A grandes males, grandes remedios: Gobiernos de coalición en España

La formación de un Gobierno de coalición requirió previamente reconocer el pluralismo de partidos como una premisa esencial del Estado constitucional. Algo que en España no sucedió durante los dos primeros períodos de vigencia de la Constitución de Cádiz (1812 a 1814 y 1820 a 1823), sino a partir de 1834, cuando se consolidan en el seno del liberalismo, en plena guerra civil con los carlistas, dos partidos: el moderado y el progresista.

Un primer atisbo de Gobierno de coalición se encuentra en el que formó el moderado Toreno el 13 de junio de 1835, al nombrar ministro de Hacienda a un progresista tan destacado como Mendizábal. Pero cuando éste regresó de Londres, en donde se hallaba en el momento de su nombramiento, no dudó en sustituir a Toreno y formar un Gobierno compuesto en exclusiva por miembros de su propio partido.

En rigor, el primer Gobierno de coalición en España fue el que puso en planta el general progresista Espartero el 30 de julio de 1854. Junto a algunos ministros moderados y a otros progresistas, el Duque de la Victoria nombró ministro de la Guerra al general Leopoldo O’Donnell, su rival político y máximo dirigente de la Unión Liberal. Una formación que comenzó siendo una mera coalición electoral y luego una alianza parlamentaria, en la que se integraron los progresistas más templados y los moderados más contemporizadores, para convertirse, una vez concluido el Bienio Progresista (1854-1856), en un nuevo partido político centrista, que ocuparía el poder desde 1858 a 1863.

Espartero y O´Donnell aclamados en Madrid en julio de 1854.

El 8 de octubre de 1868 se formó un Gobierno Provisional, presidido por el general Serrano, con la pretensión de coaligar a los representantes de los tres partidos que habían protagonizado la Revolución de Septiembre: el progresista, la Unión Liberal y el demócrata. Pero ante la negativa de este último a aceptar tan solo un ministerio, el nuevo Gobierno se limitó a contar con la presencia de unionistas y progresistas, entre ellos el general Prim, que sustituyó a Serrano cuando éste fue elegido Regente al año siguiente. A modo de compensación se nombró presidente de las Cortes Constituyentes al demócrata Nicolás Mª Rivero.

A diferencia de la monarquía isabelina, la Restauración se basó en el turno entre los dos partidos dinásticos, el conservador de Cánovas y el Liberal de Sagasta, pero no en la coalición de ambos para gobernar, que sólo se planteó en 1917, cuando irrumpieron en la escena política española, poniendo la puntilla al turnismo, las Juntas militares de Defensa, la ilegal Asamblea de Parlamentarios y la huelga revolucionaria de agosto.

En noviembre de ese año crucial, el liberal Manuel García Prieto formó un Gobierno de “concentración”, que se mantuvo hasta marzo del año siguiente. Fue sustituido por otro Gobierno de similar naturaleza, denominado “nacional”, bajo la presidencia del conservador Antonio Maura, que apenas logró mantenerlo hasta noviembre de 1918. En ambos casos se dio entrada no sólo a los dos partidos dinásticos sino también a la Lliga Regionalista de Catalunya.

Entre agosto de 1921 y marzo de 1922, Maura volvió a vertebrar un Gobierno con liberales y conservadores, al que se sumó Francesc Cambó al frente de Hacienda. Un ministerio del que se haría cargo, desde diciembre de 1922 hasta abril de 1923, en un Gobierno presidido de nuevo por García Prieto, José Manuel Pedregal, destacado miembro del Partido Reformista, fundado una década antes por Gumersindo de Azcárate y Melquíades Álvarez.

Antonio Maura (tercero por la izquierda), entre Dato y Romanones, presidiendo el gobierno de unidad nacional de 1922.

Si los Gobiernos de coalición fueron hasta entonces la excepción, durante la II República, con un sistema de partidos muy atomizado, fueron casi la norma. El Gobierno de mayor amplitud política de la historia de España se vertebró el 14 de abril de 1931, según lo acordado en el “Pacto de San Sebastián”, suscrito el 17 de agosto del año anterior. Presidido por Alcalá Zamora, otros cinco firmantes de ese Pacto, Lerroux, Azaña, Albornoz, Gabriel Maura y Casares Quiroga, dirigentes de la derecha y la izquierda republicanas, ocuparon diversos Ministerios.

A ese Gobierno se sumaron los socialistas Fernando de los Ríos y Largo Caballero así como el nacionalista catalán Lluís Nicolau D’Olwer. Los tres Gobiernos sucesivos de Azaña siguieron siendo de coalición. Como lo fueron también, aunque de signo político distinto, muchos de los que se constituyeron tras las elecciones de 19 de noviembre de 1933, que dieron la victoria a la CEDA de Gil Robles y al partido Radical de Lerroux, y de los que se vertebraron a partir del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, sobremanera durante la Guerra Civil y el largo exilio.

El presidente de la República Alcalá Zamora posa con el primer gobierno presidido por Azaña. Efe

Desde la muerte de Franco hasta la actualidad no hubo, en cambio, Gobierno alguno de coalición de ámbito nacional, ni siquiera durante la Transición, pese al consenso que presidió la elaboración de los Pactos de la Moncloa y de la Constitución de 1978. Durante estas últimas cuatro décadas algunos partidos políticos sólo gobernaron de manera conjunta en algunas comunidades autónomas, como el País Vasco (el PNV y el PSOE), Cataluña (el PSC, IC y ERC) y Galicia (el PSOE y el BNG), además de en muchos ayuntamientos, sobre todo merced al pacto entre el PSOE y el PCE o IU.

Tras las elecciones generales del pasado 20 de diciembre se ha hecho patente la incapacidad del PP y del PSOE para lograr por separado en el Congreso de los Diputados el respaldo de una mayoría que permita formar Gobierno. Ante esta tesitura, se ha vuelto a plantear en España la posibilidad de una coalición de Gobierno entre el PSOE y Podemos con el respaldo de los separatistas catalanes, así como otra bien distinta entre el PP, el PSOE y Ciudadanos.

La primera coalición, exigida insistentemente por Podemos, ya fue en su día rechazada por el PSOE y es muy probable que lo siga siendo ahora, entre otras cosas porque implicaría aceptar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, al que se opone la mayor (y mejor) parte de ese partido. La segunda coalición, propuesta por el PP, es inasumible tanto para el PSOE como para Ciudadanos, mientras al frente de ese partido, y del hipotético Gobierno resultante, esté un hombre como Mariano Rajoy, de tan escaso talante regenerador. Para el PSOE, además, y sobre todo, el apoyo a ese Gobierno supondría dejar en manos de Podemos el liderazgo de la oposición.

El Gobierno de coalición, por tanto, es una alternativa muy improbable en el futuro inmediato de España, pese a que, en esta segunda variante, existan razones objetivas para justificarlo, de tanto o mayor peso a las que se dieron en nuestro pasado. Un Gobierno de esta naturaleza, en efecto, más allá de las personas que lo integren, asunto desde luego nada baladí, gozaría de un amplio apoyo popular, lo que le permitiría enfrentarse con firmeza en muchas mejores condiciones que un Gobierno monocolor al gravísimo desafío separatista en Cataluña, a la todavía inconclusa crisis económica, a la desoladora corrupción, a la regeneración de las instituciones, con reforma constitucional incluida, al reforzamiento del proyecto europeísta tras el triunfo del brexit, a la amenaza global del terrorismo yihadista y, en fin, al inquietante ascenso del populismo y la xenofobia en buena parte del mundo.

***Joaquín Varela Suanzes-Carpegna es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Autor de “Política y Constitución en España. 1808-1978”.