Los tres ex altos cargos de la Sanidad vasca y la cuarta acusada en el denominado “caso Margüello” deberán afrontar una fianza de 6,8 millones de euros según las medidas cautelares impuestas por la juez instructora en su auto de apertura de juicio oral.
La magistrada ha establecido la provisión de la fianza de forma conjunta por parte de los cuatro encausados por los delitos de prevaricación -en concurso con malversación-, fraudes contra la Administración y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.
La fianza garantiza el pago de la indemnización ante el presumible perjuicio económico causado a las arcas públicas de la comunidad autónoma según la evaluación del daño patrimonial llevada a cabo por la Fiscalía de Bizkaia, la única acusación en la causa, que eleva su importe hasta los 6.821.154 euros.
El proceso abierto contra el exviceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán, el exdirector territorial de Bizkaia José Ramón Elorriaga, el exjefe de calidad del Hospital de Cruces José Carlos Margüello y la socia de este último, María Nieves Fernández, se remonta a 2009, cuando el Gobierno de Patxi López denunció en la Fiscalía presuntas contrataciones irregulares cometidas bajo el mandato del lehendakari Ibarretxe por el equipo dirigido por el consejero de Sanidad, Gabriel Inclán.
La Fiscalía considera que los acusados se pusieron de acuerdo para beneficiar económicamente a empresas vinculadas a Margüello, a quienes se otorgó la gestión en Bizkaia de las listas de espera de la sanidad pública. Pide once años de cárcel para el exjefe de Calidad de Cruces, Fernández y Elorriaga y seis años y medio para Cerdán, una pena menor porque no intervino en una de las operaciones estimadas irregulares.
La juez requiere a los tres primeros una fianza de 1.986.666 euros y establece para los cuatro una garantía añadida de 4.834.490. Advierte de que de no cubrirse estas cuantías se procederá al embargo de sus bienes.
El Gobierno vasco, integrado ahora por PNV y PSE-EE, ha renunciado a formular escrito de acusación en el “caso Margüello” y ejercita exclusivamente la acción civil, en consonancia con la postura que mantiene en otros procesos de presunta corrupción.
Si finalmente la Audiencia de Bizkaia acredita la existencia del delito, el Ejecutivo exigirá la recuperación de “hasta el último euro” según ha reiterado este martes su portavoz, Josu Erkoreka.