El diputado De la Serna justificó cobros de 203.000 euros con informes copiados de Wikipedia

Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, siendo diputado nacional por el PP y embajador en la India, respectivamente, crearon un entramado societario a través del cual cobraron trabajos de asesoramiento, y que tiene como trasfondo un verdadero tráfico de influencias, según se desprende de la investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Fiscalía Anticorrupción, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Del análisis de la documentación incautada durante la investigación, se desprende que ambos ex dirigentes 'populares' hicieron trasvases de dinero de unas sociedades a otras, con el objetivo de defraudar a Hacienda.

Para justificar esos movimientos, emitieron facturas desde una sociedad, Arroyo de Lagasca SL, a otra, también suya, Scardovi, por supuestos informes de asesoramiento aportados por De la Serna. Aunque en realidad se trataban de documentos de dos folios copiados directamente y literalmente de Wikipedia. Asimismo, también aportaba presentación de fotocopias de leyes y decretos, información directamente extraída de diferentes webs, documentos descargados de internet y presentados del mismo modo, fichas de información recopilada de la web de Ministerios de Asuntos Exteriores de países determinados, o artículos copiados de webs.

Scardovi era la sociedad dirigida por De la Serna y De Arístegui, a través de la cual cobraron trabajos de asesoramiento ahora puestos en la lupa judicial y por los que están siendo investigados por varios delitos, entre ellos el de organización criminal, corrupción en transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.

A través de esta sociedad cobraron 3 millones de euros en diversos trabajos que ellos vendían como asesoramiento. Uno de sus ingresos investigados es un encargo para la empresa Elecnor. Los investigadores sospechan que la compañía les contrató para que ejercieran tráfico de influencias con el gobierno argelino, dado que les tenían bloqueado la expedición de unas certificaciones. Según se recoge en un informe policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, “la actividad internacional del Grupo Elecnor estaba ampliamente consolidada con anterioridad a establecer relaciones comerciales con De Arístegui y De la Serna”.

Convencer al gobierno argelino

“Lo anterior pondría en evidencia que la relación que establecieron posteriormente Elecnor y De Arístegui-De la Serna, por mediación de José Faya, no tuvo como fundamento internacionalización de la empresa”, establece la UDEF. Precisamente, Faya, contratado por los dos ex dirigentes del PP, fue quien denunció ante la Policía el entramado delictivo, tras un conflicto por una deuda económica.

De la documentación intervenida, la Policía concluye que uno de los motivos del retraso en la finalización del proyecto fue que el Ministerio de Aguas Argelino no pagaba las certificaciones de obra, necesitando que las autoridades argelinas realizasen esos pagos a la empresa adjudicataria. “Este hecho parece que tiene una relación directa con la intervención de De Arístegui y De la Serna en este proyecto, ya que el primer contrato de agencia entre éstos y Elecnor data de 1 de marzo de 2010”, señala el informe.

De la causa se desprende que el trabajo del diputado y el embajador era conseguir que el Ministerio argelino desbloqueara la obra. Para ello, contrataron a una persona, Cristobal Tomé, para que intermediara por ellos.

Pagos a familiares de funcionarios

Este intermediario, pagado por Scardovi, pagó a familiares de funcionarios del gobierno argelino para conseguir ese desbloqueo. La Policía ha detectado pagos por valor de 13.000 euros, hecho con conocimiento, por lo menos, de De la Serna, tal y como consta en un correo electrónico remitido al diputado, con un inicial “Estimado Pedro”. En éste, Tomé se quejaba de los retrasos de Elecnor en los pagos:

“Como hasta la fecha no hemos cobrado y ante de tomar una decisión que nos pueda perjudicar, me dirijo a ti a ver que solución le damos. A pesar de que me digas que en Elecnor están enfadados por los avances que nos han hecho, me permito recordarte que estos avances han servido para hacer avanzar el bloqueo a lo que estaban sometido y cuando quieras y con mucho gusto te enseño los justificantes de envío de dinero ( la mayor parte por Western Unión a Francia y destinado a familiares de los directivos de la empresa estatal). Como comprenderás te los puedo enseñar pero no darte copias que puedan perjudicar a dichas personas”.

Una sociedad holandesa como tapadera

Otro de los objetivos de los investigadores es una sociedad holandesa, Castelino BV, que recibe por los menos dos transferencias, de 1,2 millones de euros y 1,6 millones de euros, por parte de Elecnor sin que conste que haya hecho un trabajo real para la compañía. “De lo expuesto se puede concluir que detrás de los pagos a Castelino BV no se encuentra acreditado ningún tipo de trabajo realmente realizado por esta mercantil para justificar los mismos. Todo lo cual lleva a inferir que se trata de una mera sociedad instrumental para canalizar parte de las comisiones que habrían recibido tanto Cristóbal Tomé (incluidos los adelantos para pagar a funcionarios y/o familiares de funcionarios argelinos) y las comisiones de Scardovi”, sostiene la Policía.

Esta sociedad tiene tres administradores, dos en los Países Bajos y uno en las Antillas Holandesas. El representante de esta sociedad en España sería la asesoría Auditoria & Consulting Navarrra SL, siendo los administradores Alfonso e Israel Suarez, imputados también en la causa.

Al igual que Cristóbal Tomé, el denunciante, José Faya, identifica a la sociedad Castelino como una mercantil extranjera empleada para efectuar los pagos a autoridades, funcionarios o familiares relacionados con la empresa estatal argelina ADE. “Si bien todavía no se tiene constancia del destino de los fondos transferidos por Elecnor a Castelino sí que se ha puesto de relieve la no existencia de cualquier soporte documental, físico o digital, acreditativo de un mínimo trabajo desempeñado por la empresa holandesa”, sostienen los investigadores.

De la Serna y Arístegui, los directores

De la investigación se concluye de manera indiciaria que los jefes de toda la organización criminal investigada son Gómez de la Serna y De Arístetgui, quienes ostentaban la dirección de los proyectos realizados a través de Scardovi. Tras estallar el escándalo, Arístegui se vio forzado a dimitir como embajador de la Indicia y De la Serna fue expulsado del Grupo Parlamentario Popular y enviado al Grupo Mixto.

Hasta ahora, la causa se encontraba bajo secreto de sumario y se desconocía el alcance de la investigación desarrollada por Anticorrupción y UDEF. Sin embargo, ahora se ha descubierto cómo ambos se enriquecieron por hacer uso de sus influencias sobre otros gobiernos y además quisieron defraudar a Hacienda a través de facturaciones por trabajos ficticios.

Junto a Scardovi, otra de las sociedades empleadas por ambos es Karistia. A raíz de una deuda tributaria generada por esta última, “cambia la manera de facturación y el cobro de igualas y comisiones, así que la forma de hacer llegar las comisiones a Gustavo de Arístegui por los contratos celebrados con las diversas empresas por Scardovi, entre las que se encuentra Elecnor, y pasa a hacerse a través de sociedades interpuestas, nacionales y extranjeras”.

Por un lado, hacia la sociedad Arroyo Lagasca SL, que inició sus actividades en noviembre de 2012, y que tiene una amalgama de actividades dentro de su objeto social, entre las que se encuentran desde la confección, diseño, elaboración, comercialización y venta de todo tipo de trabajos de serigrafía y tampografía, hasta la intermediación y asesoría para el comercio exterior. Su socio y administrador único es el hijo de Gustavo, Borja Manuel De Arístegui.

Por otro lado, la mercantil marroquí Kamaroc, creada en mayo de 2012, es la utilizada por el exembajador para transferirse parte de los fondos obtenidos por esos asesoramientos. “Esta facturación entre Scardovi y las sociedades referidas son un intento por disimular el destino final del dinero y, por tanto, la persona que se encuentra detrás de esas mercantiles, Gustavo de Arístegui”, añade el informe.