El ex consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel transfirió desde una cuenta en Panamá 1.300.000 euros a un presunto blanqueador llamado Rafael Pallardó, acusado de utilizar el banco para sus actividades de lavado. Entre las personas para las que trabajaba supuestamente se encuentra un mafioso ruso llamado Viktor Kanaikan o el empresario chino Gao Ping, arrestado en la 'operación Emperador'.
Joan Pau Miquel, por su parte, se encuentra desde el año pasado en prisión preventiva y además es la persona que entregó a la Policía española datos bancarios de la familia Pujol sobre sus cuentas en BPA después de haber sido coaccionado por los propios agentes, según la versión que ofreció a la Justicia de Andorra el máximo accionista del banco, Higini Cierco hace dos semanas.
La operación de 1.300.000 euros fue reconocida por el propio ex responsable de Banca Privada de Andorra durante su declaración ante la jueza local, que investiga la intervención de la entidad en 2015 por las numerosas sospechas de que amparaba un sistema de blanqueo de capitales. No obstante, Miquel argumentó que se trataba de un préstamo personal y que no se ocultó la trazabilidad del dinero. 

"Blanqueo clarísimo"

El ESPAÑOL ha tenido acceso a 2 horas y 55 minutos de grabación de su declaración ante la jueza Canolic Mignorance. En el marco de ese interrogatorio, se le preguntó a Miquel acerca de la cuenta ubicada en Panamá y de la que el responsable del banco figuraba como último beneficiario. A juicio de una de las acusaciones, la citada transferencia a Pallardó constituiría un "acto clarísimo de blanqueo".
Miquel en cambio explicó que era un préstamo y que el dinero era suyo. Sin matizar la cantidad por la que le preguntaban, alegó que recurrió a esa sociedad "para dejarlo registrado así". "Podría haber donado el dinero directamente a Pallardó", dijo para justificarse.
Estas aclaraciones no convencieron a las acusaciones, que ven "extraño" que el consejero delegado de una entidad bancaria tenga una cuenta en Panamá. En respuesta a estas consideraciones, Miquel defendió que esta cuenta la utilizaban "para realizar muchas operaciones que intermediaban con clientes donde siempre el cliente está registrado".
"La gran mayoría de transacciones de esta cuenta son transferencias que llegan, o bien de Anbank o de Crédito Andorrano y acaban en la cuenta del cliente final. ¿Por qué se utiliza? porque el cliente se queda más tranquilo si no transfiere el dinero directamente a su cuenta", reiteró el banquero, quien insiste en que "había total trazabilidad". Las acusaciones le recordaron que, al pasar por una cuenta en Panamá y al tratarse de "una intervención externa del banco", no hay trazabilidad "porque no saltan las alarmas".

No mencionó presiones

En el marco de sus tres horas de declaración, Miquel no recibió preguntas ni hizo comentario alguno acerca de las presuntas presiones ejercidas por policías españoles para que filtrase datos bancarios privados de la familia Pujol. Según el relato ofrecido ante la misma jueza por Higini Cierco, máximo accionista del banco, Miquel recibió en 2014 la visita del entonces agregado de Interior de la embajada de España en Andorra, quien le recomendó que se reuniese en Madrid con un policía llamado "Félix". La advirtieron que, de no hacerlo, le intervendrían el banco, como finalmente sucedió.
Eso a pesar de que -siempre según la versión de Cierco- el ex consejero delegado de BPA cedió a las presiones y facilitó a la Policía española las cuentas con las que contaban los Pujol en la entidad. En la actualidad los tribunales andorranos investigan también un presunto delito de revelación de secretos bancarios, unas pesquisas que podrían encallar en caso de que se confirmen las coacciones ejercidas por las autoridades policiales españolas.  
En cuanto al receptor de los 1.300.000 euros, Rafael Pallardó, era conocido por los trabajadores de BPA como "el cajero automático" del banco en España porque siempre contaba con dinero en efectivo. Así se detalla en el auto de la jueza Mignorance al que tuvo acceso este periódico y en que procesó a 24 personas por un “delito mayor de blanqueo de dinero cometido por un grupo organizado en un establecimiento bancario de manera habitual”. En concreto, acusó a Pallardó de usar al BPA de Andorra como puente entre España y la cuenta del padre de Gao Ping en China en la que ingresó hasta 50 millones de euros.

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