Colombia detuvo a un socio del Canal por un fraude millonario en la construcción de colegios

Su nombre es Antonio Ramón Ávila Chassaigne, pero en sudamérica todos le llaman Tony Ávila. De nacionalidad colombiana, figura como administrador junto a INASSA en una sociedad del Canal de Isabel II llamada Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado (ASAA). Tiene el dudoso honor de haber sido la primera persona vinculada con la compañía pública madrileña en ser detenido por un escándalo de corrupción. Fue arrestado el pasado octubre por las autoridades de su país acusado del desvío y apropiación de 25.000 millones de pesos colombianos (8 millones de euros) destinados a la construcción de colegios. 

El nombre de esta persona sigue figurando en la página web oficial del Canal, en el apartado de Transparencia y concretamente en la pestaña que corresponde a Extensia, otra de las filiales del Canal implicadas en la compra de la empresa brasileña Emissao, en el centro de las investigaciones por la Operación Lezo. De hecho, ASAA figura justo encima de Emissao en el listado de sociedades dependientes de Extensia.

Antonio Ramón Ávila Chassaigne figura como integrante del Consejo de Administración junto a INASSA de la que fue presidente durante una década Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales detenidos por la Guardia Civil la semana pasada. En el Consejo también está Fabio Velásquez Rivadeneira, alcalde municipal de Riohacha, la capital de la región colombiana de La Guaijra que es donde tienen lugar las actividades de ASAA.

INASSA en el accionariado

Es habitual la presencia de los alcaldes locales en las sociedades participadas por el Canal. Las fuentes consultadas en el país colombiano aseguran que el Canal Isabel II a través de Inassa y Extensia posee un 30 por ciento de las acciones de ASAA.

Tony Ávila fue arrestado el 31 de octubre de 2016 junto a sus hermanos Enrique y Carmenza en lo que fue una suerte de ensayo de la Operación Lezo con funcionarios públicos y dirigentes locales implicados. Según informó en la audiencia de imputación el fiscal 4 de la Administración Pública, Gentil De León Marmol, se calcula en 24.090 millones de pesos colombianos el alcance del presunto desvío de los recursos destinados por las autoridades de La Guajira. No obstante, el representante del Ministerio Público advertía de que “aún hay mucha información por recaudar”.  

Los investigadores de la Operación Lezo ya informaron al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, de detenciones de personas relacionadas con el Canal en Colombia en lo que se denomina Operación bolsillos de cristal. Según fuentes de ese país consultadas por EL ESPAÑOL, esa es la denominación con la que el nuevo fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, en el puesto desde el año pasado, bautiza sus operaciones contra la corrupción.

Este fiscal ya ha anunciado que va a investigar todas las filiales del Canal Isabel II que operan en su país. Incluso ha anunciado una visita a España el próximo 16 de mayo para reunirse con los representantes de la Fiscalía Anticorrupción y acordar un trabajo conjunto en el futuro. 

Los Megacolegios

Según informaron medios locales, entre ellos El Heraldo, en esta operación en la que fue detenido el directivo de ASAA había un total de nueve órdenes de detención y 41 personas imputadas, entre ellos Jorge Eduardo Pérez Bernier, ex gobernador local entre 2008 y 2011.

La investigación de las autoridades colombianas en torno a las irregularidades del proyecto conocido como el de Los Megacolegios se remontan a 2009. La Fiscalía de ese país detectaron presuntas irregularidades desde la etapa precontractual. Al concurso público, convocado el 23 de octubre de ese año sólo se presentaron dos ofertas, una de ellas la de los hermanos Ávila.

Sin embargo, los investigadores colombianos no han encontrado ningún documento sobre la propuesta del otro aspirante por lo que sospechan que se trató de un contrato adjudicado a dedo y que contemplaba un presupuesto inicial de 90.000 millones de pesos colombianos. El plan contemplaba mejorar y construir la infraestructura educativa de la Guajira.

Las operaciones policiales contra los responsables del Canal van a marcar un antes y un después en la expansión de la compañía en sudamérica a través de una red de filiales. Según informó este periódico, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado orden de desprenderse de todas ellas. Ya se han liquidado cinco, una ni se constituyó, seis están en proceso de cierre y 14 pendientes de estudio.