El abogado del Estado pide al TC que suspenda a Puigdemont y Forcadell si no le obedecen

La Abogacía del Estado acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional un escrito para pedir que se declare nula la última declaración del Parlamento Catalán y que advierta a la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, así como como al secretario general, como al presidente y miembros del Gobierno catalán que en caso de incumplir la orden del alto tribunal, podrán ser suspendidos de sus funciones, tal y como recoge la última reforma de la ley del TC.

Según la Abogacía, la declaración aprobada este miércoles por el Parlamento Catalán “contraviene y desacata” lo establecido por las sentencias del TC, tanto de diciembre de 2015 como de julio de este año, declarando inconstitucional el proceso soberanista.

En el escrito, que se estudiará en Pleno el próximo lunes, se pide que el Tribunal aplique el artículo 92 de la LOTC: "Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”. Esta medida además conlleva una multa económica así como que el tribunal pueda deducir testimonio por si hubiesen podido cometer algún delito.

Extrema perturbación

“La declaración aprobada consiste en sí mismo en un nuevo incumplimiento evidente del Parlamento de Cataluña de una previa resolución judicial firme del TC”, apunta el escrito. Ese incumplimiento, a juicio de la Abogacía, “genera una situación de perturbación extremadamente grave del orden constitucional, pues el Parlamento de Cataluña pretende formalizar una vez más en contravención frontal con lo decidido por el TC en sentencia”.

A su juicio, la última resolución del Parlamento catalán supone un “manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitución como norma jurídica suprema, cuyo fundamental es la soberanía del pueblo español en su conjunto”.

Orden de Rajoy

La Abogacía del Estado ha presentado este escrito por orden del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien dio instrucciones para que actuara después de que el Parlamento catalán desafiara al Tribunal Constitucional, al aprobar este miércoles debatir sobre la “desconexión” de Cataluña.

Se trata de un incidente de ejecución contra la resolución aprobada en el Parlamento catalán. El Gobierno considera que la resolución del Parlamento catalán “vulnera radicalmente” la sentencia del Tribunal Constitución al del 2 de diciembre de 2015 que anuló el llamado proceso de ‘desconexión’.

Según el Ejecutivo, también vulnera el reciente auto del 19 de julio de 2016 en el que se advertía a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir un mandato del TC.

El pasado miércoles, la mayoría absoluta del bloque secesionista que integran Junts pel Sí y la CUP aprobaron las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre, y el prólogo de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont.