El exsecretario general del PP en Madrid y presunto 'cabecilla' de la trama 'Púnica', Francisco Granados, pidió al empresario David Marjaliza que utilizase su "máquina" de contar dinero con los 360.000 euros que le envió para la compra de una vivienda de su hermano, una cantidad que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recibió de comisiones ilegales. La petición se hizo en una carta manuscrita con el membrete de la Asamblea de Madrid.

Así lo detalla un Informe de la UCO sobre las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por Alfonso Antonio Granados, que obra en el sumario de la trama que investiga el juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La UCO cree que esta operación "puede apuntar" a un presunto delito de blanqueo de capitales, ya que no queda acreditado el origen de "buena parte" del importe de la compra del piso en cuestión.

La UCO cree que se trata de una vivienda sita en la calle Conde de Aranda de Madrid, ya que en la transacciones se aproximan a la cantidad que supuestamente entregó Francisco Granados a David Marjaliza en un sobre. La procedencia de este dinero es "desconocido", dice el informe y recalca que se presume que su origen son "supuestas comisiones ilegales recibidas".

En un registro practicado en la vivienda del empresario en 2014 se encontró una nota manuscrita con el membrete de la Asamblea de Madrid, cuando Granados era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid -tal y como se indica en el sobre-, dirigidas a su socio David Marjaliza, al que denominaba como 'Morti', para cerrar la compra de un inmueble para su hermano.

"Eres rico" le dijo a Marjaliza

"Estimado Morti, van 360.000 (no lo he contado, tú tienes máquina). Faltan 30.000 que no te pago porque como me los tienes que dar por el corral de mi madre... pues ya los pones tú si eso, que eres rico", escribe Granados. "El piso lo va a comprar mi hermano en vez de mi madre", informa.

Según detalla el informe de la UCO, Granados intermedió en la compra de un piso para su hermano Alfonso por el valor de 390.000 euros. La Guardia Civil deduce de esta carta que el exdirigente 'popular' "remitió 360.000 euros en metálico" en dicho sobre para facilitar la compra del inmueble que, en un principio, iba a figurar a nombre de la progenitora.

Asimismo, en esta carta se intentaba fijar la fecha de la firma de la escritura, ya que Alfonso Granados se encontraba en ese momento "de vacaciones" y la cantidad oportuna para la entrada de la compraventa: "Se va de vacaciones esta tarde hasta el lunes. ¿Puede firmar él el lunes? Además de los 30.000, yo creo que con 12.000 de entrada ya estaría bien no?".

Según consta en el informe esta gestión motivó una consulta en el Órgano Central del Notariado para analizar las operaciones de este tipo llevadas a cabo por Alfonso Granados y que revelaron la "existencia de sucesivas" operaciones de compraventa de inmuebles con un "montante económico notable y en algunos casos con periodos de amortización de préstamos hipotecarios muy reducidos". La primera compraventa que efectuó el hermano del exdirigente 'popular' tiene lugar el 10 de julio de 2003 y se extiende hasta el 22 de abril de 2015.

De las compraventas, la Guardia Civil destaca que María Victoria Cristóbal Araujo, exdirectora de la Agencia Madrileña para la Inmigración --nombrada por Francisco Granados durante su etapa como consejero de Presidencia, Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid-- adquirió un inmueble por 400.000 euros, en un momento en el que ésta y el líder de la trama mantenían "una relación personal cercana".

Asimismo, subraya que la mercantil Vicfidem Proyectos era el vendedor de este piso y que su único administrador era el empresario Ramiro Cid, persona vinculada "al entorno de amistades" de Granados, incide la UCO. Al mismo tiempo, recuerda que Cid fue "beneficiado ostensiblemente" con adjudicaciones de parcelas propiedad del Ayuntamiento madrileño de Valdemoro cuando el exsecretario del PP de Madrid fue alcalde del municipio.

Granados se encuentra en prisión desde el pasado 31 de octubre de 2014. Velasco acordó el pasado 5 de octubre prorrogar su estancia en prisión hasta un máximo de otros dos años, lo que alcanzaría el tope de cuatro que prevé la ley para mantener a una persona en prisión preventiva sin ser juzgado.

El juez considera que el exsecretario general del PP madrileño dispone de fondos que aún no le han sido decomisados y que podría utilizar para huir.

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