Lucha contra la cantera del Estado Islámico en España: 17 menores detenidos o fichados desde 2014

Un joven de 17 años fue detenido en marzo de 2015 por formar parte de un grupo yihadista que quería atentar en Cataluña. Un mes después, arrestaron a dos hermanos gemelos de 16 años en Badalona (Barcelona) listos para desplazarse a Siria. Antes que ellos, también fue detenida en Melilla una chica de 15, que en unos días iba a partir hacia Irak para unirse a Estado Islámico. Son tres casos dentro de la lista de 17 menores investigados en la Audiencia Nacional por yihadismo en los tres últimos años. De ellos, ocho ya han sido condenados. El mes que viene está señalado el próximo juicio para otro representante de la llamada ‘yihad adolescente’.

Todos tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años y, en cuanto son detectados, se aplica sobre ellos planes de desradicalización que van desde condenas flexibles, alejamiento de entornos negativos o incluso el análisis de informaciones periodísticas sobre los efectos nocivos del terrorismo. Hasta el año 2014 el único menor de edad juzgado en España por delitos yihadistas era ‘el Gitanillo’, el menor que transportó parte de los explosivos del 11M de Asturias hasta Madrid. Ahora, el reciente auge del radicalismo islamista ha obligado a las autoridades a ponerse de acuerdo en cómo luchar contra este fenómeno. Según sus protagonistas, el trabajo realizado hasta ahora “da resultados”.

Los expertos consultados advierten de que los jóvenes que experimentan una rápida radicalización, en su mayoría también responden positivamente cuando son tratados por profesionales. A modo de ejemplo, recuerdan el caso de una joven de 14 años que fue juzgada y condenada unos días después del atentado en la sala Bataclan de París. La Audiencia Nacional le impuso seis meses de internamiento y acto seguido se organizó un minuto de silencio en el edificio por las víctimas de la última barbarie yihadista. La adolescente que acababa de ser condenada pidió permiso para acudir junto al resto de funcionarios al homenaje. Hoy esa chica se encuentra ya en libertad y no consta que haya reincidido.

Imagen de una operación policial contra un menor yihadista.

Se trata de una estrategia discreta, que en ocasiones ni siquiera trasciende a los medios de comunicación, bien por el exigido respeto a la intimidad del menor o porque muchas veces no llegan a ser detenidos y pasan directamente a disposición judicial. A veces basta con eso para que ya sean conscientes de que habían traspasado una línea roja. Pero no siempre es así. Uno de los jóvenes investigados sigue en régimen cerrado desde hace dos años. “Es el único caso que no ha aceptado sus delitos”, advierte uno de los profesionales implicados en su desradicalización.

En este mecanismo intervienen en primer lugar las fuerzas de seguridad y la Fiscalía de Menores, que es la institución encargada de llevar el peso de la instrucción cuando los investigados tienen menos de 18 años. Si se reúnen los indicios suficientes como para judicializar un caso, entonces el Ministerio Público pone sus pesquisas en conocimiento de la Audiencia Nacional. Desde 2014, son 17 los casos que han pasado ese filtro, pero los que llegan a Fiscalía son muchos más.

En concreto, es el Juzgado Central de Menores que dirige José Luis Castro el encargado de juzgar, imponer las condenas y velar por que se cumplan las medidas impuestas. También ejercer como juez de garantías si, por ejemplo, es necesario intervenir un teléfono. No todos acaban con una condena, de hecho en lo que va de 2017 se han archivado dos causa abiertas en la Audiencia Nacional. De las ocho condenas, seis se saldaron con internamiento en un régimen cerrado y dos con la imposición de tareas socioeducativas.

Hasta ocho años de internamiento

A la hora de decidir las penas, el enfoque también es diferente al que se aplica con los adultos. “La naturaleza de los delitos es formalmente penal, pero se encara con vocación sancionadora y educativa”, avanzan desde la Audiencia Nacional. Se prima de manera individualizada el superior interés del menor, valorado con criterios técnicos por equipos de profesionales especializados fuera del mundo judicial.

Los menores de 14 y 15 años pueden estar un máximo de cinco años en régimen cerrado y los de 16 y 17, hasta ocho años. Nunca van a una cárcel, sino a un centro de reforma. Rara vez las condenas impuestas por la Audiencia Nacional en este tipo de delitos superan los dos años. Además, las penas se revisan cada seis meses para evaluar la progresión del menor. Si presenta los avances suficientes, se puede conmutar su internamiento por una libertad vigilada en la que, no obstante, sigue su tratamiento.

Jueces y fiscales cuentan con la colaboración de los expertos de los centros de reforma y los profesionales encargados de la libertad vigilada. Las actuaciones incluyen entrevistas con los progenitores y la familia del mejor o la observación directa del joven. Se busca que establezcan relaciones sociales con personas de su entorno no radicalizadas o dar un sentido a su vida. Para ello es clave que continúen con su formación académica o profesional, ayudándoles a buscar un empleo si fuese necesario.

La yihad no es atractiva

El tratamiento también incide en confrontar las ideas radicales con los valores propios de la sociedad. “Se les enfrenta a la realidad para que recapaciten sobre los medios que usa el terrorismo yihadista”, explica una fuente judicial. Los profesionales les muestran las experiencias negativas sufridas como consecuencia de la pertenencia a un grupo terrorista. “El objetivo es despojar a la yihad de cualquier atractivo para los jóvenes”, añaden.

Las dificultades con las que se suelen topar las autoridades son el exceso de hermetismo de algunos jóvenes o su rechazo a empatizar y hacerse preguntas desde otro punto de vista distinto al suyo. También se da el llamado “duelo patológico”, cuando el adolescente ha encontrado en la religión musulmana su única razón de ser. En ese caso, el trabajo de las autoridades pasa por diferenciar la creencia religiosa de los postulados violentos.

La Audiencia Nacional ha investigado a 17 adolescentes desde 2014.

El proceso de desradicalización tienen una “fase inicial” de tres meses en la que se estudia en profundidad la vida del joven y se evalúan sus primeros contactos con los especialistas. Le sigue la fase de “definición y planificación” en la que se busca que el joven sea capaz de detectar las razones que le llevaron a abrazar la yihad.

El proceso en tres fases

Sesiones psicológicas, entrevistas personales o análisis de artículos periodísticos son algunos de los recursos empleados para evaluar las consecuencias del hecho delictivo. También se busca fomentar la mejora de las relaciones familiares del joven, muchas veces deterioradas. La tercera fase es de “valoración y orientación” en la que ya se empieza a trazar su plan de vida una vez haya cumplido su condena.

Los perfiles de los investigados son en su mayoría españoles y marroquíes, aunque también hay un menor paraguayo. En cuanto a los lugares de origen, predominan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Cataluña. El foco de radicalización está básicamente en Internet, pero también afectan otros factores como la influencia familiar o la captación de grupos yihadistas.

Los resultados de esta estrategia permiten un cierto optimismo a juicio de sus protagonistas, pero piden más medios y un plan unificado a nivel nacional. Aunque existen estos criterios generales, cada comunidad autónoma dirige sus centros de reforma por lo que muchas veces es difícil seguir un mismo patrón de tratamiento que permita evaluar las actividades que dan mejor resultado.