El sueño de Alejandro Morales es terminar de estudiar en su instituto de Málaga, donde hasta ahora ha cursado la FP Básica de Agrojardinería y Arreglos Florales. Sin embargo, por cumplir 21 años en este curso, el joven, que sufre parálisis cerebral, no podrá matricularse en el segundo curso. Así se lo hizo saber el director del centro en el que estudia el pasado mes de mayo. "Mi hijo no es un número, es una persona que sufre", señala su madre, Carmen Morales.
"A Alejandro le han robado sus derechos", explica. El límite de edad por el que el joven no puede seguir estudiando está establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). En concreto, en el artículo 74.1 de dicha Ley indica, refiriéndose al alumnado con necesidades educativas especiales, que su escolarización en unidades o centros de educación especial "podrá extenderse hasta los 21 años". Asimismo, la normativa autonómica que regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía vuelve a señalar que "el alumnado de Programas Específicos de Formación Profesional Básica podrán repetir cada uno de los cursos dos veces, siempre que no se supere la edad de 21 años".
"Se discrimina a las personas discapacitadas"
La madre de Alejandro es clara: "En este país, a las personas con diversidad funcional se les segrega y discrimina". "La actitud de todos los gobiernos es legislar para segregar y discriminar al colectivo y seguir manteniéndolos en el umbral de la pobreza", argumenta Carmen, para quien echar a su hijo de la FP Básica supone "dejarlo en la calle". A su juicio, no ocurre lo mismo en otro tipo de formación profesional, ni siquiera en las universidades.
Alejandro Morales quiere terminar su FP.
Los límites para las matriculaciones en otros casos, insiste Carmen, "no son de edad, son de convocatorias" y argumenta que este curso "ha salido gente con 23, 24 y 25 años porque se entendía que no hacían nada malo", por lo que "no es posible" que Alejandro "se quede en la calle" solo por su edad.
La Junta consulta al Gobierno
En los últimos meses ha habido pocos movimientos en la situación de Alejandro. El pasado 23 de agosto, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga, Patricia Alba, aseguró que se había hecho "una consulta" al Ministerio de Educación sobre la expulsión del joven. Así, indicó que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) "ha modificado muchísimos aspectos de la educación en muy poco tiempo", pero no ha variado la limitación de la edad.
Sin embargo, Alejandro y su familia todavía no han obtenido respuesta. El joven tendría que haberse matriculado en segundo curso a mediados de julio, pero no pudo hacerlo por la situación en la que se encuentra. "Interpusimos un recurso de alzada para que nos contestaran lo más rápido posible, pero todavía no sabemos nada", cuenta Carmen.
Quedan un par de semanas para que dé comienzo el curso escolar y Alejandro todavía no sabe si podrá terminar sus estudios. "Es su mayor ilusión", recalca su madre.