Anticorrupción rastrea hasta Andorra el destino de 3 millones en contratos públicos

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción rastrean el destino de 7,8 millones de euros en contratos públicos, con la sospecha de que al menos tres de ellos terminaron ocultos en Andorra por medio de cortinas financieras. Según la tesis de los investigadores, el dinero provendría de acuerdos amañados y concedidos por al menos 24 ayuntamientos (principalmente catalanes) que beneficiaron así a la consultora Efial. La firma es la principal investigada en la operación Termyca, que estalló este martes con la detención de 11 personas y el registro de 48 domicilios y oficinas. Sin embargo, los investigadores analizan también si parte de los fondos desviados a Andorra corresponde a dádivas para alguno de los exalcaldes detenidos.

Según los registros mercantiles, la principal empresa investigada facturó en los cinco últimos años 7,8 millones de euros, con los ayuntamientos cuestionados como parte de sus clientes. El año de máximo beneficio fue 2010, ejercicio en el que Efial ingresó 2,44 millones de euros. Los investigadores trabajan con la tesis de que parte de los fondos fueron desviados a Andorra con complejas estructuras empresariales y servicios inexistentes. De hecho, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la empresa que durante años ha controlado Efial gestiona además el 33% de una firma andorrana llamada OCPS Auditors. Este martes, Anticorrupción solicitó a sus homólogos andorranos cuatro registros en viviendas y oficinas del principado.

Además, los investigadores analizan el papel de un financiero; Jaume Sabater, presidente de la firma andorrana Universal Gestió, socio fundador de Efial y ex director general de Andbank hasta 2008. La entidad financiera es una vieja conocida de la Justicia española ya que hasta allí se llevó su fortuna oculta la familia Pujol, investigada por la Audiencia Nacional. Actualmente, Sabater es presidente de la Asociación de Entidades Financieras de Andorra.

Ramificaciones en Madrid

Según la contabilidad oficial, las acciones de Efial -abierta en Barcelona en 2007- estuvieron desde su apertura en manos de una sociedad llamada Oliver Camps Auditors. Así lo reflejaba el BORME en 2012, aunque ahora la firma declara que el titular es el empresario Antonio Martos Carrasco, uno de los detenidos en la operación desarrollada este martes, que ya estaba imputado por la operación Petrum sobre la corrupción política en Torredembarra, dirigida por el mismo Juzgado. En ese procedimiento, la Guardia Civil analizó ya la contratación presuntamente fraudulenta de Efial por parte del consistorio local y descubrió que la empresa participaba en la elaboración de los pliegos para sus propios contratos.

Así, la operación lanzada este martes se distingue en dos planos. Por un lado, la Guardia Civil investiga la contratación de Efial por parte de 24 de ayuntamientos. Este martes, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron ocho de ellos (Tortosa, Ascó, Vandellos, L'Atmella de Mar, Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón). Buscaban información sobre los contratos entregados a dedo a la empresa por supuestas asesorías. Contratos que parecen ahora amañados fuera de la normativa. Entre las pesquisas del martes, los agentes requirieron información también al Ayuntamiento de Girona, controlado entonces por el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En febrero de 2016, cuando el nombre de la sociedad se encontraba ya relacionado con la operación Petrum, sus dueños le cambiaron el nombre y pasó a llamarse Consultoría de Gestión Innovadora (CGI). Con estas nuevas siglas, la empresa aparece referenciada en las escuchas de la Operación Púnica. Ahora, los agentes analizan también el papel jugado por CGI en varios ayuntamientos madrileños.