El PP relega los problemas de las mujeres en una ponencia social dominada por hombres
El documento que Génova elevará a sus militantes en el congreso de febrero evita hablar del aborto y deja la violencia de género como reto de futuro.
28 diciembre, 2016 02:52La máxima preocupación del Partido Popular en materia social es la pirámide poblacional en España, tremendamente envejecida y con los índices de natalidad (1,3 hijos por mujer) más bajos del mundo. Javier Maroto, coordinador de la ponencia social que Génova presentará en su congreso de febrero, desmenuzó los temas que vertebran el documento que defiende la cúpula del PP.
Son, según adelantó el ponente, los asuntos que “inspiran un amplio consenso” en un partido con un espectro ideológico tan amplio: “Desde el centro-centro hasta el más conservador”. Para evitar controversia entre militantes, la cúpula del PP no dedica ni una sola línea a temas tan polémicos como el aborto, uno de los más difíciles de tratar en el seno del partido. Además, se limita a relegar asuntos tan preocupantes como la violencia de género a un reto de futuro a combatir “en los próximos años”. Solo si algún militante presenta alguna enmienda en el congreso estudiarán si se abre el debate en el partido.
Maroto presentó el documento social -40 páginas- que Génova elevará a todos sus militantes en el congreso de febrero junto con los demás ponentes que han redactado la ponencia: todo hombres (Juan Manuel Moreno, presidente del PP andaluz; el secretario general del PP de Murcia, Pedro Antonio Sánchez y el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago) y una sola mujer: la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. Tras una hora larga de intervención, los ponentes y algunos de sus redactores, como el secretario ejecutivo de Asuntos Sociales del PP, Ignacio Echániz, brindaron en las inmediaciones de Génova por el nuevo texto que pasa de los temas más polémicos en la sociedad actual.
El vicesecretario de Acción Sectorial del PP detalló a grandes rasgos las líneas maestras del PP para abordar el desafío del envejecimiento y reconoció que su documento hace caso omiso a otras cuestiones que preocupa sobre todo a padres divorciados como la custodia compartida, un tema que ya ha generado debate en los Parlamentos de País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña y que el propio Maroto confía en que salga adelante.
El PP ha optado por no tratar tampoco la gestación subrogada, una de las pocas oportunidades que encuentran los matrimonios homosexuales para ser padres, un mecanismo que todavía es ilegal en España. En el aborto, otro tema que tradicionalmente ha dividido a los populares más conservadores con los de centro, se limitan a recoger lo que ya incluía el programa electoral del partido: que están comprometidos con “el derecho a la vida”.
La violencia de género, objetivo a largo plazo
Los conservadores ha fijado en su documento objetivos a largo plazo, y en ellos ha incluido temas también muy preocupantes como son la violencia de género, lucha contra la pobreza, igualdad, discapacidad y dependencia o el acoso escolar.
En el PP creen que para hacer frente al envejecimiento de la población hace falta una "buena política económica" apoyada en planes de conciliación que favorezcan la natalidad. Cuando el partido no goza de una mayoría amplia en el Parlamento, el ponente fijó como decálogo de su ponencia la “responsabilidad” y exigió “rigor” en la gestión de “recursos públicos” para “gastar lo que se tiene y pagar lo que se debe”.
La familia y la igualdad de oportunidades
Los conservadores destacan el papel de la familia y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero se queda en una simple declaración de intenciones y no presenta ni una sola medida sobre cómo erradicar la baja tasa de natalidad para combatir el abultado envejecimiento de la población. Maroto enseñó un gráfico que recogía que España pasará de tener 8,5 millones de habitantes con más de 65 años a tener el 40% de la población con estos años en 2060.
Maroto justificó la ausencia de medidas concretas en su documento con que es el Gobierno el que, desde los distintos ministerios, debe marcar el paso hacia esta nueva legislación, como las que ya ha anunciado la ministra Fátima Báñez en temas de conciliación.