La trama del Ave a Murcia desvió dos millones a Luxemburgo

La trama acusada de defraudar hasta 17,6 millones de euros del trazado de alta velocidad que unirá Madrid y Murcia desvió dos millones de esos fondos a Luxemburgo. A juicio policial, el grueso del dinero fue enviado por el ingeniero José Manuel Fernández Pujante, responsable técnico del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y al que los informes de la Guardia Civil y la Unidad de Vigilancia Aduanera de Murcia colocan como una pieza clave en el presunto engaño.

Según los informes obrantes en la causa, Fernández Pujante fue la piedra angular sobre la que se organizó el presunto fraude. Por un lado, el ingeniero controlaba el proceso como responsable del Juzgado de Aguas de Orihuela. Y por otro se encargaba de elaborar parte de los trabajos por medio de una sociedad instrumental, llamada Liberitas, a la que facturó 3,5 millones. El grueso de los fondos llegó a sus manos en 2012. Y dos meses después, Fermández Pujante comenzó un proceso de 10 envíos que terminó con 1,7 millones de euros enviados a Luxemburgo.

Según la documentación consultada por Hacienda de las distintas entidades bancarias españolas, el ingeniero acusado de malversación y falsedad en documento mercantil remitió en un solo mes (febrero de 2013) el dinero desde cuentas españolas. Y no fue el único que mandó sus ingresos al mismo balneario fiscal. Su hermano, también investigado en la trama, invirtió otros 185.000 euros a título personal en Luxemburgo y compró además más de 97.000 euros en participaciones de otro fondo radicado en Irlanda. Por medio de otra de sus sociedades (Anfer Inmuebles 2000) remitió otros 162.000 euros al ducado centroeuropeo en las mismas fechas y 150.000 euros más al final de ese mismo año.

Cuadro con las salidas de dinero a Luxemburgo ordenadas por J.M. Fernández Pujante.

La pista de Islas Caimán

Los investigadores trabajan también con la posibilidad de que parte del dinero malversado presuntamente de Adif (la empresa pública encargada de los trazados ferroviarios en España) haya terminado en cuentas en el paraíso fiscal de Islas Caimán, uno de los más opacos del planeta. Los indicios aparecieron en septiembre de 2015, cuando el responsable de Adif para la línea investigada, el ingeniero José Luis Martínez Pombo, mantuvo una conversación intervenida con su gestor de fondos en Suiza. Martínez Pombo habló entonces de una inversión en empresas canadienses; una venta de acciones por valor de 210.000 euros de una empresa minera del país norteamericano llamada Canasil Resources.

En la conversación, es la gestora helvética de Martínez Pombo -que regularizó dos millones de euros con la amnistía fiscal aprobada por Mariano Rajoy- quien hace mención expresa a que el beneficiario del dinero será Bali Capital. Los informes de la Guardia Civil reflejan como posible destino de los fondos un banco de inversión con el mismo nombre radicado en Islas Caimán.