La Conselleria de Sanidad Universal ha comunicado a la UTE Ribera Salud II su decisión de no prorrogar en marzo de 2018 la concesión del departamento de Alzira por las "importantes deficiencias y carencias elementales" del contrato y porque el modelo concesional "limita y condiciona" la planificación del sistema sanitario público valenciano.

Una investigación de EL ESPAÑOL desveló que Ribera Salud, la principal concesionaria de España en servicios sanitarios, había desviado beneficios millonarios de los hospitales públicos que controlaba a espaldas de la Administración. Tras la publicación de varias informaciones sobre el tema, tanto el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia como Hacienda han abierto investigaciones sobre la empresa. 

Así, figura en la notificación que el director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, remitió este lunes a la concesionaria comunicándole la reversión del contrato y en la que se advierte de que esta limitación a la planificación por las cinco concesiones sanitarias aconseja que "llegado el momento de finalización del contrato no se proceda a su prórroga". De este modo, se agota la vía administrativa y Ribera Salud dispone de un mes de plazo para recurrir.

Entre las deficiencias, se refiere a que las comisiones mixtas de cada concesión "excediendo su ámbito de competencia" adoptaron interpretaciones de los contratos y que son "incluso dispares entre ellas" como las relativas al precio del contrato.

Asimismo, ha apuntado a la falta de mecanismos de control por "dejación del ejercicio de la potestad de policía de la Administración" y por la "falta de transparencia de la propia empresa concesionaria".

Del mismo modo, entre otras "deficiencias significativas" se encuentra la no diferenciación entre inversión nueva o de reposición, el grado de amortización o la adquisición de activos mediante instrumentos financieros.

Además, el contrato no contempla criterios para evaluar la calidad, "la ausencia" de sanciones por incumplimientos en la prestación sanitaria, la "deficiente regulación del procedimiento de liquidación", la "imprecisión y ambigüedad" de las cláusulas y la no distinción en el cálculo de la cápita del porcentaje que correspondía a la prestación sanitaria y el relativo a la amortización de la inversión.

La conselleria señala que todos los contratos que rige el modelo concesionarial usan el modelo de adjudicación de Alzira, por lo que las deficiencias comentadas "no sólo afectan a este expediente sino que deben entenderse reflejadas en el resto de contratos".

Además, señala que la planificación de los recursos sanitarios queda "sistemáticamente cuestionada" por "los esfuerzos de las concesiones para ampliar su cartera de servicios". Así, señala que la "supuesta ventaja" para la administración que alega Ribera Salud al disponer de una cartera más amplia que los departamentos de gestión privada supone "una ruptura de toda la planificación" y además añade que "más que responder a una vocación de servicio responde a intereses estratégicos empresariales para captar pacientes de otros departamentos y obtener así ingresos adicionales".

Sanidad recalca, ante los supuestos beneficios económicos que alega la concesionaria, que en todo caso el coste económico de la prestación "sin dejar de ser importante, no debe ser el elemento determinante a la hora de planificar el modelo sanitario público" en un ámbito "tan esencial para las personas como es la salud".

Además, la prórroga de los contratos se concibe como "una excepción" que queda "condicionada a la voluntad de las partes", pero que ni es "una obligación para la Administración ni un derecho del concesionario".

CONTRA LA LEY DE ESTABILIDAD

La conselleria advierte asimismo de que en el caso de prorrogarse el precio no se podría modificar, por lo que la Administración tendría que abonar una parte de la cápita, la construcción del centro de salud y las inversiones ya amortizadas con lo que "se vulnerarían los principios de la ley de estabilidad presupuestaria".

Además, recalca que nunca manifestó que el contrato fuera a prorrogarse, por lo que "no hay una ruptura del principio de confianza legítima". En esta línea, rebate la afirmación de Ribera Salud de que la Conselleria ya había tomado la decisión pues argumenta que las manifestaciones vertidas en los medios de comunicación son "propias de la dialéctica parlamentaria". Es más, recuerda que el exconseller de Sanidad del PP Manuel Llombart en las Corts ya manifestó su intención de no alargar esta concesión.

ANTECEDENTES

El proceso para determinar si se prorrogaba la concesión se inició el pasado 12 de diciembre de 2016. Ribera Salud presentó un escrito entre el 17 y el 23 de enero en el que alegaba falta de valoración de la ejecución del contrato "obviando por completo el éxito y la excelencia conseguida en la gestión del servicio". Además, cuestionaba la actuación de la Conselleria ante la prórroga y el principio de transparencia.

El contrato con Ribera Salud se firmó el 31 de marzo de 2003 y tenía por objeto la gestión del servicio público sanitario del área 10 de salud, que incluye los municipios de Albalat de la Ribera, Alberic, L'Alcudia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almusafes, Alzira, Antella, Benifayó, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Favara, Fotaleny, Gavarda, Guadasuar, Llaurí, Llombay, Masalavés, Polinya del Xúquern Riola, Sollana, Sueca y Tous.

Ribera Salud recurrirá en los tribunales

El grupo ha anunciado que recurrirá en los tribunales la decisión "política" de la Generalitat Valenciana de no prorrogar la concesión del departamento de salud ya que considera que es una medida "puramente ideológica que no defiende el interés público de los ciudadanos".

Asimismo, lo hará para velar por sus intereses como concesionaria del Hospital de La Ribera y defender "los derechos de los ciudadanos" porque consideran que el modelo concesional "les da un menor servicio público". También, para defender los derechos de los profesionales del área "porque creemos que van a perder un modelo de desarrollo profesional único en España".

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