El fiscal archiva el caso de los comedores escolares en País Vasco

La Fiscalía Superior del País Vasco no ve indicios de delito en la actuación de las ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores escolares de los colegios públicos vascos sancionadas por la Autoridad vasca de la Competencia (AVC) con una multa millonaria.

Recuerda que en el Derecho Penal prevalece la presunción de inocencia y archiva las diligencias iniciadas a instancias del Gobierno vasco, que recurrió a la Fiscalía en cumplimiento de una decisión parlamentaria.

El fiscal superior, Juan Calparsoro, “no aprecia elementos ni circunstancias que permitan hablar de concertación dolosa y punible entre las empresas –castigada por el artículo 262 del Código Penal- con el fin de alterar el precio de remate”.

Las ocho empresas investigadas fueron sancionadas por la AVC con una multa global de 18 millones de euros, la más alta en la historia de la institución administrativa vasca. Competencia dictaminó que actuaron como un cártel para distribuirse el mercado al menos entre 2003 y 2014, periodo en el que “pautaron” la presentación de ofertas para repartirse los lotes que el Gobierno vasco sacaba a licitación, alterando su precio al alza. Debido a ello causaron una “grave quebranto” a las arcas públicas y a las familias de los escolares, que pagan gran parte del servicio.

A lo largo de esos doce años facturaron al Departamento de Educación un total de 854 millones de euros. Sólo con “la limitada apertura a la competencia” producida en el curso 2015 -2016 “se generó un ahorro” de 7 millones.

Durante el debate político posterior a la decisión de la AVC algunas fuentes situaron el sobrecoste originado en un 30%, por comparación con los precios del servicio de catering en los centros educativos privados, y elevaron hasta más de 200 millones el perjuicio económico causado.

EXIGENCIAS DEL DERECHO PENAL

En su decreto de archivo, el fiscal superior del País Vasco no cuestiona la sanción impuesta por Competencia pero incide en que el Derecho Penal y el Derecho Administrativo actúan sobre “distintos campos de culpabilidad”. Ambos protegen el mismo bien jurídico de la libertad de precios en concursos o subastas, pero las exigencias para imputar responsabilidades penales son “más estrictas y rigurosas” que las que bastan para determinar las responsabilidades administrativas.

“En Derecho Penal rigen los principios de in dubio pro reo y de presunción de inocencia”, explica Calparsoro. Recuerda que la resolución de la AVC “se basa en pruebas de presunciones o indicios”, mientras que “se exigen una condiciones más estrictas para considerar probado de manera indubitada un delito mediante prueba indiciaria”.

Por esos motivos no estima “acreditados” indicios de delito por parte de las empresas, ni tampoco la participación de autoridades o empleados públicos en la concertación sancionada por Competencia.

“Se han proferido conjeturas, sospechas y reproches, que son lícitos en la esfera del debate de políticas públicas pero que no bastan para atribuir responsabilidades penales”, concluye el fiscal.

DIFERENCIAS DE PRECIOS

Durante las diligencias practicadas la Fiscalía tomó declaración a los representantes de las ocho empresas sancionadas: Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina central Magui, Eurest Euskadi, Eurest Colectividades. Tamar Las Arenas , Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca.

Todos negaron que actuaran de común acuerdo y alegaron que las diferencias de precios entre comedores de colegios públicos y privados obedecen a que las exigencias de los primeros son mayores, lo que repercute en los costes de las empresas.

Las condiciones del personal adscrito a los comedores públicos son mejores. Tienen mayores salarios y 200 horas menos de trabajo y el Gobierno vasco impone además que se cubran las bajas de los monitores.

Respecto a los menús, el Departamento de Educación marca los ingredientes principales de los veinte días de comedor mensuales, establece una determinada calidad y numerosos parámetros, atendiendo incluso a cuánto tiene que pesar, por ejemplo, el filete de pescado.

DEBATE POLÍTICO

La multa impuesta por Competencia el pasado mes de febrero originó un fuerte debate político en el País Vasco. Todos los partidos de la oposición salvo el PSE-EE, que mantiene un pacto de gobernabilidad con el PNV, pidieron la intervención de la Fiscalía y solicitaron sin éxito la creación de una comisión parlamentaria que investigara el fraude y depurara responsabilidades políticas.

El concurso de comedores escolares de la red pública vasca requiere de una fase previa de homologación en la que interviene la Administración y en la que las empresas deben acreditar una serie de requisitos para optar a la licitación.

PP y UPyD denunciaron que la concertación de precios no podía haberse llevado a cabo sin la participación de los técnicos ni el consentimiento de los responsables públicos, aunque Competencia no observó irregularidades en el funcionamiento del Departamento de Educación, La Administración vasca sigue contratando con las empresas multadas aunque ha modificado parcialmente el sistema de contratación, ampliando el número de lotes e impidiendo su adjudicación si no se presenta más de una oferta.

Estas modificaciones no convencen al PP, el partido más beligerante, que asegura que no se cumple un sistema de libre concurrencia porque, entre otros argumentos, hay empresas que utilizan marcas distintas para pujar por el mismo lote.