El ex diputado Vicente Martínez Pujalte cobró importantes cantidades por asesorar a empresas privadas, unos trabajos ajenos a su función como diputado en el Congreso. Así consiguió facturar 5.000 euros al mes de una constructora (Grupo Collosa) cambio de informes verbales. Y así cobró al menos 60.000 euros de sus compañeros en el Partido Popular Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui. Sin embargo, en la documentación que enviaba para estos negocios, Martínez Pujalte se encargaba de destacar su cargo como diputado por Murcia en la Cámara Baja. La misma que le autorizó estos negocios que ahora investiga la Justicia.
Sobre el papel, el ex portavoz de Economía en el Congreso trabajaba para una sociedad llamada Sirga XXI, una consultora ya extinguida. Sin embargo, en sus envíos de documentación Martínez Pujalte utilizaba de forma constante sus tarjetas con el sello del Congreso de los Diputados."Pedro, he visto este documento que puede ser muy interesante para ti", escribía el ex diputado en julio de 2014. A renglón seguido, Martínez Pujalte enviaba un informe del Instituto de Comercio Exterior sobre las energías renovables en Argelia. Un documento que se puede encontrar con una simple búsqueda en Internet.
Según adelantó la cadena Ser, la Policía Nacional investiga ahora a Martínez Pujalte por cobrar al menos 60.000 euros de Arístegui y De la Serna por este tipo de informes. En esas fechas, el ex diputado 'popular' contaba con una iguala mensual de 1.700 euros pactada con sus compañeros de partido. El sumario del caso refleja cómo el político enviaba informes amparado en su cargo en el Congreso al menos desde 2012. En esa fecha, Martínez Pujalte envió junto a su tarjetón del Congreso, un informe sobre Argelia realizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Trabajo de fin de carrera
La documentación aportada a Scardovi (la empresa de Pedro Gómez de la Serna) por Martínez Pujalte para justificar sus ganancias se completa con informes sobre las compañías aéreas de bajo coste en la Comunidad Valenciana (es en realidad un trabajo universitario de fin de carrera firmado por un estudiante de la Politécnica de Valencia en 2014), recortes de prensa sobre la incidencia del petróleo en el mundo árabe y otros informes elaborados por organismos públicos como la Secretaría de Estado de Economía.
Sobre el papel, Martínez Pujalte tenía la autorización del Congreso para compatibilizar sus labores (y su sueldo) como diputado con los trabajos que realizaba como asesor externo para varias compañías. Sin embargo, la Justicia investiga en dos frentes si sus trabajos cumplen la legalidad. El primero de ellos atañe a sus dos compañeros De la Serna y Arístegui, investigados por la Audiencia Nacional. El segundo tiene que ver con las facturas giradas por Pujalte a una constructora interesada en conseguir contratos eólicos en Castillay León.
Este segundo caso, investigado por Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción analiza los pagos entre las empresas del Grupo Collosa y dos destacados políticos populares: Martínez Pujalte y el actual embajador en Londres, Federico Trillo.