El acuerdo alcanzado sobre el Cupo se basa en dos pilares fundamentales, liquidaciones pasadas y futuras de las cantidades anuales a abonar por el País Vasco al Estado por el pago de los servicios estatales prestados en la comunidad autónoma y su contribución a la solidaridad interterritorial.
El pacto establece la devolución al País Vasco de 1.400 millones por las liquidaciones giradas durante la última década y rebaja considerablemente la factura que tendrá que pagar en 2017 y en años sucesivos porque ésta servirá de base para fijar las aportaciones del próximo quinquenio. Depende de con qué cifra se compare o de qué estimación previa realizada se parta, el ahorro conseguido en este segundo apartado por el PNV puede cifrarse en 192, en 246 y hasta 569 millones anuales.
1.400 MILLONES DE EUROS DE ENTRADA
Las discrepancias sobre el cálculo del Cupo realizado en los últimos diez años, desde la elaboración de la última ley quinquenal en 2007, mantenía a ambas partes enfrentadas. Ahora el Gobierno central admite que el País Vasco contribuyó con 1.400 millones de más durante la pasada década y se presta a devolvérselos. El Gobierno vasco reclamaba hasta casi 1600 (1.561 millones), pero justifica y da por bien perdida la diferencia en base a las nuevas cuentas realizadas desde el entendimiento que ha permitido una lectura conjunta.
El reintegro del dinero se hará mediante descuentos aplicados en los próximos Cupos. En este ejercicio 2017 el importe a restar equivaldrá al 10% del total, es decir 140 millones. Y en los sucesivos, hasta 2021, se descontará el 15%, el 20%, el 25% y el 30% hasta reintegrar la totalidad de los 1.400 millones.
La devolución se plasmará en ajustes contables, no implicará que el Estado se desprenda directamente de ese dinero sino que dejará de ingresarlo mientras el País Vasco aumentará en esa misma cuantía la disponibilidad de sus recursos.
La explicación técnica es mucho más compleja pero las desavenencias entre ambos Ejecutivos se originaban en la diferente valoración de los flujos financieros entre ambas Administraciones y las compensaciones que derivadas de la cesión de tributos, nuevas transferencias, y otros conceptos debían determinar el Cupo líquido. El coste de las políticas activas de empleo, asumidas por el País Vasco en 2011, habían agravado el problema en los últimos años. De hecho la cifra de 1.400 millones de devolución incluye 152 por ese motivo.
¿CUÁNTO SE PAGARÁ AHORA DE MENOS?
Lo que se ha determinado es un Cupo provisional para 2017 de 956 millones de euros, una vez descontada la factura de las políticas de empleo, establecida en 344 para este año. Es una cifra importante porque será la base sobre la que se actualizará el Cupo anual del próximo quinquenio (2017-2021).
El acuerdo será sometido ahora a su ratificación por la Comisión Mixta del Concierto Económico, donde se sientan el Gobierno español, el vasco y las Diputaciones forales, recaudadoras de los impuestos, y derivado luego a las Cortes para su plasmación legislativa. El compromiso es que la nueva Ley, que regirá las relaciones financieras entre ambas Administraciones durante el lustro siguiente, se apruebe antes de final de este año.
El Cupo de partida del próximo quinquenio es provisional porque la liquidación definitiva se produce al cierre de cada ejercicio en función de los ajustes producidos durante el mismo. En ellos tendrán cabida tanto los descuentos ya reflejados para la devolución de los 1.400 millones pactados, como las encomiendas de gestión de obras pública negociadas y asumidas por el Gobierno vasco. Las más importantes ahora mismo son las derivadas de la construcción de la red ferroviaria vasca de alta velocidad en el territorio de Gipuzkoa, que ya tienen su reflejo en el Cupo.
Pero, ¿cuánto pagará de menos a partir de ahora el País Vasco a cambio de los 5 votos del PNV a los Presupuestos Generales del Estado? Depende de la cuenta que se haga.
En los últimos años de desencuentros entre las Administraciones central y vasca el Gobierno de España presupuestaba 1.525 millones como la cantidad a pagar por el País Vasco, sin registrar que la asunción de las políticas activas de empleo había desequilibrado la balanza. Así figuró en los presupuestos de 2015 y 2016, por lo que la diferencia entre esa cifra y la ahora acordada sería de más de 500 millones de euros, 569 para ser exactos.
Sin embargo, en el proyecto de 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy presupuestó únicamente 1.202 millones. Esa rebaja, de 323 millones, algo inferior a los 344 en los que se ha cuantificado ahora la trasferencia de empleo, se interpretó ya como un marcado gesto del Ejecutivo hacia el PNV en su interés por reconducir las relaciones con los nacionalistas vascos y ganarse su apoyo para la aprobación del proyecto presupuestario cuya negociación ya estaba iniciada. Al admitir 956 millones el Gobierno español se aleja en 246 de sus previsiones iniciales, que eran rebatidas por el PNV. El cálculo del partido de Ortúzar situaba la contribución que correspondía pagar a la comunidad autónoma en tan sólo 850 millones.
Como ya hemos dicho, una cosa son las estimaciones presupuestarias y otros los resultados de la liquidación al cierre del correspondiente ejercicio. El Cupo de 2016, presupuestado en 1.525 millones, se cerró en 1.148 , según ha explicado este miércoles el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu. Comparando esa cifra con la de los 956 admitidos para este año, la diferencia, de 192 millones, es menor que las anteriormente citadas.
Con independencia de su valor económico, el acuerdo suscrito por los dos Gobiernos garantiza la “paz fiscal” en sus relaciones durante cinco años, zanja las diferencias del pasado y establece cauces importantes sobre los que asentar nuevos entendimientos políticos entre los partidos, PP y PNV, que los sustentan.