El número de personas adultas condenadas en España llevaba descendiendo -de forma moderada- desde 2011. Hasta el año pasado. 2015 revirtió la tendencia. Y lo hizo aumentando la tasa de personas condenadas en un 2,2% con respecto a 2014.
Los 222.862 adultos condenados por sentencia firme inscritos en el Registro Central de Penados suponen la cifra más alta desde que el Instituto Nacional de Estadística elabora los datos de forma directa [Ver ‘Nota metodológica’].
A nivel nacional, la tasa de personas condenadas por cada 1.000 habitantes (que tuviesen 18 años o más) fue de 5,9. Por comunidades y ciudades autónomas, Ceuta y Melilla registraron -con gran diferencia- las tasas de adultos condenados más elevadas: 24,6 y 21, respectivamente. Esta situación se ha repetido también durante los años previos, según el análisis realizado sobre las estadísticas.
Dos zonas turísticas de referencia como los archipiélagos balear y canario se encuentran justo por detrás en cuanto a las tasas de condenados (con un 7,4 y 7,1 respectivamente), aunque la Región de Murcia les sigue a la zaga (7).
Por otra parte, las comunidades autónomas con menor tasa de convictos son País Vasco (4,4) y Castilla y León (4,3).
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El perfil de los condenados
Las estadísticas que proporciona el INE permiten conocer el perfil de las personas adultas condenadas en España. En 2015 destacan los hombres, de nacionalidad española y de entre 18 y 25 años.
Por género, un 85,6% de los condenados son hombres, si bien representan menos de la mitad de la población adulta del país. En cambio, las mujeres sólo constituyen el 14,4% de los condenados.
En cuanto a las tasas por edad -es decir, el porcentaje de personas condenadas entre el porcentaje de población adulta que suponen-, los grupos más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, son los comprendidos entre los 18 y 25 años. Y no es hasta el grupo de 51 a 60 años, como se observa en el gráfico siguiente, cuando el porcentaje de personas condenadas se sitúa por debajo del de población adulta.
La tercera variable analizada es la nacionalidad. La mayor parte de los condenados en 2015 fueron de nacionalidad española, aumentando del 76,2 al 76,6% desde el año anterior.
Sin embargo, como se observa en los datos del INE, la tasa de condenados extranjeros fue casi tres veces superior a los de nacionalidad española. Mientras las personas foráneas representan el 10,2% de la población, son el 23,4% de los condenados.
Predominan los delitos contra la seguridad vial
El número medio de delitos por persona condenada fue de 1,3. Y al igual que la estadística de personas condenadas, los delitos aumentaron con respecto a 2014. En concreto, alcanzaron los 288.756 (un 3,9% más).
Los delitos contra la seguridad vial, aunque se redujeron en comparación al año anterior, continúan siendo los predominantes: tres de cada diez delitos en España tiene que ver con superar los límites de velocidad, la temeridad manifiesta o la conducción alterada bajo los efectos de las drogas y/o el alcohol, entre otros motivos.
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Del total de delitos cometidos, el 92,8% lo fueron en grado de consumación y el 6,5%, en grado de tentativa.
Las penas impuestas
En 2015, se impusieron 617.696 penas en el Registro Central de Penados, lo que supone un incremento del 0,3% con respecto al año anterior.
Una de cada dos -el 52,3%- fueron penas privativas de otros derechos. Este tipo de penas pueden ir desde la inhabilitación absoluta hasta trabajos en beneficio de la comunidad, pasando por la privación del derecho a residir en determinados lugares.
El 25% de las penas fueron privativas de libertad -que van desde prisión incondicional a arrestos durante los fines de semana-. El resto, un 22,5% fueron de multas y un 0,2% de expulsiones del territorio nacional.
Nota metodológica
La elaboración de estadísticas sobre condenados -adultos y menores- en España se lleva realizando desde 1998 [ver aquí]. Sin embargo, es desde 2007 cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) firma un convenio con el Ministerio de Justicia para poder acceder directamente a los documentos estadísticas del Registro Central de Penados, permitiendo así una mayor precisión. Es por ello que para la elaboración de este artículo se ha utilizado como ‘año cero’ el 2007.