El juez Velasco lleva a juicio a Globalia por fraude de subvenciones

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cerrado la investigación al dueño del Grupo Globalia (compuesto por Air Europa, Halcón Viajes, Viajes Ecuador y tubillete.com o Travelplan), Juan José Hildago, por un delito de fraude de subvenciones que habría cometido en la obtención de ayudas del Ministerio de Fomento para que los residentes de Canarias e Islas Baleares puedan volar a la península.

El instructor ha decidido que finalmente no vaya a juicio ninguna persona física y lo haga únicamente la empresa.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, Velasco admitió a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía contra Juan José Hidalgo por haber defraudado, supuestamente, 13,5 millones de euros de fondos públicos estatales entre los años 2009 a 2013. La imputación se centra en haber obtenido ilícitamente más subvenciones que las que les corresponderían.

Tras un acuerdo entre la Abogacía del Estado, que representa al Ministerio de Fomento, y la compañía, el juez ha decidido que únicamente vaya a juicio Globalia como persona jurídica, a quien además se le aplica una atenuante por haber devuelto el dinero defraudado así como la multa correspondiente, haciendo un total de 22,7 millones de euros.

En el auto de transformación en procedimiento abreviado, como paso previo para ir al banquillo de los acusados, Velasco acuerda el archivo de la causa respecto a Hildago, así como para los otros responsables de la compañía que también fueron investigados, al entender que no se ha podido determinar "qué persona concreta es el responsable de la decisión de facturar de la forma defraudatoria que se ha detectado".

El instructor considera que hay indicios suficiente para llevar a la empresa a juicio por supuestas prácticas irregulares detectadas en los descuentos de los billetes de avión, entre ellas las que llevaron a presentar liquidaciones al Ministerio por encima de lo cobrado por pasajero, "de modo que existen billetes aéreos abonados por la Administración por una cuantía superior a la legalmente establecida".

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía está de acuerdo con llevar únicamente a juicio a la empresa y dejar fuera del proceso tanto al presidente de la compañía como al resto de investigados.

Además, se habrían realizado contratos de intercambio de publicidad y descuentos a grupos de aficionados y particulares, que luego no se vieron deducidos debidamente en las certificaciones de bonificación presentadas mensualmente por la compañía aérea al Ministerio de Fomento, "logrando un lucro por parte de las entidades" del Grupo Globalia.

Lucrado indebidamente

Igualmente, señala el magistrado, a través de la agencia Travelplan se vinieron ofreciendo descuentos en paquetes de viajes que no tuvieron el reflejo adecuado en las certificaciones presentadas a la Administración para el recibo de las bonificaciones por los pasajeros residentes extrapeninsulares, con lo que "la compañía se habría lucrado indebidamente de dichas bonificaciones".

Según la resolución judicial, dentro de la organización del Grupo Globalia, se identifica a la mercantil Globalia Servicios Corporativos SLU, que es donde se centralizan todos los servicios de administración del grupo y donde se determinan con autonomía funcional los criterios por los que se han guiado las entidades integradas en la corporación, respecto de los hechos objetos del procedimiento, "pero sin que se haya podido individualizar, hasta la fecha, pese a las diligencias practicadas en esta causa, qué concreta/s persona/s física/s lo hayan podido ordenar, liquidándose las bonificaciones a los residentes extrapeninsulares de una manera que ha resultado finalmente contraria a la deseada por la norma en lo que se refiere al mecanismo de subvención analizado".

"Como consecuencia de lo expuesto, la compañía aérea y las agencias de viaje del grupo durante todo el periodo analizado realizaban toda su actividad en la creencia errónea de estar haciéndolo conforme a la ley cuando se hacían constar excesos en las cantidades bonificables”, indica el juez.

La cantidad defraudada en aplicación de este mecanismo de descuentos en los ficheros de vuelo correspondientes a los años 2010 (de octubre a diciembre), 2011, 2012 y 2013 (de enero a junio) asciende a un total de 19.180.909,92 euros, lo que sumado a unos intereses devengados de 3.602.977,94 euros, la deuda definitiva ascendería a 22.783.887,85 euros.