Un autentico boom de la construcción disfrazado de gigantescas depuradoras. Es la foto fija de un plan urdido por el Gobierno de Aragón (PSOE–PAR) en el año 2009. El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) detalla la construcción de 1.153 plantas de depuración - y sus correspondientes redes de colectores- para tratar las aguas residuales urbanas de los 731 municipios de Aragón. Un objetivo desproporcionado con un coste desorbitado: más de 3.000 millones de euros.
Las consecuencias de este plan se sufren día a día. Municipios pirenaicos desembolsan cánones por una depuradora que nunca se construyó, y ahora serán multados por no disponer de ella. Depuradoras con un coste cercano a los 100.000 euros en municipios abandonados, sin tendido eléctrico o sin agua potable. O la batalla política del Gobierno aragonés con Zaragoza por la negativa de la capital de cobrar un impuesto autonómico a sus habitantes para financiar las multimillonarias concesiones de este ruinoso plan.
Ocho años después del nacimiento del plan de saneamiento aragonés, EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva al informe de la Cámara de Cuentas autonómica donde se certifica la insostenibilidad, la ruina y la nefasta gestión del sistema más ambicioso de Europa para depurar las aguas urbanas.
LA GÉNESIS
El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración emergió de la Consejería de Medio Ambiente, liderada por el aragonesista Alfredo Boné (PAR), en el año 2009 para cumplir con la directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales. Se establecía en una nueva norma comunitaria la obligatoriedad de depurar las aguas residuales procedentes de las aglomeraciones urbanas de tamaño superior a 2.000 habitantes.
El exconsejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné (derecha).
Sin embargo, la Consejería de Alfredo Boné anhelaba un plan más ambicioso. “No es un plan cualquiera, sino la mayor inversión ambiental jamás realizada en Aragón y una de las más ambiciosas de toda Europa”, sentenciaba en el año 2009 el consejero Boné. El objetivo era depurar el agua de todos los municipios de Aragón (731) ya fueran de más o de menos de 2.000 habitantes. Teniendo en cuenta que Aragón sólo tiene 62 municipios por encima de los 2.000 habitantes, el montaje era un plan faraónico que necesitaba una desorbitada inyección de dinero público.
Para ello, se firmó un convenio en el año 2008 con el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Cristina Narbona (PSOE), y el Consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné. Un convenio plurianual de 142,6 millones de euros hasta el año 2016 para financiar el proyecto con el firme compromiso de “conseguir unos ríos más limpios y vivos apostando por el desarrollo sostenible”. Sin embargo, la financiación ministerial fue destinada a otro tipo de decisiones políticas de la Consejería de Medio Ambiente.
Una línea de subvenciones –sin concurrencia pública– de 80 millones de euros en el “plan de agua de Aragón” para la renovación de alcantarillado o abastecimiento a municipios, cerca de 16 millones de euros por la asistencia técnica a la empresa pública Sodemasa –llegó a tener más de 1.000 trabajadores-. Mediante el Ministerio de Medio Ambiente también se financiaron con 29 millones de euros varias plantas de purines en pequeños municipios pero en la mayoría de ellos nunca entró ni una cuba de purín y la mayor parte se encuentran paralizadas.
Depuradora en construcción en Bielsa.
Y por último, se financiaron con 14 millones de euros distintas infraestructuras de abastecimiento como la elevación de aguas de Andorra, todavía sin haber sido ejecutada en su totalidad. Fuentes del gobierno aragonés reconocen a este diario que “ninguna de las actuaciones del convenio firmado por Alfredo Boné con Cristina Narbona han tenido éxito. Ha sido una autentica ruina, y la mayor parte del convenio ha sido para crear redes clientelares y favorecer a los suyos”.
LA CÁMARA DENUNCIA LO SOSPECHADO
El informe de la Cámara de Cuentas sobre el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, es la primera auditoría que se realiza al plan autonómico. Una estructura diseñada sobre tres ejes: el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés (PIDPA), el Plan Especial de Depuración de aguas residuales (PED) y el Plan Integral de Depuración (PID).
El órgano fiscalizador desmonta cada uno de los ejes que sustentan el ambicioso plan aragonés para depurar todas las aguas residuales. Detalla la Cámara autonómica que en el caso del PIDPA, “se proyecta la construcción de 297 estaciones depuradoras alcanzando el 93% de las aguas residuales de Aragón con un coste estimado de 350 millones de euros en construcción y explotación en 20 años”. En el informe se explica que a fecha 31 de diciembre de 2015 “sólo se habían puesto en servicio 10 de las 297 plantas previstas”. También se detalla que la ejecución del PIDPA en los municipios de más de 600 habitantes es “altamente improbable” su cumplimiento. Por otro lado, hay un “riesgo alto de incumplimiento” en los municipios de menos de 600 habitantes.
De los cinco objetivos previstos, tres se han incumplido y dos es altamente improbable su cumplimiento
El PED, es el único plan que fijaba la directiva europea de obligado desarrollo para la depuración de todas las aguas residuales. En este plan, remarca la Cámara que las 171 obras –131 depuradoras y 40 colectores– han supuesto unos gastos de construcción de 323,4 millones de euros. Es más, fija la explotación y manutención durante 20 años en cerca de 1.000 millones de euros. Considera el órgano fiscalizador que de los cinco objetivos previstos, tres se han incumplido y dos es “altamente improbable su cumplimiento”.
Por otro lado, en el PID -el último de los ejes que sustentan el ambicioso plan– se especifica que su ejecución está prevista entre los años 2019 a 2026. “Supone la construcción, mediante contratos de concesión de obras, de 652 pequeñas plantas cuyo coste de construcción y operación hasta 2045 asciende a 949 millones de euros”. Recomienda el órgano fiscalizador su derogación o “revisar la ejecución completa del PID” por su inviabilidad financiera en la situación económica actual.
En resumen, la Cámara de Cuentas expresa que “a la vista de los incumplimientos de plazo generalizados ya constatados y de los riesgos de nuevos incumplimientos, sería altamente recomendable que se adecuara la programación del documento de revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración a escenarios más realistas de ejecución”. “Un plan sobredimensionado que habría que revisar en su totalidad para garantizar su viabilidad financiera”, apuntan fuentes del órgano fiscalizador consultadas por este diario.
UN IMPUESTO QUE DIVIDE
El alcalde de Canfranc (centro), junto a miembros de la marea azul.
La ejecución del PASD, así como las obras pendientes y la explotación de toda la red, en el periodo 2014–2045 supone unos gastos de 3.209 millones de euros. Una cifra, que a juicio de la Cámara de Cuentas aragonesa, para su financiación es “altamente improbable que se cumpla” para el PED y el PIDPA, “por no estar garantizados los ingresos estatales establecidos con el Estado en 2008”.
Sin embargo, para el Plan Integral de Depuración (PID), el órgano fiscalizador considera que “presenta un balance equilibrado de los gastos con los ingresos a recaudar por la gestión del Impuesto de Contaminación de las Aguas” -impuesto autonómico creado en 2016 para financiar el gigantesco plan de saneamiento y depuración-.
El informe deja constancia de que “al cierre del año 2016 todavía no se ha producido la incorporación de los contribuyentes de la ciudad de Zaragoza” y certifica que “el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración no es viable si Zaragoza no aporta el Impuesto de Contaminación de las Aguas”. Actualmente, el ICA está recurrido en el Tribunal Constitucional. E incluso desde distintos colectivos –entre ellos Red Pública del Agua– se cuestiona la externalización y privatización de la recaudación del impuesto a través de “un contrato de más de 6 millones de euros con una empresa de la Comunidad Valenciana”.
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, -principal impulsor del recurso ante el Constitucional– consideró entonces que “no se puede consentir que una ciudad que ya ha pagado su propio sistema de depuración, sin subvención pública, grave sobre los vecinos el coste de una gestión del agua pésima, como la del Plan de Saneamiento”. Esta posición política enfrenta actualmente al Ayuntamiento de Zaragoza, capitaneado por el alcalde Santisteve, con el Gobierno aragonés del socialista Javier Lambán. El Gobierno de Aragón apuesta porque la ciudad de Zaragoza grave el ICA a sus habitantes para poder sufragar la continuación del plan de depuración y saneamiento.
CONCESIONES “POCO USUALES” A GRANDES EMPRESAS
La Cámara de Cuentas también entra a analizar el coste de construcción de las empresas concesionarias durante los primeros años del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. El órgano fiscalizador entiende dos modalidades de contratos: por concesión o ejecución directa. El coste de construcción se ha obtenido, según certifica la Cámara, a través de las cuentas anuales de los concesionarios apreciando “diferencias razonables en los primeros contratos”.
Depuradora en el Pirineo.
Sin embargo, llama la atención de la Cámara “el ahorro conseguido por los concesionarios de los contratos de concesión” en los municipios zaragozanos de La Almunia de Doña Godina, Alfamén, Remolinos o Figueruelas. E incide, “la media del coste de construcción por ejecución directa se sitúa en 1.270 euros por metro cuadrado, mientras en concesión [el método empleado en este plan] casi se duplica con un precio de 2.153 euros por metro cuadrado”.
Fuentes de la Cámara de Cuentas precisan a este diario lo documentado en el informe entendiendo que “es evidente el desastre que ha supuesto ese modelo de concesión al duplicar el coste respecto a la ejecución directa. Suele ser un modelo de concesiones “poco usuales”.
¿DÓNDE ESTÁ ALFREDO BONÉ?
El ideólogo del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, Alfredo Boné, dejó la administración aragonesa tras las elecciones del año 2011. Su partido político –el Partido Aragonés– continuó en el poder autonómico pero esta vez junto al PP de Luisa Fernanda Rudi. Un cambio en la trayectoria del político que ideó durante su andadura en la Consejería de Medio Ambiente (2002–2011 junto al PSOE) el plan de depuración más ambicioso de Europa.
Tras su adiós de la política, emprendió una andadura en la empresa privada junto a sus más estrechos colaboradores en la Consejería de Medio Ambiente. Fundó, junto a su mano derecha, Luis Marruedo, y su jefa de gabinete, Ana Cristina Fraile, dos sociedades que trabajan en el mismo sector del cuál ellos gestionaban desde el Gobierno de Aragón. La vieja cúpula de Medio Ambiente negó que “se tratara de puertas giratorias”.
El exconsejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.
Varias fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL confirman que “recientemente firmó varios contratos de servicio y asistencia técnica con Forestalia a través de una de sus sociedades [Viados Gestión Integral de Proyectos SL]”. Las mismas fuentes confirman que el objeto de dichos contratos consistirá “en ejercer de conseguidor de las correspondientes licencias asociadas a proyectos de energía renovables en Aragón”.
“CIEN ALCALDES EN PIE DE GUERRA”
EL ESPAÑOL ha conseguido reunir el testimonio de varios de los municipios afectados por el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. “Vamos a hacer frente común desde el Bajo Aragón al Plan de saneamiento, todos los partidos estamos unidos, esto no va de colores”, cuenta el alcalde del pueblo turolense de Aguaviva –550 habitantes-, Aitor Clemente (Podemos). Su municipio se encuentra sin depuradora desde hace más de 8 años, y por eso, denuncia que “pagamos el máximo por el canon de vertido, pagamos el impuesto de contaminación de las aguas y ahora sancionados por la Confederación. Y todavía no tenemos la depuradora”.
Fernando Sánchez (PSOE), alcalde de Canfranc –560 habitantes-, explica la situación del municipio pirenaico que “desde 2009 pagamos las tasas e impuestos y aún no tenemos depuradora”. Cree que la cifra rondará los 600.000 euros desde esa fecha. Sánchez cuenta que “nos los vendieron como un sistema muy bueno, pero luego querían el dinero y no aportaban transparencia en la gestión. Ha sido un desastre total”. Es más, detalla que “en el Pirineo hay más de cien alcaldes en pie de guerra, el 90% estamos indignados y cabreados”. Y sentencia que “vamos a llevar al Ministerio de Medio Ambiente a los tribunales por este plan”.
Alcaldes de municipios en pie de guerra por un impuesto justo.
La diputada de Podemos y alcaldesa del municipio oscense de Murillo de Gállego –170 habitantes-, Marta de Santos, atiende a este diario para denunciar que “Murillo no tendrá depuradora ni en 10 años, y pagamos canon de vertidos, el ICA, y ahora seremos multados sin ser responsables”. Comparte el mismo criterio la alcaldesa de Castelserás (Teruel), Esperanza Goni (PAR), al entender que “siempre pagamos los pueblos más pequeños, mi pueblo ya ha sido sancionado sin ser responsable de este desastre”. El alcalde de Villanúa (Huesca), Luis Terrén (PSOE) explica que “el principal daño es al agua mientras nuestros políticos se echan los trastros”. Terrén detalla que “si gestionáramos nosotros el ICA tendríamos depuradora en un año y a menor coste”.
EL GOBIERNO “ESTUDIARÁ UN CAMBIO”
Desde el Ejecutivo aragonés que lidera Javier Lambán (PSOE) son conscientes del montaje sobredimensionado y excesivo del plan de saneamiento y depuración. Un portavoz del Gobierno destaca a EL ESPAÑOL que “la Consejería de Desarrollo Rural estudiará un cambio sustancial del plan actual priorizando instalaciones ecológicas y con criterios de sostenibilidad financiera”. De hecho, ante la situación generada con los municipios la actual directora del Instituto Aragonés del Agua reconoció la ausencia de responsabilidad en los expedientes sancionadores impuestos por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Según explica la misma fuente gubernamental “uno de los objetivos de la Consejería de Joaquín Olona es redimensionar el plan, y eso incluye, por ejemplo, paralizar los proyectos de depuradoras en municipios deshabitados del Pirineo”. Sin embargo, según fuentes extraoficiales, “se pretende aplicar este cambio de sistema por la exigencia férrea de Podemos en las últimas semanas para aprobar los presupuestos del 2017”.
El Gobierno de Aragón presentará en pocos meses un proyecto de ley especifica para disolver el órgano que ejecuta el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración: el Instituto Aragonés del Agua. La intención del Gobierno aragonés es incluir ese órgano dentro de la Administración autonómica como una dirección general especifica, según avanzó en sede parlamentaria el Consejero Joaquín Olona.