaron a cabo.
El Gobierno reduce la responsabilidad de las mujeres de De Miguel, Tellería y Otxandiano, fundadoras de Kataia Consulting, la empresa embrionaria de la trama, a la de partícipes a título lucrativo de la misma cantidad que se demanda a sus maridos.
La postura del Ejecutivo autonómico, centrada únicamente en la indemnización, ha sido cuestionada por su “tibieza” por la oposición parlamentaria, ante la que el Gobierno se ha defendido alegando que solo busca el resarcimiento por el posible perjuicio económico causado. Su objetivo, ha expuesto su portavoz Josu Erkoreka, no es
ejercer de fiscal ni la defensa de la legalidad en su conjunto sino la recuperación del quebranto originado.
El PNV ha minimizado siempre el alcance de la presunta red de
corrupción descubierta y criticado en varias ocasiones la instrucción
realizada por el juez y el fiscal. El paso dado por la Diputación de Bizkaia en la parte de su competencia al secundar al Ministerio Público y contemplar la existencia de delitos fiscales, amplía el foco más de lo que lo ha hecho nunca el partido de Ortuzar y el Gobierno vasco. Tanto el PNV como el Ejecutivo han obviado las distintas
vertientes del caso para reducir sus efectos a una pérdida de “200.000
euros” en los contratos con la Administración vasca.
ÁLAVA, FUERA DE LA CAUSA
En el auto en el que la jueza Arbaizar da paso a la celebración de la vista oral, la magistrada aparta del proceso a la Diputación de Álava, gobernada por PNV y PSE-EE , ya que la institución no constata la existencia de perjuicio económico para sus arcas y rechaza ejercer la acusación, en consonancia con la postura del fiscal sobre las dos
contrataciones realizadas por el ente foral alavés.
El caso De Miguel afloró en marzo de 2010 a raíz de la denuncia de
extorsión de la empresaria Ainhoa Alberdi. La investigación judicial dejó al descubierto un complicado entramado societario con distintas ramificaciones creado a partir de Kataia Consulting con la finalidad de lograr un beneficio “ilícito” para el “enriquecimiento personal y de terceros”.
Sólo para los tres exdirigentes nacionalistas la Fiscalía ya pide un total de más de 119 años de prisión. La mayoría del resto de los 23 acusados también afronta severas penas de cárcel, así como cuantiosas multas.
El auto de apertura del juicio oral, hecho público a tan sólo cinco
días de las elecciones generales, establece como medidas cautelares la aportación de elevadas fianzas, aunque no tan abultadas como lassolicitadas por el fiscal en su escrito de acusación. En todos los casos la magistrada opta por reducir las cantidades. Baste un ejemplo: a De Miguel se le exige que garantice el pago de más de 16,5 millones de euros frente a los 25 demandados por el fiscal.
Se abre ahora un periodo para la presentación de los escritos de defensa. Tras esa fase la Audiencia de Álava deberá fijar la fecha del juicio, que presumiblemente no se celebrará hasta después de las elecciones autonómicas previstas para octubre.